Por primera vez el contralor Distrital Diego Ardila fue citado a un debate de control político en el Concejo de Bogotá. Llegó ahí porque el concejal progresista Yesid García, de los pocos que todavía sigue llamándose petrista en este recinto, lo convocó para que respondiera por qué no hizo nada para que los operadores privados de aseo devolvieran los compactadores de recolección de basura como lo estipula una cláusula.
Concretamente, de acuerdo con García, la cláusula de reversión en los contratos de concesión que tuvo el Distrito con los operadores de aseo LIME, ATESA, Aseo Capital y Ciudad Limpia, entre 2003 y 2011, obligaba a devolver los compactadores y todos los bienes tangibles e intangibles utilizados para el servicio de recolección de basuras al Distrito.
El tema no es nuevo, desde diciembre de 2012, García ha advertido sobre la obligatoriedad del cumplimiento de esta cláusula que a la fecha no se ha cumplido. Por eso García señaló a Ardila de incumplir su función de vigilar la gestión fiscal de los particulares que manejaron fondos y bienes públicos. Como era de esperarse un asunto como éste que le costó al alcalde Petro una inhabilidad y destitución de la Procuraduría, hasta que un fallo de tutela lo devolvió al cargo, tiene evidentes tintes políticos que el propio Reyes dejó claros:
“El contralor no ha sido imparcial en los procesos previos y posteriores a la implementación del nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá. Ha guardado “silencio cómplice” frente a la obligación de los privados de devolverle a la ciudad los vehículos que pagamos sus ciudadanos, en cambio no le han faltado acciones para oponerse a la implementación del modelo de recolección de basuras de Petro, sus acciones obedecen a intereses políticos de los opositores de la Bogotá Humana”.
Según García, el contralor Ardila se contradice en varias comunicaciones relacionadas con este tema. Por ejemplo en la competencia que tiene para hacer cumplir esta cláusula que ordena poner en cintura a los operadores de aseo privados. En una comunicación de la Contraloría de Bogotá, del 11 de septiembre de 2012, este ente fiscal señala que es de su competencia “pronunciarse sobre hechos y circunstancias que dieron lugar a la prórroga de los contratos de concesión para prestación del servicio de aseso en la ciudad en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de residuos, en conformidad con el artículo 267 de la Constitución, el artículo 43 de la Ley 80 de 1993 y numeral 18 del artículo 47 del acuerdo 361 de 2009”.
Sin embargo, el 15 de agosto de 2014, el contralor Ardila respondió un derecho de petición diciendo: “La Contraloría General de la República admitió y autorizó el control excepcional requerido a la señora contralora general por hechos relacionados con las cuentas y contratos de la UAESP, especialmente en lo relativo a la recolección, barrido y transporte de residuos. Luego por sustracción de materia, durante el lapso que va corrido de mi administración en este ente de Control, no han sido solicitados los mencionados informes de gestión a las refereidas empresas de servicios públicos”.
Ésta y otras supuestas contradicciones son las que este martes hizo públicas el concejal Yesid García en el debate de control político al contralor Ardila, un tema jurídico y político del que seguirá hablándose.