Feminicidio de Yuliana sienta un precedente

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Ni diez cadenas perpetuas podrán reparar el daño que padeció Yuliana Samboní. Sin embargo, la condena de 51 años y 10 meses de prisión, que tendrá que purgar Rafael Uribe Noguera, por el secuestro, violación y feminicidio de la niña, podría catalogarse como ejemplar. A pesar de ello, la Fiscalía y la apoderada de las víctimas no están conformes y apelaron el fallo del Juzgado 35 de Conocimiento de Bogotá. “Estoy muy decepcionado, estábamos esperando que le dieran los 60 años. ¿Qué les tendrá que pasar a los niños para que la justicia imponga la pena máxima?”, dijo al final de la audiencia Juvencio Samboní, padre de la pequeña.

Minutos antes, al iniciar la diligencia, la jueza destacó el trabajo de las autoridades en este caso. Afirmó que por primera vez en más de una década, desde la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, se logró identificar, procesar y condenar en tiempo récord a una persona. Pasaron tres meses y 25 días (desde el pasado 4 de diciembre cuando ocurrieron los hechos), para que se hiciera justicia en este caso.

Agregó que el trabajo investigativo que realizaron evidencia que tanto la Fiscalía como la Policía Judicial tienen el capital humano y la voluntad para trabajar en conjunto para conseguir resultados en muy poco tiempo. “Cuando quieren, pueden”.

Sin embargo, no se quedó en elogios e invitó a reflexionar sobre las cifras alrededor de estos episodios. Con base en cifras del Observatorio Nacional de Violencias del Ministerio de Salud, la juez expuso que en 2016 se recogieron 15.082 denuncias por violencia sexual en Colombia, de las cuales 6.265 correspondieron a niñas entre los 10 y los 14 años, y “se registraron 122 feminicidios, acompañados de violencia sexual”.

Luego de presentar este panorama, la jueza les jaló las orejas a las instituciones responsables de esclarecer estos crímenes al preguntar si con el mismo interés que desarrollaron esta investigación han atendido las otras denuncias, de quienes buscan justicia. Su reclamo encuentra respuesta en un dato: menos del 10 % de los casos llega a etapa de juicio.

También le hizo un llamado de atención a la administración distrital. Si bien reconoció que por fin una autoridad fija su atención y construye políticas públicas alrededor de la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia, aseguró que hubo una “exposición innecesaria de su dolor ante la sociedad, ante los medios e incluso ante la judicatura”. A su juicio, se trató de un claro hecho de revictimización.

Por eso, antes de dar a conocer el monto de la pena, la jueza le dijo a la Fiscalía que este fallo “no podrá mostrarse como un trofeo, porque no se ha ganado absolutamente nada”, tras considerar que la violencia sexual contra la mujer está entronizada en la sociedad y que con esta decisión se está desplazando la atención sobre la impunidad que acompaña a todas las víctimas de violencia sexual.

La Fiscalía no salió a celebrar. Por el contrario, se mostró en desacuerdo con la pena que impuso el despacho. No pasaron dos horas desde que se emitió el fallo, para que la vicefiscal general de la nación, María Paulina Ceballos, asegurara que al ente investigador no le cuadran las cuentas que tasó el juzgado para imponer la condena.

“La pena debe corresponder al máximo legal: 60 años de prisión”. Dijo que para este tipo de casos no proceden rebajas ni beneficios punitivos cuando se trate de delitos cometidos contra los menores de edad. “Concurren todos los agravantes que hubieran permitido imponer una sanción superior a la impuesta. Debió partirse de los máximos sin ninguna consideración”. Los representantes de las víctimas se sumaron a estos argumentos y respaldaron la apelación.

A pesar de la atrocidad del crimen contra Yuliana, esta no es la condena más alta en cuanto a feminicidios y delitos contra niños. En 2014, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 60 años de prisión contra el teniente del Ejército Raúl Muñoz Linares, quien en 2010 violó y asesinó a una menor de 14 años y, de paso, mató a sus dos hermanos, de 6 y 9. El caso ocurrió en zona rural de Tame (Arauca).

Muchos casos impunes

Este episodio evidenció el grado de vulnerabilidad a la que estaba expuesta Yuliana Samboní. En palabras de la jueza, formaba parte de una familia de origen indígena, sin formación académica, agobiada por la escasez de recursos económicos y desarraigada de su lugar de origen. “A los 7 años ya estaba desescolarizada, hacinada, ingenua y atenta a cualquier limosna que pudiera mejorar su situación y la de su núcleo familiar. Mujer, niña y pobre, era el ser más débil entre los débiles y el mejor escenario para ejercer un brutal acto de dominación. Todas esas circunstancias las anticipó Rafael Uribe Noguera”.

Mientras tales condiciones permitieron que la opinión pública fijara su atención en este crimen, la mayoría se mantienen en el anonimato y, de paso, un gran número en la impunidad. Según Alcira Granada, directora de incidencia política de la organización Save the Children, al cruzar datos de denuncias con condenas, el porcentaje de justicia es mínimo.

Las cifras de delitos contra menores de edad son dicientes: cada 12 horas asesinan a un niño, niña o adolescente en el país; cada 25 minutos llega uno a Medicina Legal, víctima de un delito sexual, y cada 50 minutos, otro denunciando violencia intrafamiliar. En 2016, por ejemplo, de los 10.677 asesinatos en el país, 682 víctimas fueron menores de edad (6 por cada 100 casos). La mayoría siguen impunes. Algo similar ocurre con los delitos sexuales. Según el Forensis, de los casi 22.000 casos de posible abuso sexual conocidos el año pasado, 15.496 víctimas fueron menores de 14 años, y de éstos, 7.218 fueron menores de 9. Con un dato más alarmante: esto es apenas un subregistro, pues sólo 3 de cada 10 casos llegan a Medicina Legal.

Conocer a ciencia cierta los indicadores de impunidad es difícil, ya que la Rama Judicial y la Fiscalía perdieron hace años la costumbre de hacer públicas sus estadísticas. Sin embargo, al revisar las últimas cifras disponibles, se encuentra que, a pesar de las cifras que reporta Medicina Legal al año, sólo 15 de cada 100 casos pasan a investigaciones formales, y sólo tres llegan a juicio.

Lo peor en medio de este panorama es que el peligro para los niños sigue entrando por la puerta de su casa, pues en 43 de cada 100 hechos, el victimario es un familiar; en 26 de cada 100, es un conocido, y en 10 de cada 100, es un amigo. Sólo en 7 de cada 100 el agresor es un desconocido.

Las razones que dan los operadores de justicia frente a la ineficiencia para perseguir estos crímenes apuntan a que, por un lado, al ser un delito de intimidad, los funcionarios tienen una gran dificultad para recoger las pruebas. A lo que se suma que en los últimos 20 años las denuncias han aumentado 300 %, pero la oferta del servicio de justicia (jueces, tribunales, fiscales) se quedó estancada y apenas creció 18 %.

Contrario a esta explicación, Alcira Granada tiene su teoría: todos los sectores han sido insensibles frente a los delitos contra los niños y no han asumido un compromiso para que se cumpla el Código de Infancia. “Tenemos que pensar en la necesidad real de que el sistema actúe con celeridad y respetando la dignidad de los niños, pues a pesar de que la ley dice que se debe creer en las palabras de ellos, por lo general no está ocurriendo y los jueces, en ocasiones, sopesan más los derechos de los victimarios que los de los niños. Hoy muchos delitos contra la niñez quedan sin una investigación seria”, agrega.

Máxima pena

Pese a que con la condena de Uribe Noguera el aparato judicial mostró que tiene la capacidad para actuar en este tipo de casos, existe un debate alrededor de si la pena fue justa, pues la pretensión de la Fiscalía era que le impusieran la máxima (60 años). La controversia crece al saber que el asesino no pagará toda la condena en prisión.

Si bien la ley dice que, en casos de feminicidios y crímenes contra niños, los delincuentes no tienen derecho a beneficios como rebajas de pena producto de negociaciones o preacuerdos con la Fiscalía, según magistrados consultados por El Espectador, él tiene derecho a que le descuenten un día de prisión por dos de trabajo o estudio, y a solicitar libertad condicional una vez cumpla las tres quintas partes de la condena. Según sentencias de la Corte Constitucional, esto es un derecho y no un beneficio.

Así las cosas, una vez Uribe Noguera cumpla 25 años de encierro efectivo y le sumen el tiempo redimido por estudio o trabajo, habrá acreditado los 32 años de sentencia que necesita para poder solicitar su libertad. Es decir, con estas cuentas, este feminicida, hoy con 38 años, podría quedar en libertad en 2042, a la edad de 63 años. El cálculo es aproximado y dependerá mucho de cómo cambie la jurisprudencia y la legislación en las próximas décadas, así como la interpretación que haga el juez que en su momento tenga que evaluar la solicitud.

Lo cierto es que sin importar cuántos años pase tras las rejas, ningún castigo será proporcional al daño que se infringió contra Yuliana Samboní y su familia.

Casos y condenas

2000. La máxima condena que le impusieron a Luis Alfredo Garavito, quien violó y mató a casi 200 niños, fue de 32 años.

2008. En Chía (Cundinamarca), Luis Orlando Pelayo ordenó el secuestro y muerte de su hijo Luis Santiago, de un año. La Corte Suprema ratificó la condena a 58 años de prisión.

2010. En Tame (Arauca), el teniente Raúl Muñoz Linares violó y asesinó a una menor de 14 años y, de paso, mató a sus dos hermanos, de 6 y 9 de edad. Lo condenaron a 60 años.

2014. En Ciudad Bolívar, María Eugenia García llevó a su hijo Johan Sebastián Rugeles, de 7 años, a un potrero para que su otro hijo, de 23, lo ahorcara. La condenaron a 27 años.

2015. en Florencia (Caquetá), sicarios mataron a los hermanos Vanegas Grimaldo (de 4, 10, 14 y 17 años). Un juzgado de Florencia (Caquetá), condenó a 40 años de prisión a Cristopher Chávez, alias el ‘Desalmado’, y a Genderson Carrillo, alias Enano.

2016. En Villeta (Cundinamarca), Israel Rodríguez violó y le quitó la vida a Hellen Gordillo, de 9 años, porque la abuela de la niña le cobro en público una deuda. Israel Rodríguez Cholo, fue condenado a 42 años de cárcel.