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En un momento en que a Enrique Peñalosa le exigen, incluso desde su orilla política, que comience a mostrar resultados palpables tras nueve meses de gobierno, la congestión en las salas de urgencias y el exceso de trámites para los pacientes de Bogotá les molesta a muchos que escucharon decir que la reforma hospitalaria que comenzó a aplicar el alcalde acabaría con, al menos, esos dos problemas.
Ayer, en un debate que promovió la Universidad Nacional en alianza con El Espectador, la principal pregunta fue si los cambios que ha adelantado este gobierno en el sector salud marcan una salida a la crisis, pero, claro está, no hubo una respuesta única. A las voces críticas, la Alcaldía responde que esto apenas comienza y, sobre todo, que en tan poco tiempo no le pueden achacar la responsabilidad por algunos indicadores negativos.
La administración, hay que recordarlo, decretó la emergencia sanitaria en los hospitales con el fin de afrontar el hacinamiento en urgencias; logró que el Concejo le aprobara un proyecto para poner a funcionar los 22 hospitales públicos en cuatro redes, con el objetivo de hacer más eficiente la prestación del servicio; pretende aunar los sistemas de información para que las historias clínicas y el agendamiento de citas queden en la nube y, además, contempla la creación de una agencia logística que concentre la contratación de insumos para los centros asistenciales.
A pesar de las buenas intenciones, el profesor Mario Hernández, director del doctorado en Salud Pública, de la Nacional, cuestionó que ese modelo conlleve una “lógica empresarial”, opuesta a la que desarrollaron los gobiernos de izquierda entre 2004 y 2015 para fortalecer lo público y que, a pesar de que se centra en lograr la eficiencia, “no se ha visto reflejada en mejores condiciones”.
Cita, por ejemplo, “el aumento de la mortalidad por neumonía de niños menores de 5 años, que pasó de siete entre enero y abril de 2015 a 19 para el mismo periodo en 2016. La mortalidad perinatal aumentó de 451 a 478 casos y la mortalidad por infección respiratoria aguda reportó un incremento de siete a nueve niños”, indicó.
La concejal Gloria Stella Díaz, del Mira, invitada para que diera su visión sobre el contexto político que ha rodeado la reforma hospitalaria, recordó que demandó el proyecto que aprobó el Concejo porque, a su juicio, carecía de estudios técnicos. También pidió transparencia, pues, mientras la Alcaldía informa que el hacinamiento bajó en los primeros seis meses en hospitales como Kennedy, Engativá, El Tunal y Simón Bolívar, la Defensoría del Pueblo concluyó que oscila entre el 120 % y el 500 %.
Las cifras, que le sirven a cualquier expositor para revestirse de objetividad, también entraron en debate por cuenta del investigador Luis Jorge Hernández, de la Universidad de los Andes y quien trabaja con Bogotá cómo Vamos. Ante el oscuro panorama que plantearon sus antecesores, mostró una serie de datos que concluyen que, si Bogotá tiene deudas en la atención en salud, estas no son de ahora. Puso como ejemplo que Bogotá mantiene tasas altas de bajo peso al nacer (11 %, por encima de las nacionales), que la desnutrición global no ha disminuido desde 2010 e incluso que ha habido muertes por esa causa no reportadas en años anteriores. Y, sobre Territorios Saludables, el programa de salud en los barrios al que el gobierno Peñalosa le cambió el rumbo, cuestionó que hay “un gran porcentaje” de personas que, a pesar de haber tenido contacto con los encargados de aplicarlo, murieron. “Es necesario hacerlo más resolutivo”, concluyó el investigador.
El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, siguió esa línea al contestar que los indicadores en rojo de la salud este año no se le pueden endilgar a la aplicación de un modelo que apenas comenzó a implementarse hace tres meses (el 1º de agosto pasado). Además pidió entender que, con todo y las críticas que puede tener contra la Ley 100 y las EPS, sus competencias le impiden cambiar ese panorama y, en esa medida, prefiere ser realista y sentarse con las aseguradoras a tratar de llegar a acuerdos.
La paradoja del Distrito, recordó, es que es dueño de una de ellas (Capital Salud), que requiere superar un déficit de $600.000 millones, y eso implicará una inyección de recursos. Así concluyó: “Pido un poco más de tiempo. Si al anterior modelo de salud en la ciudad le dieron 12 años, entonces pido unos meses más para implementar este a cabalidad”.