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El proceso para la construcción del metro elevado ha transitado un camino difícil. Partidarios y detractores de cómo se tiene que construir el medio de transporte han sido protagonistas de encuentros constantes. En este nuevo capítulo de debate, los estrados fueron los protagonistas, pues el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá confirmó que el trámite a través del que se aprobaron vigencias futuras excepcionales contó con todas las garantías legales y desestimó la demanda interpuesta por una ciudadana.
Sin embargo, antes de pasar a explicar este episodio, se debe hacer una claridad: el fallo corresponde a la demanda que presentó la ciudadana Deisdre Constanza Vargas, la cual pretendía que se declarara la nulidad del artículo 9° del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el cual autorizaba el uso de vigencias futuras excepcionales para la construcción del metro.
No obstante a finales de ese mismo año, la administración declaró la caducidad de esa autorización y decidió no acceder a ellas, para luego tramitar vigencias futuras ordinarias, las cuales son las que están en firme. La diferencia entre las excepcionales y las ordinarias es que las primeras requerían estudios de ingeniería de detalle, mientras las segundas solo requería estudios de factibilidad.
(Lea: El sí y el no de las vigencias futuras para el metro de Bogotá)
El acuerdo demandado por Vargas avalaba a la administración, a través de la Secretaría de Hacienda, para asumir compromisos con cargo a presupuestos de vigencias futuras excepcionales por un valor de $4,14 billones entre 2017-2036, con el propósito de cofinanciar el proyecto de la primera línea del metro.
Sin embargo, en el fallo se destacó que la primera línea del metro, para la cual se aprobaron compromisos con cargo a vigencias futuras, se encontraba soportada en estudios que cumplen los requisitos de que trata el artículo 1° de la Ley 1483 de 2011 y el literal “e” del artículo 1° del Decreto 2767 de 2012. "No se halla infirmada la presunción de legalidad del artículo 9 del Acuerdo 642 de 2011 por el cargo estudiado”, indicó la autoridad judicial a través del fallo.
A su vez, Andrés Escobar Uribe, gerente de la empresa Metro de Bogotá, señaló “esta decisión judicial confirma nuestro proceder legal, orientado a cumplir con el mandato de nuestra ciudadanía de sacar adelante la primera línea del metro".
Respecto al fallo, Enrique Peñalosa, alcalde mayor, sostuvo: "hay unos enemigos trasnochados del metro que no hacen sino querer tumbar este proyecto. Pero esta es una iniciativa que hemos trabajado con el Gobierno Nacional detalladamente, esto no es carreta".
(Lea: Congreso y Concejo de Bogotá citan a Peñalosa para rendir cuentas sobre el metro elevado)
Están confundiendo
En este caso, el concejal Hollman Morris (Progresistas) señala que si bien el juez en su fallo acepta que el Distrito presentó estudios y cumplió el requisito que exigen la norma, lo que no dice y “con lo que pretenden engañar a los ciudadanos, es que los estudios que presentaron para acceder a las vigencias futuras excepcionales fueron los de detalle del metro subterráneo”.
Y agrega: “Luego de que les aprobaron vigencias futuras excepcionales, la secretaria de Hacienda emitió un oficio en diciembre de 2016 en las que señala que iban a usar esos recursos. Es más, en el proceso que hoy celebra el Distrito, tampoco dicen que la Administración le tuvo que reconocer al juez que los estudios que presentó para el trámite demandado fueron los estudios para el metro subterráneo. El que el Distrito hubiera pretendido acceder a recursos para un metro elevado, con los estudios de un metro subterráneo, es la más grande demostración de un gobierno corrupto”, agrega el concejal opositor.
El oficio al que hace referencia el cabildante fue firmado por los secretarios de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez, y de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y certifica que el Distrito no utilizaría las vigencias futuras autorizadas. "Conforme a lo informado durante el trámite del proyecto de acuerdo referente al presupuesto anual de rentas y apropiaciones del Distrito para la vigencia fiscal 2017, el Gobierno de Bogotá no hará uso de la autorización otorgada por el Concejo", se lee en el documento.
Además, aclara el oficio, "las autorizaciones para asumir compromisos a cargo de presupuestos de vigencias fiscales futuras solo pueden ser utilizadas con la suscripción de un contrato, en este caso, a través del convenio Distrito-Nación para la cofinanciación del metro, el cual no será formalizado en 2016".
No obstante, la nulidad de la demanda es solo un abrebocas de la semana a la que se enfrentará el proyecto del metro, pues el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República concretaron sus intenciones de citar al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y lo llamaron a un debate de control político el próximo miércoles 12 de septiembre, donde se busca versar sobre temas como el proceso de selección de contratistas, el endeudamiento y la inversión para dicha obra.
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