Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
No hay prisión ni dinero que repare la muerte de un hijo. Y menos cuando se lo arrebatan de una forma tan cruel y violenta como a la familia de Yuliana Samboní Muñoz. Rafael Uribe Noguera, según la Fiscalía, secuestró, torturó, violó y mató a la pequeña de siete años. Ya lo aceptó ante los investigadores. Falta que lo ratifique ante un juez.
Por eso, en lo penal, su proceso parece claro: se enfrenta a una pena de hasta 60 años (máxima permitida en el país), pues las leyes castigan con severidad los crímenes contra los niños. No admiten preacuerdos, ni rebajas por aceptación de cargos. Incluso, cuando la víctima tiene menos de 11 años, las penas se deben duplicar. (Lea: “¡Asesino!... ¡Asesino!... ¡Asesino!”)
Sin embargo, hay una arista adicional: la reparación a la familia. La justicia prevé que un criminal no sólo debe pagar con su libertad, sino con su patrimonio, y está claro que la familia Uribe Noguera tiene con qué. Al menos el apartamento donde hallaron a Yuliana está a nombre del asesino y de su madre. (Lea: Crímenes contra niños: muchas denuncias y pocas condenas)
En lo penal
Rafael Uribe Noguera finalmente aceptó ante la Fiscalía lo que pareció evidente para todo el país desde el pasado 4 de diciembre: que él violó y asesinó a Yuliana Samboní. A pesar de que en la audiencia de imputación no aceptó cargos, las evidencias científicas, documentales y testimoniales no dejan duda de su autoría. La prueba clave la reveló Medicina Legal al ratificar que, pese al intento por borrar las huellas del crimen, en el cadáver hallaron material biológico que lo vinculaba con su muerte. (Lea: Uribe Noguera sí mató a Yuliana y el vigilante mintió)
Con su aceptación, han indicado fuentes cercanas al proceso, él busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de que lo acusen de homicidio y abuso sexual, pero no de tortura y secuestro. Una negociación que, de darse, no tendría mucha incidencia en cuanto a la condena: como su víctima fue una niña, las leyes no le permiten recibir beneficios penales. (Lea: 'Si los jueces aplican la norma, no se necesita la cadena perpetua')
Ayer la Fiscalía radicó el escrito de acusación y una vez Rafael Uribe Noguera ratifique su confesión ante un juez, el proceso se abreviará. Enfrenta un destino de hasta 60 años de prisión. Se han sembrado dudas sobre si él, por colaborar con la justicia, podría recibir rebaja de pena. Abogados consultados por este diario son enfáticos: esa puerta está cerrada para él. “Cuando las víctimas son niños no hay ningún tipo de beneficio, ni siquiera en virtud de un preacuerdo”, explica Olga Silva, la abogada que manejó el caso de los tres hermanos de Tame (Arauca), abusados y asesinados por el subteniente del Ejército Raúl Muñoz Linares en 2010.
Carlos Andrés Gómez, decano de derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hace el mismo análisis, y agrega que si Uribe Noguera ofrece información sobre, por ejemplo, una red de explotación de menores, la Fiscalía podría no abrirle una nueva investigación a cambio de información efectiva. Lo mismo sostiene Alcira Granadas, de la organización Save The Children: “Debe ser una colaboración clave que permita acabar con este peligro para otros niños”. (Lea: Explotación sexual de menores en Bogotá: invisibilizada, pero latente)
Otra cosa es la redención de la pena, que se trata de reducir una sentencia en prisión con trabajo o estudio. A eso sí podría tener derecho, indican dos fallos emitidos el año pasado por las cortes Suprema de Justicia y Constitucional. Ambos tribunales concluyeron que, según las normas vigentes, es un derecho y no un privilegio. “No hay un derecho de los niños que colisione con la posibilidad que tienen los reclusos de alcanzar la resocialización mediante el desarrollo de actividades que, además, les generen redención de la pena que purgan”, señaló la Corte Suprema.
La reparación
Este no es momento para pensar en indemnizaciones, sobre todo cuando las heridas están vivas, pero el tema se discutirá a medida que avance el proceso penal. La ley establece que Uribe Noguera, además de perder la libertad, debe reparar a la familia de Yuliana por los gastos y las secuelas que le dejó a cada integrante: la ausencia, la angustia, el arrebatarles la posibilidad de verla crecer… El dolor. (Lea: Yuliana Samboní murió por estrangulamiento y fue abusada sexualmente: Medicina Legal)
El abogado David Peñuela Ortiz, especialista en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad Externado, desde la justicia civil explica que el asesino se enfrentará a un pago multimillonario (superaría los $1.000 millones). Y lo hace desde esta jurisdicción, al creer que es más beneficiosa para la familia de Yuliana, pues mientras la justicia penal fija como única reparación un monto máximo de 1.000 salarios mínimos (unos $700 millones), en la civil la reparación es para cada familiar que demande. (Lea: Crece la tragedia en el caso Yuliana Samboní)
Lo primero por lo que tendría que responder Uribe Noguera son por los daños patrimoniales, como los gastos en los que ha incurrido la familia y en los incurrirá a futuro en tratamientos médicos y psicológicos. También debería pagar los gastos médicos que se surtan, para la estabilización y control del embarazo de la madre de Yuliana, ya que ha tenido que ser sometida a sedación, debido a la magnitud de los eventos. Así la EPS los cubra, todo se puede reclamar, porque la ley no dice lo contrario. El cálculo de cuánto tendría que pagar lo debe hacer un perito. (Lea: Madre de Yuliana Samboní insiste en acompañarla hasta su última morada)
Adicionalmente, se podría buscar una eventual reparación por lucro cesante o el dinero que dejará de ingresar al patrimonio familiar por la muerte de la niña. Aunque en casos de menores es un daño discutido, ya que Yuliana no aportaba dinero a su hogar y se podría decir que su muerte no traerá ninguna frustración económica, el Consejo de Estado ha reconocido este tipo de daños a los padres, tasándolos con base en el salario mínimo, proyectándolo desde la mayoría de edad de la niña (cuando legalmente hubiera podido trabajar) y hasta la expectativa de vida de sus padres.
Daños extrapatrimoniales
Pero más allá de los daños cuantificable hay uno incalculable: el dolor. La justicia lo llama daño moral, que no es más que la lesión a la esfera sentimental y afectiva de cada miembro de la familia, así como el sufrimiento de Yuliana durante el crimen. El máximo rubro que ha reconocido la jurisdicción civil para reparar este daño ha sido de $60 millones por víctima. Es decir, en principio, el padre, la madre y la hermana. Podrían sumarse otros familiares. (Lea: El retorno de Yuliana Samboní a la tierra que la vio nacer)
Como la madre de la niña está en embarazo, un asunto que seguro generará debate, “es el daño moral del futuro bebé, ya que, en estricto sentido, no lo ha experimentado. No obstante, el Consejo de Estado ha reconocido una especie de daño futuro en casos donde el padre muere, pero la madre queda viva y en embarazo. Aunque la situación es diferente, un juez podría aplicarla por analogía”, dice Peñuela.
Otro aspecto a reparar es el daño a la vida de relación o a la actividad social de la familia, ya que después del crimen no será la misma. En estos casos la justicia ha reconocido un monto máximo de $140 millones por cada familiar. (Lea: Último adiós a Yuliana Samboní, en El Tambo (Cauca))
En nombre de Yuliana también podrían reclamar por el daño a bienes personalísimos, pues a Yuliana en vida le violentaron sus derechos a la libertad de locomoción, la libertad sexual y a la vida, entre otros. Hasta la fecha, el máximo valor reconocido por la justicia ha sido $20 millones.
“Tanto en el daño moral como en los demás, legalmente sería aconsejable que la petición económica sea mucho mayor, ya que, por las características del caso, es posible que el juez supere los topes mencionados”, explica Peñuela.
Aunque al sumar montos está claro que Rafael Uribe Noguera se enfrenta al pago de una indemnización multimillonaria, y que en lo penal le esperan largos años en prisión, al final lo único que vale es que este atroz crimen no quede en la impunidad.