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Tras los reclamos que las principales empresas tabaqueras del país le hicieron a las autoridades por el aumento incontrolado del contrabando, la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la DIAN y la Policía Aduanera, lograron desarticular una red de contrabandistas que manejaban el 70% del mercado ilegal de cigarrillos en Colombia. Algo más de $463.000 millones que dejó de recibir el Gobierno por temas de impuestos.
En total 14 personas fueron arrestadas. Varias de ellas pertenecen a una misma familia, los Toro Franco. Igualmente, un miembro de la policía identificado como Óscar Parra Rivera fue capturado por ser el encargado de permitir el ingreso de la mercancía ilegal. Los detenidos serán procesados por los delitos de lavado de activos, contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.
Gracias a las pesquisas de las autoridades, se logró establecer que entre 2008 y 2014 al país ingresaron 11.800 unidades de cigarrillos y más de 75.000 litros de licor de contrabando por los municipios de Maicao, Uribia y Manuare (La Guajira). Una zona de régimen aduanero especial en la que los comerciantes pueden importar mercancía sin pagar impuestos elevados y con el compromiso que la misma se exportará a otros países. En este caso, la red criminal importó legalmente mercancía desde Curazao, Aruba y Panamá. Se estima que el 70% de ésta, algo más de 8.300 unidades, era producción de empresas tabacaleras de Paraguay y Uruguay, países en los que se han destapado grandes escándalos de corrupción por este tema.
Sin embargo, se descubrió que a través de las sociedades 5 Estrellas, Inversiones Toro franco y Siglo XXI realizaron exportaciones ficticias hacía Venezuela con el fin de ocultar que las cajetillas de cigarrillos de empresas chinas, alemanas, estadounidenses, paraguayas, uruguayas y de Emiratos Árabes, terminaran en tiendas de diferentes ciudades del país. Es más, se evidenció que el 40% de esta mercancía terminaba en Antioquia, otro 39 % en la región de la Costa Atlántica, un 9% en Santander, un 7% en Bogotá y un 5% en el Eje Cafetero.
“Fueron alrededor de 500 millones de cajetillas de cigarrillos las que entraron ilegalmente al país. Cada una de estas dejó de pagar alrededor de $1.000 en impuestos. Algo más de medio billón de pesos que pudo ser invertido en distintos programas sociales como el subsidio al adulto mayor en Colombia, que con estos recursos hubiera ayudado a más de 500.000 personas”, dijo el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo precisó que en total fueron $463.000 millones los se dejaron de pagar en impuestos. “Es el dinero de la salud de los colombianos”, concluyó el comandante de la Policía, general Rodolfo Palomino, quien agregó que los pequeños comerciantes, como los tenderos, también pueden resultar implicados por ser quienes finalmente venden esta mercancía ilegal.
Lo que permitió armar el rompecabezas de esta red de contrabando fueron los incrementos patrimoniales injustificados de los implicados. Por ejemplo, en la UIAF se descubrió que personas naturales que se presentaban como importadores de cigarrillos y que registraron inicialmente un patrimonio de $10 millones, terminaron manejando volúmenes que superaban los $60.000 millones en menos de seis años. Esta situación se replicó en las sociedades fachadas que, según cuentas de la DIAN, la UIAF y la Fiscalía, manejaron $320.000 millones en transacciones y operaciones de dinero en efectivo.
Estos últimos movimientos financieros permitieron identificar uno a uno de los miembros de la red entre revisores fiscales, representantes legales y comerciantes. La mayoría de ellos, a pesar de tener sus negocios en Maicao, vivían en lujosas propiedades en Medellín, ciudad donde más se evidenciaba la venta de cigarrillos de contrabando. La operación, más allá del impacto y beneficio económico, dejó al descubierto cómo tabacaleras internacionales con enredos por lavado de activos extendieron sus tentáculos hasta las tiendas de las calles en Colombia.
smartinezh@elespectador.com