La transacción, que estaba sujeta a la verificación de las autoridades de control, dejó claro para la CE que “no arrojaría dudas en materia de competencia”, dadas las “moderadas posiciones de mercado combinadas” de las dos multinacionales.
Lo que se hizo fue la revisión del procedimiento simplificado para concentraciones, reservado para casos en los que no se observan problemas de competencia, según el comunicado del organismo. Todo esto después de que el consejo de administración de Repsol acordara en diciembre pasado la adquisición.
En esta operación, aprobada y valorada positivamente por los consejos de ambas empresas, Repsol pagará US$8.300 millones (6.640 millones de euros) —fundamentalmente con recursos de caja procedentes de su salida de YPF— y asumirá una deuda de US$4.700 millones (3.760 millones de euros) para poder cumplir con el compromiso comercial.
El negocio cobra aún más importancia por ser el primero que hace una compañía española después de la crisis que vivió este país europeo, tanto que, según la misma Repsol, se puede considerar la mayor operación realizada por una empresa española en el exterior en los últimos cinco años, pues le permitirá elevar 76% su producción de hidrocarburos, hasta los 680.000 barriles equivalentes de petróleo al día, e incrementar su volumen de reservas en torno a 55%.