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El decreto 1517, radicado el pasado 22 de septiembre por el ministerio de Transporte, tiene en alerta máxima a los camioneros del país. Todo parece indicar que los distintos gremios de transportadores de carga, incluida la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, CCT, y la Asociación de Trabajadores de Carga, ATC, están inconformes y molestos con las posibles consecuencias de la implementación de la nueva medida.
El documento se refiere a la tan cuestionada chatarrización, y los representantes de los conductores del país denunciaron que, contrario a lo establecido por el ordenamiento jurídico, el ministro de transporte, Jorge Eduardo Rojas, nunca se reunió con ellos para concertar y definir el contenido del decreto. Incluso, critican el hecho de no haber conocido ni siquiera el borrador del proyecto. Según ellos, la puesta en práctica de esta resolución beneficia a unos pocos y perjudica a más de un millón y medio de familias que viven del transporte de carga y que se verían afectados por la nueva hoja de ruta de la reposición vehicular.
En el comunicado de prensa firmado por Luis Orlando Ramírez, director nacional de ATC y por Jorge García, presidente de CCT, entre otros líderes del gremio, se anuncia que el decreto 1517, encargado de crear el registro único nacional de desintegración física de vehículos e ingreso de nuevos vehículos de transporte terrestre automotor de carga, viola los acuerdos que ayudaron a levantar el pasado paro camionero y acaba con el famoso 1 a 1.
En ese sentido, los camioneros hacen énfasis en que esta decisión permite establecer plazos perentorios nunca acordados y abrir el mercado de los vehículos sin tener en cuenta la excesiva sobreoferta de camiones. "Después de pagar los vehículos postulados en el programa de desintegración física a los transportadores, El ministerio hará uso de los cupos, afectando la regulación".
Fuentes cercanas al ministerio le dijeron a El Espectador que a estas acusaciones son fruto de la mala interpretación del decreto, y que este miércoles se citará a una reunión entre los delegados de la entidad y los representantes de los camioneros, con el fin de aclarar las posibles confusiones y evitar que esta discusión altere el funcionamiento normal del gremio.
Manfry Parra, representante de los conductores, habló con este medio y dijo que las implicaciones del nuevo decreto serán gravísimas para todos los camioneros porque ahora el Ministerio podrá decidir a quién le vende el cupo del carro chatarrizado, y así acabar con el único mecanismo de regulación encargado de mantener estable la cantidad y el precio de los vehículos. Para Parra, lo que sigue es hacer trabajo de base, “contarle a los conductores de las regiones las consecuencias nefastas del decreto y esperar que decisión toman”.
Ante esta difícil situación es imposible no recordar los efectos negativos que trajo consigo el pasado paro camionero: 45 días de inmovilización, un muerto, cuatro heridos, aumento en la inflación y cerca de 2 billones de pesos en pérdidas. (Lea: Por pérdidas durante paro camionero fijarían nuevo incremento de tasas de interés)