A través de Twitter, el jefe negociador de las Farc en La Habana, “Iván Márquez”, dijo que las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) “son zonas de “concentración” de tierras... Una puñalada artera a la Reforma Rural Integral acordada en La Habana”.
Es de recordar que las Zidres se crearían luego de la sanción presidencial a la ley que las propone como una figura para el desarrollo agropecuario en zonas apartadas de centros urbanos, donde haya altos índices de pobreza y donde el suelo necesite de altas inversiones para empezar a producir.
Bajo ese modelo, los baldíos de la Nación se podrían entregar en arriendo a proyectos productivos con inversión nacional o extranjera. Pero las Zidres fueron criticadas por parlamentarios del Polo Democrático, la Alianza Verde -de la Cámara de Representantes-, la confederación internacional de organizaciones no gubernamentales Oxfam, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), entre otros.
Una de las razones para la oposición durante el debate fue que, según la Ley 160 de 1994, las tierras baldías de la Nación deben destinarse a campesinos pobres sin tierra -o a zonas de desarrollo empresarial que nunca fueron reglamentadas-. Al respecto, el ministro de Agricultura ad hoc, Juan Fernando Cristo, insistió en que “cuando haya predios baldíos en ningún caso se hará el traslado de título de propiedad y se tendrá que cumplir con un pago de contraprestación de dinero que irá al fondo de desarrollo rural para proveer la infraestructura necesaria”.
Pero también, el proyecto de ley fue controvertido porque “la esencia es que se declaran zonas donde la agroindustria puede acumular baldíos y se legalizan acumulaciones anteriores”, según Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia.
Asimismo, durante la discusión, se habló de una supuesta legalización de acumulación irregular de tierras. Esto se debe a que en el texto se incluye expresamente que la prohibición de acumular tierra, con base en el límite de la Unidad Agrícola Familiar desde la Ley 160 de 1994, aplica sólo a partir de ese año.
“La ley siempre rige a partir de su publicación”, recordó el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, al explicar por qué no tiene sentido que la prohibición sea retroactiva.
Pero un documento difundido por Oxfam, la CCJ, Codhes, entre otras, advertía que esa restricción se incluía “ignorando los conceptos del Consejo de Estado, la Contraloría y la Corte Constitucional, que afirman que la prohibición de acumular tierras con antecedentes de baldíos aplica a todas las adquisiciones posteriores a la Ley 160, independientemente del año de su adjudicación”.
Durante el debate en Senado, donde el proyecto de ley fue aprobado la semana pasada, la Unidad Nacional y el Centro Democrático estuvieron a favor, mientras que la oposición la asumió principalmente el Polo.
El senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) afirmó que “no estamos en descuerdo con las Zidres y el desarollo en todo lo bueno que tenga. Pero sí nos preocupa que no haya alianzas reales que permitan que los afros, indígenas, campesinos pobres, puedan mejorar sus condiciones de vida”. Agregó, en respuesta a la cifra según la cual más del 70% de los baldíos adjudicados a campesinos han sido vendidos, que “no sólo de tierra vive el campesino, también requiere apoyo para lo productivo y el desarrollo, pero no desde la imposición como se ha hecho”.
El punto rural fue el primer acuerdo anunciado desde la mesa de negociaciones en La Habana, en 2013. Este contempla un fondo de tierras “ para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente”. Este no contempla sólo la entrega de tierras, sino “que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica, y apoyo para la comercialización, entre otros”. Incluye también programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes para erradicar la pobreza rural y un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional.