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La reconocida empresa dedicada a la elaboración de productos para adelgazar conocida como Jorge Hané Laboratories S.A.S., entró en liquidación, de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades.
El ente de control informó que la firma “está imposibilitada para realizar operaciones en desarrollo de su objeto social, toda vez que, únicamente, conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la inmediata adjudicación del patrimonio”.
Lo que quiere decir que mediante Auto 430-008819 de junio de 2016, se le ordenó al exrepresentante legal que entregue al liquidador, dentro de los cinco días siguientes, los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con sus negocios.
“Según los documentos que reposan en el expediente, durante el proceso de reorganización, que inició el 11 de marzo de 2016, los acreedores laborales demostraron la terminación de sus contratos de trabajo y el cierre del domicilio social de la sociedad”, describe el ente regulador.
El pasado mes de febrero la Superintendencia de Industria y Comercio había confirmado la multa impuesta a Jorge Hané Laboratories Colombia por un valor superior a 700 millones de pesos por publicidad engañosa de su producto Jorge Hané Redu Fat Fast.
En ese momento la SIC que dicho producto “no cuenta con estudios médicos o científicos contundentes para demostrar que sirve para eliminar grasa, reducir peso o disminuir medidas corporales, tal y como se desprende del análisis de las piezas publicitarias”.
¿Y por qué se llegó a la liquidación? La Supersociedades explicó que la promotora que ellos habían designado para el proceso de reorganización de JorgeHané Laboratories Colombia S. A. S., “informó que desde la fecha de su posesión no tuvo atención en el domicilio social de la empresa, factor que afectó la verificación correspondiente a los créditos contratos, facturas, títulos valores, contabilidad, libros oficiales y demás informes fundamentales para el reconocimientos de la acreencias”.
El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recalcó que si bien “el proceso de reorganización está diseñado para empresas que sean viables con miras a lograr su recuperación”, es necesario conocer los reportes contables y financieros de la misma.
Pero, en este caso en especial, “debido al incumplimiento en la entrega de la información anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, se hizo necesario iniciar el proceso de liquidación judicial inmediata”.