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A la carrera entre las nuevas tecnologías y la regulación existente, en la que las primeras van más rápido, en más de una ocasión alrededor del mundo la han señalado como responsable de que empresas como Uber o Lyft no hablen el mismo idioma de la ley o de los jugadores tradicionales en el negocio del transporte. El pulso en varios países se está volcando, al parecer, a favor de los usuarios.
En México, Uber y un servicio similar llamado Cabify han sido tildados de competidores desleales y han provocado protestas por parte de las empresas y conductores de taxis. Sobre eso, la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, la autoridad mexicana que vigila las condiciones de competencia en los mercados, tomó una posición: a los servicios de transporte a través de plataformas tecnológicas no se los puede tapar con un dedo y “generan bienestar social”.
Dijo la entidad que los consumidores demandan nuevas plataformas y que estas tienen un “impacto relevante en la dinámica social”. Sugirió entonces que la prestación de esos servicios se reconozca como una nueva categoría o modalidad de transporte, y que mientras no existan esas modificaciones, recomienda que se interprete “en favor del interés general, es decir, permitiendo esta actividad ya que es una opción eficiente de movilidad que beneficia a los consumidores”.
Alemania es otro caso en donde la operación de Uber no ha sido recibida con los brazos abiertos. En marzo pasado, una corte alemana dijo que no puede ser que Uber remita servicios a conductores que no se adecúan a la legislación. “La compañía instiga a que se rompa la ley”, afirmó la Corte, de acuerdo con Bloomberg. Pero al final, la comisión de monopolios de ese país, encargada de vigilar las condiciones de competencia, sugirió liberar la regulación: con menos barreras, más competidores existentes, como Uber, podrán acomodarse al mercado y se prestará un mejor servicio.
Al cierre de esta edición, en México, ya se había adelantado el primer debate entre Uber, Cabify y los representantes de los taxistas. De acuerdo con CNN Expansión, hubo consenso en que la regulación debe renovarse, pero los taxistas siguen exigiendo que las plataformas tecnológicas paguen, al igual que ellos, una concesión del mercado como establece la ley. En Colombia, la exigencia del Ministerio de Transporte para Uber, ilegal en el país, ha sido que se constituya como empresa de transporte, algo que no parece que vaya a ocurrir, pues Uber se planta en su status de empresa de tecnología.
Uldarico Peña, dueño, entre otras empresas, de Taxis Libres, reconoce que es una plataforma moderna, pero que debe ser empresa de transporte para responderles a los usuarios y “generar empleo”, pues Uber no contrata a los “socios conductores”, como son llamados, sino que asegura ser para ellos la puerta de entrada a un mercado a través de la aplicación.
Para José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad, Logística y Territorio de la Universidad Nacional, es indiscutible que el modelo de operación del transporte en el país debe cambiar. “Uber debe estar dentro de ese modelo. El centro del transporte público es el servicio al ciudadano, que sea seguro, confiable y rápido. Uber cumple esos tres elementos”, afirmó. Pero, para él, Uber es la plataforma. Una empresa, en cambio, debería ser el operador que garantice los estándares de seguridad.
Con el argumento de que lo que debe primar es un mejor servicio para el usuario, en el Ministerio de Transporte se está estructurando una regulación para un servicio de taxi de lujo, una modalidad que ha querido expedirse también a través del Congreso. El proyecto de ley que apuntaba en esa dirección, sin embargo, fue archivado. Teniendo en cuenta los cambios que se han hecho en la regulación, por ejemplo con el decreto 348 de 2015, según pudo conocer El Espectador, el proyecto de ley volverá a ser presentado en julio próximo.
En ambos casos, el taxi de lujo sería operado por las empresas de taxis hoy existentes. Al respecto, José Stalin Rojas opinó que “en el caso colombiano se corre un riesgo de fortalecer un monopolio que ya está”.
Para Uber, con el recién sancionado Plan de Desarrollo, tal vez se prende una luz al final del túnel, pues en el artículo 32 se consigna que “el Gobierno Nacional impulsará modelos para la gestión de movilidad en las ciudades, en donde se contemplen alternativas para mejorar la calidad de vida, (...) y la utilización de tecnologías que contribuyan a la gestión del tráfico”. Pero por ahora lo que el papel le garantiza al usuario, en seguridad y calidad del servicio, se queda igual.
mmedina@elespectador.com