Las reformas, o las iniciativas de cambio, al sistema laboral colombiano nunca pasan desapercibidas. Cada vez que se escuchan voces que piden aumentos de los costos laborales o su reducción, se desata toda suerte de declaraciones de empresarios y de grupos sindicales con el fin de frenar las propuestas. Por eso se espera que este tipo de anuncios sigan generando polémicas, pues hay más de uno de estos proyectos represados, aún sin definir.
Una de las reformas pendientes del Gobierno, y también de las que más malestar generan entre las centrales obreras, es el cambio que el presidente Juan Manuel Santos prometió en su anterior campaña para modificar los recargos nocturnos. El jefe de Estado dijo que, si era elegido, el horario nocturno de los trabajadores bajaría de 10 p.m. a 6 p.m. Sin embargo, cuando el proyecto fue debatido, el Ministerio de Hacienda intervino alegando la sostenibilidad del sistema, por lo que se discutió una iniciativa menos radical que proponía que el horario comenzara a las 8 p.m.
El proyecto modificado nunca fue radicado y el recargo nocturno sigue vigente en el horario de entre las 10 p.m. y las 6 a.m. Sin embargo, el viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez Londoño, le contó a El Espectador que el Gobierno tiene la intención de reabrir el debate del proyecto original prometido en campaña, aunque afirma que no se presentará ninguna reforma. Cuando los diálogos se reanuden, los empresarios podrían hacerse notar: la iniciativa contempla un recargo de 35% de la hora trabajada. Además, la tensión podría aumentar si también se decide desempolvar las otras promesas, por ejemplo la discusión sobre el subsidio del 8% y el incremento de la remuneración de domingos y festivos de 75% a 100% del sueldo diario.
Por otro lado, hace unos meses el Centro Democrático, en cabeza de la representante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez, radicó un proyecto de ley que busca ampliar el período de licencia de maternidad en el país. De ser aprobado, aumentaría de 14 semanas a 18, con la posibilidad de una prórroga adicional de seis semanas si la madre presenta un certificado médico que amerite la extensión alegando el buen desarrollo físico del niño. Además, el período en el que los padres podrían ausentarse del trabajo pasaría de 8 a 15 días hábiles.
La iniciativa provocó la desaprobación inmediata de los empresarios. Los presidentes de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtieron sobre una carga adicional en los costos laborales y sobre el riesgo de que se desincentive la contratación de personal femenino. Sin embargo, Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado, ya le había dicho en ese momento a El Espectador que “se deben respetar las normas internacionales. Si la OMS recomienda que el período de lactancia debería ser de seis meses, como sociedad se debe hacer un sacrificio y permitir que las madres estén todo este tiempo con sus hijos”.
La reforma pensional es uno de los cambios que más generan expectativas. Declaraciones dispersas del Gobierno indicarían que tendría lugar en 2016, pero no sería del tipo de cambios que busca la OCDE al elevar la edad de jubilación. Gómez explicó: “sería solamente para ajustar los subsidios de las pensiones de diferente monto. Actualmente, las pensiones bajas y las altas reciben el mismo auxilio del Gobierno, por lo que se piensa modificar esto para hacer que el régimen sea más progresivo”.
Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su informe final sobre el sistema pensional colombiano, en el cual recomienda una reforma pensional, advierte que “el 80% de los subsidios implícitos del Estado al sistema de pensiones los recibe el 20% de la población de mayores ingresos. Estos subsidios para los afiliados de mayor ingreso pueden llegar en valor presente a los $1.000 millones por afiliado”.
Sin embargo, el cambio de la edad de jubilación sigue en la agenda mediática, y analistas consideran que la razón de que el Gobierno no se atreva a realizar la modificación es su dificultad política.
“El Gobierno no puede estar modificando la edad de jubilación tan seguido. Hace menos de dos años se elevó la edad de pensión hasta los 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Si bien se trata de medidas que buscan darle sostenibilidad al sistema, son estrategias desaprobadas por el grueso de la población. Una alternativa menos paralizada sería la de elevar las semanas de cotización de 1.300 a 1.600, que podría tener el mismo efecto y ser más fácil de llevar a cabo”, comentó Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad del Rosario.