¿Se pueden reducir los índices de obesidad si se aumenta el impuesto a las gaseosas? ¿Incrementar los precios de las bebidas azucaradas hace que los usuarios dejen de comprarlas? Hace poco más de un mes, la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, publicó un estudio que intentaba despejar esas dudas y de paso resolver una polémica de décadas. Sus resultados se enfocaban en el caso de México: a principios de 2014 el país manito aumentó el precio de estos productos en un 10%, lo que hizo que a mitad de año las ventas de gaseosas cayeran en 6%. Para diciembre el descenso fue del 12%.
Para los investigadores y para el Instituto Nacional de Salud Pública, lo que estaba sucediendo en la nación centroamericana era un ejemplo a imitar. Por un lado, se empezaba a transformar el consumo, lo que implicaba una ganancia de la salud pública contra la diabetes y la obesidad y, por el otro, el recaudo de impuestos parecía un éxito garantizado.
Esa fórmula, que ya se la había comentado al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, su homólogo mexicano, es la que ha intentado retomar en varias ocasiones Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Su más reciente intento se conoció ayer, luego de que Blu Radio hiciera pública una carta en la que Gaviria le presentaba tres propuestas para obtener más recursos para el sistema de salud (ver recuadro) a Leonardo Villar, secretario técnico de la comisión de expertos que fueron convocados por el Gobierno para hacer recomendaciones para una reforma tributaria estructural. Una de ellas era el impuesto a las bebidas azucaradas. Con la medida, se lee en el documento, se podrían recaudar $1,89 billones aproximadamente.
Aunque es claro que el escrito apenas refleja una intención de la que ni siquiera se conocen cifras concretas, lo cierto es que la carta podría ser una pista de los propósitos del Gobierno en el tema: seguir la ruta sugerida por la Organización Mundial de la Salud, que recomienda tomar medidas para desestimular el consumo de gaseosas, al tiempo que trata de “garantizar la viabilidad financiera del sector”.
Dice la carta que la idea es reducir los costos en los que incurre el sistema por enfermedades como la diabetes. Ahí estaría el ahorro, pues como recaudo no sería significativo, según Marc Hofstetter, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. “No creo que vaya a recaudar mucho, sino que es un mecanismo para encarecer un producto que creemos que hace daño, como sucede con los impuestos a los cigarrillos o las bebidas alcohólicas, que no están prohibidas sino que se encarecen para que haya menos consumo”, opina.
Sin embargo, la medida, que es celebrada por doctores como Pablo Aschner Montoya, director científico de la Asociación Colombiana de Diabetes, no es muy bien recibida por la industria. En varias ocasiones han insistido, con estudios en mano, que depende más de los hábitos alimenticios que se promueven y del estilo de vida sedentario, que es cada vez más frecuente.
“Es claro que el objetivo es reducir la obesidad, pero hasta el momento no se ha comprobado que estas medidas logren tal efecto. El único referente directo y reciente es México. Aunque allí se ha disminuido la compra de ciertos productos por causa de los impuestos, no se puede demostrar una correlación de este gravamen con la reducción de la obesidad. Un impuesto atentaría contra la competitividad de las empresas”, cuenta Carolina Lorduy, directora de la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).
En la carta enviada por el ministro Gaviria hay otro punto que no está exento de polémica: establecer un aumento gradual a los aportes que hacen los colombianos al sistema. La idea es que los trabajadores que ganen más de cuatro salarios mínimos vigentes, es decir, unos $2,5 millones, paguen un poco más de lo que cotizan actualmente. El aporte adicional sería entre 0,25% para quienes ganan entre cuatro y nueve salarios mínimos y 1,65% del salario para quienes devengan más de 23 salarios mínimos. Eso permitiría que el sistema recaude una cifra cercana a los $300.000 millones.
La exministra y exsenadora Cecilia López calificó la propuesta como positiva en la medida en que pone tatequieto a los independientes que, aún ganando salarios altos, cotizan con base en un salario mínimo. Sin embargo, cree conveniente mirar el problema financiero del sistema más a fondo.
“La preocupación es cuánto del problema financiero obedece a la estructura del sistema que se hizo para un mercado laboral distinto (en la Ley 100), en el que el mercado formal iba a crecer e iba a ser superior, es decir, que el régimen subsidiado iba a ser menor al contributivo. Tenemos cobertura universal, pero gran parte es subsidiada”. dice López. Por lo demás, reconoce que es claro que subir los costos al trabajo formal puede tener un impacto sobre el empleo. Aun así, “cuando dan subsidios al empleador tampoco aumenta el empleo”.
Es de recordar que la reforma tributaria de 2012 desmontó los parafiscales dirigidos al Sena y Bienestar Familiar, lo cual ha sido aplaudido por aliviar los costos de mano de obra para las empresas. La nueva propuesta consigna que la carga caiga sobre los trabajadores. Para Hofstetter, “no importa a quién le pongan la carga, porque las empresas finalmente cuadran cuánto les cuesta un trabajador.