El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, fue claro: no habrá reforma tributaria estructural si eso se entiende por reescribir el estatuto tributario. Lo cierto es que sí habrá nuevos impuestos y que el 4 x 1.000 y el tributo al patrimonio se cobrarán hasta 2018, cuando termine la administración del presidente Santos.
El Gobierno y muchos empresarios, reunidos en el congreso de Confecámaras, se encuentran en orillas diferentes. Pero también es cierto que varios de los representantes de las cámaras de comercio asistentes al evento ven con buenos ojos la propuesta impositiva que alistan el Ministerio de Hacienda y la DIAN.
Ante la propuesta de un sector de economistas de pedir una reforma tributaria estructural, el jefe de las finanzas públicas sentenció: “Aquí en el país se ha hablado del término de una reforma estructural para decir que se va a reescribir de la A a la Z el estatuto tributario. Y eso no va a pasar”.
El proyecto de reforma tributaria será presentado antes del 15 de septiembre, fecha en que las comisiones económicas del Congreso deben aprobar el monto del Presupuesto para 2015 aforado en $216,2 billones.
El anuncio del Gobierno de mantener el impuesto al patrimonio y el 4 x 1.000 ha bastado para encender esa polémica entre los empresarios. “Estamos perfeccionando la estructura del impuesto al patrimonio”, dijo Cárdenas recientemente.
Fenalco y la Andi se encuentran a la expectativa sobre la verdadera intención tributaria del Gobierno. Los comerciantes la descalifican y los industriales esperan, aunque sostienen que “la extensión del impuesto al patrimonio seguramente lo vamos a tener que discutir, y lo veo como un hecho casi inevitable”, según señaló Bruce Mac Master, presidente del gremio empresarial, antes de su congreso. Por su parte, a Guillermo Botero, el dirigente gremial de los comerciantes, le parece que una nueva reforma tributaria es horrorosa.
“No estoy de acuerdo con el impuesto al patrimonio. Este impuesto en su última oportunidad produjo una cifra cercana a los $9 billones y en esta oportunidad, si se aplicaran las nuevas tasas, el impacto sería violento sobre los contribuyentes”, dijo Botero, explicando que todo radica en las actualizaciones catastrales en todo el país porque los patrimonios de las personas se han venido incrementando significativamente “sin que eso represente mayor riqueza, porque sigue siendo la misma casa, finca o parcela”.
En el congreso de Confecámaras, el presidente de ANIF, el centro de estudios académicos del sistema financiero, Sergio Clavijo, consideró que “no todo puede ser tributación. Hay que contener el gasto” del Gobierno. Admitió que el sector privado sí tiene que hacer un esfuerzo por si vienen “los visos de paz” para poner una cuota adicional de tributación calculada entre uno y dos puntos del PIB (Producto Interno Bruto).
Julián Domínguez, cabeza visible de Confecámaras, alertó al Gobierno para que esa nueva carga tributaria no recaiga “siempre en los mismos” y pidió que la base de los contribuyentes se amplíe a otros sectores, por ejemplo algunos que se encuentran en la informalidad y que hay que formalizar para que contribuyan con el fisco nacional. La informalidad empresarial es del 41% y la laboral afecta a por lo menos 13 millones de colombianos, señaló el dirigente gremial.
ANIF insiste en que si Colombia quiere tener mejor educación y vías y consolidar la paz, debe empezar a elevar la tributación, pues actualmente tributa dos puntos por debajo de la media de América Latina. Además considera que la reforma tributaria debe ser de carácter estructural, no una reforma cada seis meses, ni mucho menos para tapar el faltante del Presupuesto del año 2015 y después otra supuestamente porque viene la paz.
La propuesta de ANIF es que “con las Farc firmando la paz, o sin ella, Colombia necesita vías, buena educación y energía”.
jsaenz@elespectador.com
@jorges_v