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Durante el fin de semana pasado empezó a circular en redes sociales una controvertida cartilla con contenido sexual que, supuestamente, había repartido el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en algunos colegios del Caribe. Su contenido se volvió viral y llevó a que padres de familia y directivos de ciertos colegios del país convocaran a un plantón el próximo miércoles 10 de agosto, en “defensa de los valores y principios de las familias”. ¿La razón? Una de las ilustraciones mostraba a una pareja del mismo sexo.
Debido a la polémica desatada, la ministra de Educación, Gina Parody, desmintió que las cartillas fueran de la cartera. “Tomaron pornografía para adultos de Bélgica y cartillas de Chile y Argentina para engañar a los padres. Desde que yo he estado a cargo del MEN no se ha repartido ninguna cartilla de orientación sexual en los colegios”, afirmó.
Un engañó que, según explicó, “hace parte de una maquinaria política que quiere una Colombia dividida, pues incluso funcionarios de la Procuraduría se encargaron de difundir la imagen en redes”.
Esta acusación fue desvirtuada por el procurador, Alejandro Ordóñez, al decir que la “ministra miente”, ya que con “el pretexto de dar cumplimiento a una sentencia y una ley se está adoctrinando a nuestros hijos y nuestros nietos”.
Además de las falsas imágenes, el debate se ha centrado en el proceso de revisión de manuales de convivencia de colegios que adelanta el Ministerio y que algunas personas, como Ordóñez y la diputada de Santander Ángela Hernández, han interpretado como una “colonización homosexual” para beneficiar a la comunidad LGBTI.
Ante esto, Parody señaló que el proceso de revisión de los manuales de convivencia obedece a la orden que emitió la Corte Constitucional en septiembre del año pasado, al fallar la tutela interpuesta por Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, después de que su hijo se quitara la vida por ser víctima de discriminación sexual en el colegio Castillo Campestre. “La Corte nos indicó hacer una revisión extensiva e integral de todos los manuales para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género”.
Aunque el proceso de revisión debe terminar en septiembre de este año, no hay mucho concretado. A la fecha se han revisado 3.880 manuales (sólo el 21 %) en 73 de las 95 secretarías de Educación. Además, como demuestran las marchas convocadas por algunos padres de familia y colegios en Cartagena, Tunja e Ibagué, el proceso ha tenido varios obstáculos, pues hay quienes lo consideran una intromisión en la educación de sus hijos. De hecho, en la página web Citizen Go, 31.012 personas han firmado la petición para destituir a la ministra Parody por, supuestamente, imponer su ideología de género.
Sin embargo, para Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, una organización que reune a padres y educadores, esta es una oportunidad para que los padres de familia se involucren en la construcción de los manuales de convivencia de los colegios a los que van sus hijos. “Nos hemos encontrado con que la mayoría de padres ni siquiera leen los manuales de los colegios, entonces hay que empezar por informarnos. No podemos quejarnos por las guías que da el Ministerio cuando ni siquiera hemos marchado hasta el colegio para saber de qué les hablan a los niños”.
¿Quién se encarga de revisar los manuales de convivencia?
Según explicó el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor Saavedra, para realizar la revisión de los manuales de convivencia, el MEN está realizando talleres, junto con las secretarías de Educación y los rectores de colegios, con preguntas orientadoras que les permitan reflexionar si sus pronunciamientos están acordes con la Constitución y la ley. “Son 30 preguntas orientadoras, no de imposición, que se están desarrollando en compañía de Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa)”, aseguró.
Las preguntas están divididas en cinco secciones, relativas al enfoque de derechos, la construcción del manual, la diversidad y pluralidad, las medidas pedagógicas y la resolución de conflictos.
Con esta medida no sólo se busca garantizar que los colegios eviten la discriminación por orientación sexual, sino que los manuales no estén en contravía de los derechos constitucionales, pues, según datos del MEN, el 26 % de los jóvenes dicen que ha sufrido algún tipo de agresión física o verbal en su institución educativa.