Medio siglo en pocas palabras: Gerardo Molina

 

Gerardo Molina hacía parte de una generación de juristas integrales, de esos que estudiaron el Derecho con la convicción de cambiar al país y al mundo, y que eran capaces de comprender al país real, el de los campesinos, obreros y estudiantes, para enrostrárselo luego al país formal, el de la democracia electorera, el estado de sitio y las mañas clientelistas.

 

Sus actividades académicas y políticas estaban signadas por la convicción de combatir al país formal, para darle una cabida institucional al país real. Tuvo entonces un enemigo constante a lo largo de su vida, que fue buena parte del siglo XX colombiano: el pensamiento clerical y tradicionalista, encarnado en las altas jerarquías eclesiásticas, pero también en la clase política, liberal y conservadora, que bien sabía practicar aquella paradoja máxima que le exponen al príncipe de Salina en el Gatopardo, según la cual hay que cambiarlo todo para que nada cambie.

 

La enemistad de Molina con el tradicionalismo clerical es muy temprana, y se manifiesta por ejemplo con el éxodo que hace desde la Universidad de Antioquia hacia la Universidad Nacional en la década del treinta para poder terminar una carrera que, desde su perspectiva, debía estar completamente desligada de las ataduras de la religión. Lo expulsaron de su primera universidad por inspirarse en el Manifiesto de Córdoba de 1918 y organizar una huelga estudiantil en defensa de la libertad de cátedra y en contra de, precisamente, el confesionalismo.

 

Es por eso que su grado como abogado se da en 1933 bajo un ambiente más liberal, en el mismo contexto del que surgieron otros juristas que luego también descollarían como intelectuales, indistintamente de su posición ideológica o de su práctica profesional, como Diego Montaña Cuellar, Luis Eduardo Nieto Arteta, Álvaro Pérez Vives, Raimundo Emiliani Román, Arturo Valencia Zea y Hernando Devis Echandía, todos ellos estudiantes y luego profesores de la Universidad Nacional.

 

Fue tan temprana su animadversión respecto del pensamiento tradicional -y viceversa- que, durante su sepelio, realizado el 30 de marzo de 1991, el padre Francisco de Roux dijo de él que “en sus años de juventud se enfrentó con el cura párroco de Gómez Plata que lo tenía por persona peligrosa porque leía libros y se conseguía El Espectador y lo compartía en las calles del pueblo”.

Cierto momento de su vida fue un trasegar por las decepciones que le deparaba el fracaso de la “Revolución en Marcha” de López Pumarejo, por la que había trabajado animosamente y en medio de la cual, siendo senador de la República, impulsó la reforma que destrozaría la columna vertebral de la Constitución de 1886 y que instauró los cimientos sociales de un país que apenas se estaba industrializando. Participó, y con papel protagónico, en la construcción de un Estado fundamentado en la función social de la propiedad.

 

Trabajó por la promulgación de la ley de tierras, por la igualación jurídica de los hijos extramatrimoniales, por una reforma tributaria que gravara el patrimonio y el exceso de utilidades, y fue ponente de la ley orgánica de la Universidad Nacional, en la que se implementaron muchos de los principios del movimiento de Córdoba, que implicaba que la Universidad no sería más un simple aditamento de algún ministerio, ni estaría sometida al dictamen del partido político gobernante. Luego, cuando fue su rector, profundizó las reformas que él mismo había promovido siendo congresista, y con ello logró no sólo hacer de la Universidad un ente autónomo dentro de un entorno político conservador, sino también perpetuar el odio que le profesaban quienes practicaban la intolerancia como dogma de fe.

 

El Bogotazo fue la perfecta excusa requerida por el confesionalismo para atacar al comunismo en general y al profesor Molina en particular, que era el director de la Universidad para la época. La Conferencia Episcopal, por ejemplo, acusando al rector de comunista -nunca lo fue- mostraba su “absoluta inconformidad con el nombramiento de un jefe comunista para regir la Universidad Nacional, lo cual demuestra a la vez la ninguna responsabilidad que nos cabe en el desvío de la educación que recibió nuestra más brillante juventud en ese centro, hasta llegar a encabezar la subversión del orden constitucional del 9 de abril, hecho doloroso que muestra de modo incontrovertible la razón que nos asistía al reclamar insistentemente contra el citado nombramiento”.

 

Una vez sale Gerardo Molina de la rectoría en 1948, a todo el mundo se le exigió entregar constancia de fe católica, y los programas curriculares se rellenaron de cursos como “cultura religiosa” o “ética social católica”.

 

Pero la enemistad de Gerardo Molina con el pensamiento escolástico, y con la clase política colombiana, no fue una enemistad contra los políticos liberales o conservadores individualmente considerados, ni contra el catolicismo en sí mismo, sino una confrontación con el sistema político y económico del país, que le parecía profundamente injusto. Y esa confrontación la sustentó siempre en los análisis históricos, aplicados a las realidades económicas y culturales colombianas, que se encuentran en textos como: ‘Las ideas liberales en Colombia y Las ideas socialistas en Colombia’. Sus debates y sus discursos, dicen quienes lo escucharon, siempre fueron ejemplos de serenidad y contundencia argumentativa.

 

Carlos Gaviria Díaz, otro extraordinario ejemplo de consecuencia política y de constancia académica, hablaba de Molina como un maestro que no tenía creencias, pero sí convicciones, “fundadas en lo que la razón y la experiencia humana indican que es posible, y a partir de ellas acariciaba el ideal de una sociedad mejor donde los hombres, una vez satisfechas sus urgencias vitales, se hicieran cargo de su propio destino, que es lo que en ética y política se llama ser libre”.  

 

Por eso es posible afirmar que Gerardo Molina tuvo un norte político claramente definido, que su mente estaba siempre ocupada en conseguir la paz para una Colombia que desde la independencia ha estado desangrándose, y que la construcción de esa paz se fundamentaba en lo que él consideraba que debía ser el socialismo, sin negar las libertades, redistribuyendo la riqueza con equidad, ensanchando la democracia y los derechos del pueblo.

 

Fue en aras de esa paz que trabajó con quien se la propusiera honestamente. Hizo parte, con Carlos Lleras y Otto Morales, de la Primera Comisión de Paz que se conformó para resolver el problema de las guerrillas. También fue miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos durante la administración de Belisario Betancur, y tuvo una importante participación ideológica, con Orlando Fals Borda, en la constitución de la Alianza Democrática M-19.  

 

La importancia del maestro Molina es pues, vital para el país después de firmada la paz porque su pensamiento era incluyente y tolerante. Dos aspectos esenciales en una sociedad que se diga democrática.

 

 

 

*Profesor de Teoría e Historia Constitucional, Universidad Nacional de Colombia