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Por la avenida Caracas de Bogotá se asoma un Camaro, un lujoso auto a los que muy pocas personas en el país tienen acceso. Se detiene en la calle 70, justo al frente de la Escuela de Artes y Letras. Del vehículo se baja Edgar Ignacio Díaz Santos, el rector de la institución universitaria, ante la mirada atónita de los estudiantes que se preguntan cómo puede tener un carro así cuando el centro educativo está en crisis desde hace más de una década. (Lea: Una finca y compra de ganado, el nuevo lío de la Escuela de Artes y Letras)
La sede principal de la institución es una casa antigua, con piso de madera que rechina con cada paso. En la cafetería hay un hueco, como si estuviera diseñado para un ascensor, y que se disimula con un improvisado salón de clases. “Se supone que en la institución debe existir un ascensor para incluir a la población con discapacidad. El rector prometió hacerlo, pero jamás cumplió. Ahí quedó el espacio”, cuenta Luisa*, profesora que trabajó allí durante cinco años.
Este es el estado de uno de los salones de la sede principal. Como este, se encuentran la mayoría de aulas de clases. / Paula Casas
A medida que avanza el recorrido el panorama no mejora. En el segundo piso, en las aulas de clases la humedad, las grietas y los enormes huecos en los techos atrapan las miradas. Los rumores y las quejas de los estudiantes no se hacen esperar. Algunos dicen que ya se acostumbraron y que esperan que no cierren la institución hasta que se gradúen, mientras que otros alegan y dicen que no son escuchados por parte del rector.
La crisis y el desconsuelo ante la situación por la que atraviesan llevaron a varios profesores a hablar en la emisora W. Allí explicaron que la falta de pago y los constantes malos tratos por parte de las directivas, los habían motivado a emprender sus denuncias. “Desde la denuncia, todo lo malo que pasa en la escuela, según ellos, es mi culpa. Marcela Rodríguez, esposa del rector y exdirectora académica, me decía por whatsapp que yo era un parásito. Llamaban a las 10 u 11 de la noche, o cuadraba las reuniones de los decanos, justo cuando yo debía ir a la otra sede, y argumentaba que mi facultad nunca iba al comité”, comenta Ana*, una de las primeras profesoras en renunciar por falta de pago. (Puede leer: ¿Universitaria acosada y expulsada?)
Tras la denuncia, el ambiente dentro de la escuela se convirtió en un infierno. “Todo se volvió una perseguidera, hablaban mal de nosotros. Incluso, el rector se atrevió a decir que no habíamos hecho investigación. Pero ahí están los informes, los correos y las bases de datos”, añade Ana. “Cuando descubrieron quién había sido la primera persona que había hablado, la sacaron de su puesto. No la dejaron sacar las cosas de su escritorio, luego se las hicieron llegar con los celadores. La pasaron a trabajar a la biblioteca, que estaba inundada, a sacar libros y le dijeron sin ningún problema que era porque había hablado”, aclara Margarita*, otra de las profesoras que renunció.
Caminando hasta la otra sede, a pocas cuadras de la vieja casa, donde se encuentra la biblioteca, un profesor esperaba una reunión con Díaz Santos, pero este le puso varias trabas para atenderlo. El motivo era que no le habían pagado sus últimos sueldos y estaba a punto de perder su apartamento. Un embargo a causa de las deudas lo iba a dejar sin casa.
“Ellos nunca han sido cumplidos. Hace seis o siete años, Marcela Rodríguez me dijo que esa era una cultura institucional. Lo que duré trabajando allá, nunca pagaban los primeros días o la primera semana, pero si a fin de mes. Esta vez llegamos a cuatro y cinco meses sin recibir pagos”, asegura Ana. (Le puede interesar: Estas son las 30 universidades investigadas por el Ministerio de Educación)
Y como a ese profesor que le quitaron su casa, Margarita también tuvo líos por el dinero. Ella es madre cabeza de hogar y debe responder por las necesidades básicas de sus dos hijos. Para poder aspirar a un cargo superior le pidieron que realizara una maestría, pero jamás le hablaron de un aumento de sueldo y aún le debían cuatro meses. El año pasado sufrió una enfermedad grave y cuando fue a urgencias se enteró que hacía más de un año no le habían pagado a la EPS, pero sí se lo habían descontado. Decidió presentar su renuncia. “Me iban a pagar dos millones por los siete años que trabajé allí. No acepté y mandé mi caso a un juzgado. Cuando fui a mirar mis pensiones tampoco las habían pagado. No solo me desfalcan a mí, sino al Estado”, cuenta Margarita.
Igualmente le pasó a Johanny, quien sufrió de colitis y le negaron la atención en la Clínica Colombia por falta de pago. “Tocó que lo operaran de urgencia y como no tenía al día su EPS, al rector le tocó pagarla. Fueron 10 millones de pesos. Luego se los estaban cobrando”, relata Margarita.
Pero los casos que más indignan a estas docentes son los del profesor Dario, el de Jesús y el de una señora que presta los servicios de aseo. Dario murió a causa de un cáncer que padecía, pero su enfermedad la cubrió el colegio donde trabajaba simultáneamente. “Cuando el profe falleció, su familia fue a la escuela a pedir los salarios que le debían. Les dijeron que demandaran”, dice Margarita. Añade que lo mismo le pasó a Jesús, quien murió este año. “Le diagnosticaron cáncer en el primer semestre de 2017 y reponía las clases que perdía por su incapacidad. En segundo semestre de ese año dictó unas clases. Se retiró porque estaba en fase terminal y no quisieron reconocerle esas clases. Lo despidieron por abandono de cargo”. (Lea: ¿La universidad donde estudias está investigada o fue sancionada? Consulta aquí)
La señora que presta el servicio de aseo perdió a su hijo a causa de la falta de pago de su salud. El joven sufría de problemas de depresión y, al no recibir su tratamiento a tiempo, en una crisis se quitó la vida. “El rector fue al velorio y la abuelita, llorando y desesperada, le pidió a gritos que se fuera porque él había matado a su nieto”, explica Luisa*, otra de las profesoras que renunció.
Y como estos son muchos los casos que pasan en la Escuela de Artes y Letras, en donde no parecen importarles los derechos de los alumnos y de los profesores. Ante las quejas, el rector ha tratado de hacer varias reuniones para explicarles en qué se invierte el dinero de la institución, sin embargo, estás acaban sin decir nada y echándole la culpa al gobierno de turno. Como en una graduación, cuando dijo que no podía firmar los diplomas porque había cogido un hueco y se había lastimado la mano.
¿Qué dice el Ministerio de Educación?
Al consultar al Ministerio de Educación, aseguró que actualmente adelanta tres investigaciones administrativas contra la escuela. La primera es “por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de transacción suscrito el 14 de abril de 2014 y deficiencias de orden financiero, administrativo y contable, situaciones que se presentaron en vigencia de la Ley 30 de 1992”. (Puede leer: Transparencia en las universidades)
La segunda es “por presuntas irregularidades relacionadas con la conformación del Consejo Directivo, incumplimientos estatutarios relacionados con la inobservancia de la periodicidad en que debe reunirse el Plenum, e irregularidades frente a los procedimientos internos para el otorgamiento de becas descuentos, beneficios y estímulos estudiantiles”.
Y la última “por presuntas irregularidades relacionadas con la celebración de negocios jurídicos, deficiencias de orden financiero, administrativo y contable, situaciones que se presentaron en vigencia de la Ley 1740 de 2014”.
El Espectador trató de comunicarse varias veces con el rector, vía mail, telefónica y en la visita al centro educativo, pero no fue posible contactarlo.
*Las profesoras prefirieron reservar su identidad porque creen que la institución o las directivas podrían tomar represarías con ellas, a pesar de que ya no trabajan allí.