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La redacción del diario ABC dormitaba silenciosa como ocurría durante las siestas paraguayas de octubre. Los editores estábamos a punto de sacudirnos la modorra del mediodía cuando Magdalena Benítez, la editora de los corresponsales del interior del país, entró corriendo a la oficina de la directora periodística, Natalia Zuccolillo.
—Parece que mataron a Pablo Medina. Nos están llamando de Canindeyú (departamento fronterizo con Brasil) y dicen que hubo una emboscada en un camino vecinal…
Editores, directores y periodistas iniciamos una vorágine de llamadas. Horas más tarde todo estaba confirmado: habían asesinado a Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color, cuando volvía de una cobertura.
Lo que siguió fue consternación y angustia. Pablo había muerto debido a sus denuncias sobre el tráfico de drogas en su departamento. Llevaba años documentando el crecimiento que había experimentado el narcotráfico en su ciudad, Curuguaty, y en otras localidades, especialmente las cercanas a la frontera con Brasil. Se confirmó que Medina había sido el único periodista convocado a un evento que fue sólo un montaje para permitir la sangrienta emboscada que no sólo acabó con su vida, sino también con la de una estudiante que viajaba con él. Era Antonia Almada, quien recibió dos impactos de bala. Tenía apenas 19 años.
Así que el de Medina entraba en las dolorosas estadísticas de muerte como el tercer asesinato de un periodista en 2014, año de un verdadero auge del tráfico de marihuana que el propio Pablo había documentado en sus crónicas. En mayo del mismo año, el joven periodista Gabriel Alcaraz, de sólo 28 años, había sido atacado a tiros por sicarios en el mismo patio de su casa, cuando llegaba a almorzar con su familia, en Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay (el de mayor porcentaje de homicidios dolosos de todo el país). Alcaraz tenía un programa en radio Amambay 570 AM, propiedad del presidente del Congreso, Robert Acevedo. El propio Acevedo es sobreviviente de un atentado que le costó la vida a su guardaespaldas, en medio de una guerra narcotraficante por territorios de frontera.
El otro caso había ocurrido en el departamento de Concepción, también fronterizo con Brasil. La víctima fue el comunicador Édgar Fernández, de 43 años, muerto de seis balazos en su propia casa. Fernández conducía un programa denominado La ciudad de la furia, en el que habitualmente se tocaba el tema del auge narco en el norte del país.
Las versiones policiales confirmaron que fue una crónica de principios de octubre la que selló la suerte de Pablo. La publicación, que contaba la eliminación de plantaciones de marihuana en una reserva forestal, fue el motivo de una reunión entre varios jefes narcos que resolvieron la eliminación del periodista, considerado una amenaza para sus intereses. Pablo era incomprable y, además, sabía demasiado.
Las muertes de Medina y la joven Antonia Almada formaron parte de la cifra de 578 homicidios dolosos en ese año 2014 que contabilizó el Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con datos de la Policía Nacional de Paraguay. De ellos, 141 ocurrieron en Amambay, 60 en Canindeyú y 51 en Concepción, departamentos donde abundan las llamadas zonas liberadas, regiones donde ni la policía ni los militares se atreven a ingresar y donde los caudillos políticos se entremezclan con los jefes narcos.
Lo peor de revisar las cifras es que queda en evidencia que el año en el que asesinaron a Medina fue el registro más bajo de los últimos cinco años y que en 2015 y 2016 los homicidios no han parado de crecer, con 617 y 669 casos respectivamente. Así que hoy Paraguay está peor que antes.
El exministro del Interior del gobierno de Horacio Cartes, Francisco de Vargas, tiene la explicación para que el aumento de la actividad narco y de todas las mafias organizadas en frontera, aún hoy, no pueda ser detenida por el Estado paraguayo: “Los registros delictivos en los departamentos fronterizos no han variado en diez años. Amambay, Canindeyú y Alto Paraná son las zonas donde campea todo tipo de tráfico: drogas, contrabando, falsificaciones y hasta ganado vacuno, producto del abigeato”.
“Los controles son casi nulos”, continúa De Vargas. “Existen puestos de control, pero no funcionan. La gente se mueve de un lado a otro de la frontera como si estuviera caminando por el patio de su casa y puede perfectamente movilizarse portando armas de fuego de grueso calibre”.
Fue precisamente en la región citada por el exministro, y más concretamente en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde en junio del año pasado un comando integrado por sicarios brasileños asesinó, en un ataque que incluyó armamento militar, al capo narco Jorge Rafaat Toumani, considerado el amo del tráfico de drogas en la zona.
La camioneta Hummer blindada en la que viajaba el traficante fue atacada con una ametralladora Browning .50 montada en una Toyota Fortuner. Presuntamente, el arma fue accionada por un exmilitar entrenado en el ejército del Brasil.
“Fue un homicidio doloso, con una sola víctima, pero su impacto fue mayor que si la tasa de homicidios hubiese subido tres o cuatro puntos, porque el mensaje entre líneas fue: ‘Con nosotros no se mete nadie: Tenemos esto, un (armamento) punto cincuenta’. El mensaje fue incluso para la Policía: ‘Ustedes no tienen nada que hacer contra nosotros’”, ratifica De Vargas, quien estaba a cargo de la seguridad interna cuando ocurrió el ataque. Y sentencia: “El Estado paraguayo está indefenso”.
“Con la estructura actual del Estado paraguayo, en la que la Policía no está concebida para que pueda portar armas militares; en la que la burocracia obliga a que el presupuesto general para la seguridad interior pase indefectiblemente por el Congreso y también por las limitaciones económicas del Estado, Paraguay no puede defenderse de las amenazas del narco”.
El exministro pone como ejemplo el PCC, el Primer Comando Capital, la organización narco más grande del Brasil, surgida de una manifestación penitenciaria en São Paulo y cuyos integrantes, solamente aquellos que permanecen en las penitenciarías, superan los 50.000 soldados.
“Toda la policía paraguaya tiene 25.000 efectivos; las Fuerzas Armadas están por los 11.000. El PCC se organiza en las cárceles y las fuerzas de seguridad nacional, por ley, tienen que enviar a los soldados capturados a las cárceles. O sea, nosotros los mandamos a donde ellos pueden organizarse. Pero no porque queremos, sino porque el Estado está concebido así”.
De los marihuanales al Congreso
En las últimas elecciones nacionales (2013), los paraguayos pudimos comprobar con desesperación un fenómeno que empieza peligrosamente a enraizarse sin oposición. Conocidos jefes mafiosos lograron escaños legislativos, ya sea como titulares o suplentes, como sucedió en Colombia con Pablo Escobar en los 80. La vinculación de los mismos con el narco es vox populi. Sin embargo, la ausencia del Estado, la falta de políticas de salud, educación y bienestar en general, en enormes sectores de la población, llevan a la ciudadanía a votar a quienes, aseguran, les dan trabajo y comida.
La narcopolítica también tuvo que ver en el crimen de Pablo Medina. La investigación fiscal determinó que el intendente (alcalde) de la localidad de Ypehú del departamento de Canindeyú, Wilmar Neneco Acosta, había sido quien ordenó la muerte del periodista.
Neneco Acosta forma parte de un poderoso equipo del oficialismo (el Partido Colorado), el sector que respalda a Cartes y cuya líder, Cristina Villalba, fue la principal interlocutora del Gobierno en la Cámara de Diputados. Ella es representante por Canindeyú y recibió una llamada de aproximadamente 12 minutos desde el celular de Wilmar Neneco Acosta momentos después del asesinato de Pablo y su acompañante. Jamás fue investigada por el caso.
Hoy, Acosta está a la espera del inicio de su juicio oral y público luego de meses de trámites para su extradición desde el Brasil, a donde había huido luego del asesinato de Pablo Medina. Como típico habitante de frontera, el intendente había obtenido documentos falsos donde figuraba como brasileño y con ellos intentó burlar la justicia. Ahora, quienes seguimos el caso de Pablo Medina estamos pendientes de que su muerte no quede impune.
* Este contenido fue publicado originalmente en ¡Pacifista!, un medio aliado de El Espectador