Washington. Los defensores de los derechos civiles recientemente acusaron al Presidente Barack Obama de actuar como el ex mandatario George W. Bush, citando informes sobre los planes de Obama con respecto a detener en territorio nacional a sospechosos de terrorismo sin derecho a juicio tras el cierre de la prisión de Guantánamo.

Tan sólo fue el último caso en que los críticos han argumentado que Obama no ha cumplido su promesa de campaña de "restaurar nuestra Constitución y el Estado de derecho", lo cual provocó un agudo cuestionamiento: en temas relacionados con la lucha contra el terrorismo, ¿ha resultado ser muy poco diferente a su predecesor?

La respuesta depende de lo que signifique actuar como Bush. Mientras se aproximan a la culminación de la revisión de sus opciones sobre qué hacen con los detenidos, las autoridades de la administración de Obama insisten en que hay una diferencia fundamental entre la postura de Bush y la suya. Mientras que Bush clamaba ostentar enorme poder como comandante en jefe que le permitía pasar por encima de los límites legales en su lucha contra el terrorismo, afirman, Obama respeta los equilibrios dependiendo de -- y obedeciendo a -- los estatutos del Congreso.

"A pesar de que la administración está considerando una serie de opciones, una gama de opciones, ninguna de ellas se basa en teorías legales de que tenemos autoridad inherente para detener a la gente", dijo esta semana Robert Gibbs, Secretario de Prensa de la Casa Blanca, en respuesta a los cuestionamientos sobre el informe de detenciones preventivas. "Y esto no será abordado de esa forma", destacó.

Sin embargo, los críticos de Obama afirman que la existencia o no de autorización estatutaria para estas políticas contraterroristas simplemente representa un legalismo. El problema central de la postura de Bush, argumentan, era que trababa los derechos individuales. Y aseguran que las políticas de Obama no han cambiado eso.

"El Presidente Obama puede vociferar una retórica diferente", dice Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles Estadounidenses. "Puede tener un proceso más complicado con los miembros del Congreso. Pero al final, no hay distanciamiento sustantivo de las políticas de la administración de Bush", asevera.

Para complicar el análisis, las políticas de Bush evolucionaron con el paso del tiempo. Gran parte de la controversia legal que rodeó inicialmente a los esfuerzos de su administración para evitar ataques terroristas se había desecado para cuando Obama tomó el poder el 20 de enero.

El equipo de colaboradores de Bush dejó de utilizar sus técnicas de interrogación más severas, como el "submarino", años antes de abandonar el poder. Y durante el segundo mandato de Bush, el Congreso aprobó una legislación alineando estatutos federales con políticas como la de ordenar comisiones militares y vigilancia sin orden de ejecución.

Siendo senador, Obama votó a favor de la iniciativa de ley del 2008 autorizando el programa de vigilancia, que ha continuado desde que tomó el mando. Votó en contra de la iniciativa de ley del 2006 que autorizó las comisiones militares, pero de todas formas ésta fue aprobada. A pesar de que Obama detuvo los juicios inicialmente, desde entonces ha propuesto revivirlos de forma revisada.

Obama también ha provocado reacciones acaloradas entre los defensores de los derechos humanos por su lucha para que los detenidos en Afganistán no tengan derecho "habeas corpus". No obstante, su equipo legal señala que la Ley de Comisiones Militares del 2006 contiene una cláusula afirmando que tales prisioneros no pueden refutar su detención en la corte.

Aún así, Obama también ha dado continuidad a otras política de la era Bush donde la ley estatutaria es más oscura o ausente -- como el programa de "entrega extraordinaria" de la CIA donde los detenidos son transferidos a otros países y la invocación del privilegio de "secreto de Estado" para dar carpetazo a algunas demandas. (La administración está revisando ambas políticas).

Y después de tratar de resolver la forma de cerrar la prisión en la base naval de Bahía Guantánamo, Cuba, Obama propuso un nuevo sistema de detención preventiva para hacerse cargo de esos sospechosos de terrorismo que, según él, serían difíciles de enjuiciar y su liberación sería peligrosa.

Pero la insistencia de Obama en que crearía tal régimen de detención preventiva únicamente con autorización del Congreso podría representar muy poco obstáculo pragmático, porque puede clamar que los legisladores ya la han otorgado.

En el 2004, la Suprema Corte de Justicia dictaminó, con una votación de 5 a 4, que Bush podía detener -- indefinidamente, sin derecho a juicio y en territorio nacional -- a un hombre acusado de luchar con el Talibán. En su fallo, citó la autorización del Congreso para