Después de que se revelara un documento de 2011 de Edward Snowden, según el cual la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), con la ayuda de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la embajada estadounidense en Venezuela, espió a directivos venezolanos de la petrolera estatal PDVSA, el presidente Nicolás Maduro ordenó a su canciller hacer una revisión integral de sus relaciones con Washington.
Se trata de otro de los desencuentros entre EE. UU. y Venezuela en plena campaña hacia las elecciones legislativas del 6 de diciembre en el país suramericano. El último fue la detención de dos sobrinos de la primera dama venezolana en Haití, implicados en el transporte de narcóticos hacia territorio estadounidense.
El informe sobre espionaje fue redactado por un agente de la NSA en Washington que operó con el grupo llamado F6 en Caracas, presuntamente conformado por agentes estadounidenses que se harían pasar por diplomáticos. En el documento de cinco páginas, obtenido por Snowden y divulgado por la televisión pública en Caracas, el agente de la NSA señala que EE. UU. “quería información de PDVSA en los más altos niveles posibles de la empresa, especialmente al presidente y a los miembros de la junta directiva”. Para este fin recolectaron información privada de al menos 10.000 perfiles de empleados, lo que incluye direcciones de correos electrónicos y números de teléfono, entre ellos el de Rafael Ramírez, quien presidió la estatal venezolana entre 2004 y 2014 y quien actualmente es el representante de Venezuela en las Naciones Unidas.
El agente de la NSA señala que “entender a PDVSA es entender al corazón económico de Venezuela”; que en el país suramericano los ingresos del petróleo son “más o menos un tercio del PIB” y “más de la mitad de los ingresos del Gobierno”, y que “desde la huelga del sector de petróleo de diciembre de 2002 a febrero de 2003, PDVSA se ha puesto al servicio de la Revolución Bolivariana del presidente (Hugo) Chávez, financiando todo, desde los programas nacionales a los esfuerzos geopolíticos de Chávez”.
La preocupación estadounidense por obtener dicha información obedecía, según reportó el New York Times, a la necesidad de “ayudar a sus encargados políticos a prevenir que Venezuela obtenga sus objetivos de liderazgo regional y persiga políticas que impacten negativamente los intereses globales de EE. UU.”. Desde la presidencia de George W. Bush, éste se veía “en una competición por el liderazgo en Latinoamérica con el líder de Venezuela, Hugo Chávez”.
Cuando se conoció el documento, Maduro ordenó presentar una protesta diplomática ante Estados Unidos y anunció que su canciller, Delcy Rodríguez, iniciará una revisión integral de la relación con el gobierno norteamericano. Además aseguró que “el imperio estadounidense ha tenido la intención de sabotear la industria petrolera y de derrocar al gobierno venezolano para venir y apropiarse del petróleo, que es única y exclusivamente del pueblo de Venezuela”.