Juan Francisco Torres Landa, abogado y secretario general de México Unido contra la Delincuencia, es uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), el club que promovió el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de México que reabrió el debate sobre el fracaso de la lucha contra las drogas. La Corte autorizó a Torres y otros tres exitosos profesionales a cultivar y fumar marihuana con fines lúdicos, un amparo que, explica este abogado mexicano, es un triunfo importante para replantear “la política más desastrosa que ha tenido la humanidad”.
¿Cuál es el alcance específico del fallo de la Suprema Corte de México?
Lo más importante de la resolución es el razonamiento de fondo respecto a cuáles son los fundamentos de la prohibición de la droga, específicamente de la marihuana, y cómo contrasta ese esquema prohibicionista con los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país. En ese contraste –y de ahí el mérito de la instancia que se promovió– la Corte determina que los derechos humanos están por encima de los requisitos que marca la ley. Cinco artículos de la ley que regula las drogas fueron declarados inconstitucionales.
¿El fallo cobija a todos los clubes de consumo de cannabis en México?
No, sólo a los cuatro quejosos, como se nos llamó. A los miembros de Smart. Sin embargo, el razonamiento es igual para otras personas que se pongan en el mismo camino jurídico.
Entonces, para que alguien sea autorizado a cultivar y consumir marihuana con fines lúdicos, que fue lo que autorizó la Corte a Smart, ¿deberá interponer un recurso como hicieron ustedes?
Sí se requiere el mismo procedimiento. De hecho, nosotros lo estamos haciendo otra vez porque necesitamos otros cuatro amparos similares para poder sentar jurisprudencia. La norma exige cuatro fallos en el mismo sentido de la Suprema Corte para que se vuelva un criterio obligatorio para cualquier juez o tribunal de jerarquía inferior.
¿Qué sigue ahora?
Estamos actuando en tres áreas distintas, de manera simultánea. Queremos fortalecer la resolución judicial dictada por el máximo tribunal provocando que haya cuatro resoluciones más. No podemos romper esa simultaneidad o secuencia de las resoluciones en la misma materia. En el segundo frente de la estrategia está el contacto con el Congreso, las dos cámaras ¬Congreso y Diputados¬ porque en el fondo lo que se requiere es que haya una modificación legal. El amparo declara inconstitucionales cinco artículos, así que esas leyes tendrían que ajustarse para pasar de un régimen prohibicionista a un régimen regulatorio.
¿Cómo es la norma actual?
La actual prohibición tiene muchos efectos indeseables, pero uno de ellos es que la autoridad sanitaria abdica a su capacidad de regular el mercado, donde existen justamente temas de salud. El gran absurdo de la prohibición es que en vez de que el Estado sea el gran regulador del uso de ciertas sustancias –que bajo ciertas circunstancias pueden ser nocivas para la salud– se asume que esas sustancias desaparecerán y por lo tanto no hay que regularlas. Como eso no pasa, porque las drogas se volvieron un negocio permanente controlado por las bandas del narcotráfico, lo que queda claro es que la estrategia prohibicionista es un fracaso absoluto.
¿Qué efectos tendría la regulación del consumo?
Lo lógico sería regresarle al Estado su capacidad regulatoria y eliminar el incentivo de tener un mercado negro. Para ello hay que modificar las leyes, para que en vez de ser sustancias prohibidas, sean reguladas.
Los mexicanos no están de acuerdo con la legalización de la marihuana, según señalan sondeos. ¿Por qué promover una iniciativa tan impopular?
Ese es el tercer frente de nuestra estrategia. Hemos vivido adoctrinados durante años por una diarrea informativa que nos dijo que las drogas son malas y cualquier persona que sea sorprendida usándolas es un criminal y hay que ponerla tras las rejas. Pues estamos equivocados y cientos de estudios lo demuestran. Incluso, la propia Organización de Naciones Unidas reconoce el fracaso. Esta es la política más desastrosa que ha tenido la humanidad, y no es una cuestión de dramatismo, sino de analizar fríamente cuáles han sido los reveses de esa política contra las drogas: no hay un solo resultado favorable.
¿Cómo recibió la gente el fallo?
La reacción fue maravillosa. Durante mucho tiempo había muchos detractores que pensaron que no iba a prosperar. Luego de la resolución, empezamos a ver muchas muestras de simpatía. No sé si es una cuestión de subirse a la ola, no me importa saber la motivación. Teníamos cuatro iniciativas dormidas en el Congreso Federal y una en la Asamblea Legislativa del DF y, luego de dos años en los que no recibimos ni los buenos días, en cuestión de minutos empezaron a llamarnos. Trataremos de todo esto pase del dicho al hecho.
El gobierno mexicano respeta el fallo pero dice que no cambiará su enfoque.
Al Estado, en vez de molestarle todo esto, debería recibirlo como un oxígeno y decir: “Oiga ya me explicó mi tribunal máximo los problemas que esta política trae, empezando por los derechos humanos”. Este debería ser el discurso, sin embargo, por la obstinada limitante mental de varios funcionarios, incluido el presidente, dice: “no, la política no la puedo modificar” o “voy a empezar a dialogar y crear un foro para ver si sucede algo”. Llevamos años de foros sin resultados, lo que se requiere es actuar porque vivimos en una verdadera carnicería. En la medida en que no se le elimine la renta monopólica de los delincuentes no va a pasar nad y eso pasa regulando el mercado.
¿Smart puede recibir a más miembros, a unos que sí fumen marihuana?
Sí, totalmente. Lo que provocamos con esa resolución es que la decisión de consumo sea mía. Con lo que estamos en pugna es que sea el Estado quien decida, el Estado no tiene por qué prohibir nada, tiene la obligación de informar, documentar, promover, pero la decisión final es del ciudadano. Los miembros de este club no hemos consumido ni vamos a consumir, pero lo que tiene que quedar claro es que es mi decisión si quiero fumar o no marihuana. El Estado no debería gastar ni tiempo ni dinero en esto, debe dedicarse a combatir el secuestro, las violaciones de derechos humanos, la delincuencia, los delitos financieros, etc., el consumo es un tema médico.
¿Cuánto tiempo tomó este proceso?
Tres años de planeación, dos de ejecución y uno en la Corte.
Cuánto falta para que la reglamentación de la marihuana sea un hecho?
Calculo que nos va a tomar un año, a lo mejor es más o menos, pero trataremos de sacar los cuatro resolutivos adicionales en ese tiempo.
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PRIMER OBJETIVO, CUMPLIDO
El fin principal de la iniciativa de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), que solicitó ser autorizada para cultivar y consumir marihuana con fines lúdicos, era reabrir el debate en México. Y lo logró. Tras años de no querer hablar del tema fue el propio presidente, Enrique Peña Nieto, quien dijo que “a título personal” está en contra de la legalización de la marihuana porque abre el camino para el “consumo de drogas mucho más dañinas”. Sin embargo, llamó a abrir un “amplio debate, especializado, que convoque a sociólogos, médicos, académicos, a los conocedores de este tema, y que permita ver los alcances que tiene una eventual apertura en el consumo de la marihuana”. Por otra parte, la senadora Cristina Díaz, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó una iniciativa para autorizar el uso de la marihuana con fines medicinales en México, a pocos días de las declaraciones de Peña Nieto. Díaz subrayó que su propuesta no busca legalizar la marihuana, sino que apunta a reformar la ley general de salud para autorizar su uso sólo con fines terapéuticos o médicos. El diario El Universal publicó una encuesta según la cual 79% de los méxicanos están de acuerdo con una despenalización de la hierba con fines medicinales; el apoyo se reduce considerablemente cuando se habla de fines lúdicos, pues los mexicanos consideran que “una despenalización más amplia sería “riesgosa”. Un 63% pide que el tema sea debatido.