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En Washington y Bogotá ha empezado el debate sobre cuál será el futuro de la cooperación económica estadounidense para Colombia después de la eventual firma de la paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Justo cuando se discute con la guerrilla el punto de las drogas ilícitas, el presidente del Congreso colombiano, Juan Fernando Cristo, llevó a la capital estadounidense una propuesta para un Plan Colombia II, en el cual los recursos antes destinados a la lucha armada contra el llamado narcoterrorismo se enfoquen en fortalecer el tejido social y el aparato de justicia del Estado.
El senador Cristo explicó a este diario que “es fundamental que una vez se firme la paz haya una estrategia definida de cómo el Estado colombiano, con la cooperación de la comunidad internacional, va a ocupar social, militar y territorialmente las zonas donde tradicionalmente ha existido conflicto y donde hay actividades ilegales como los cultivos de coca”.
Dentro de ese escenario, dice Cristo, “es importante que EE.UU., así como contribuyó con el Plan Colombia a consolidar la superioridad militar del Estado frente a la subversión, también se comprometa política y económicamente con la sociedad colombiana para poder tener éxito en la etapa del posconflicto”.
La propuesta la hizo el senador durante el foro “Perspectivas sobre el proceso de paz de Colombia y oportunidades para intervenciones con EE.UU.”, que se realizó en Washington en la Oficina para Asuntos Latinoamericanos (Wola). Adam Isacson, analista político y de seguridad regional de Wola, dice que en el Departamento de Estado estadounidense ya se ha dado el debate: “En la Usaid, la agencia encargada de la parte no militar, ya han empezado a repensar la orientación de esos recursos, pero en el resto del gobierno todavía hay bastante incertidumbre sobre si el proceso va a tener éxito. Esa incertidumbre ha bajado con el segundo acuerdo logrado en Cuba, pero aún hay escepticismo”.
En pocas semanas el Departamento de Estado enviará al Congreso la solicitud de ayuda para 2015, que incluye la partida de la Usaid. No sería sensato que, sin firmar el acuerdo final en La Habana, se propongan cambios en ese presupuesto. El debate duro para la reorientación de la ayuda se dará seguramente para 2016.
Para el senador Cristo es importante que una vez se firme la paz, la cooperación estadounidense se focalice en dos puntos fundamentales. “Lo que propusimos a funcionarios del Departamento de Estado y congresistas norteamericanos es que se mantenga el nivel de cooperación que existe hoy cuando se acabe el conflicto, que no se acabe la cooperación. Que esos recursos se encaminen especialmente para, primero, fortalecer el tejido social, es decir, todas las iniciativas de la sociedad civil y los liderazgos de organizaciones de víctimas y de derechos humanos; y segundo, fortalecer la presencia del aparato de la justicia colombiana”.
El Plan Colombia es la estrategia más ambiciosa que ha tenido el Estado colombiano para hacerles frente al conflicto armado interno y al narcotráfico. Fue concebido en 1999 durante la presidencia de Pastrana, cuando se decidió involucrar actores internacionales en la búsqueda de una solución al conflicto, dada la incapacidad del Estado y su Ejército para enfrentar a los grupos armados ilegales, para mantener el orden y la seguridad en el territorio, así como debido a las elevadas tasas de impunidad en el sistema judicial y a la falta de credibilidad en la clase política. En la práctica, el Plan terminó siendo un programa de lucha antinarcóticos intensificado.
Los primeros años del Plan Colombia fueron frustrantes. Tras el fracaso en los diálogos de paz de 2002 se reestructuró la estrategia, aunque los medios para acabar con el conflicto siguieron siendo la modernización de las Fuerzas Armadas y la erradicación de cultivos ilícitos. El principal cambio consistió en que se unieron la guerra contra las drogas con la llamada guerra contra el terrorismo (el llamado narcoterrorismo). La reducción de los cultivos de coca no empezó sino hasta 2008.
Es evidente que el Plan Colombia no logró vencer a las guerrillas ni acabar con el narcotráfico, pero dio resultados que no se pueden ignorar. En palabras de Cristo, más allá del debate inevitable que despierta una cooperación tan estrecha de EE.UU con Colombia, hay que reconocer que esa alianza permitió un avance sustancial del Estado en el control territorial del país, en golpear a la cúpula de la guerrilla y abrir el camino de una superioridad militar. “Los resultados fueron positivos y por eso consideramos necesario consolidar esa cooperación del Estado norteamericano, ya no para la guerra sino para la paz”.
Para un crítico de la guerra contra las drogas, como Adam Isacson, el debilitamiento militar de las Farc y el fortalecimiento del Estado hicieron posible, en últimas, que se iniciara el proceso de paz que está en curso en La Habana.
En los últimos años, debido a la crisis económica en EE.UU., la cooperación ha disminuido. Isacson dice que actualmente llegan a Colombia alrededor US$400 millones anuales en ayuda, antes eran más de US$700 millones. De esos US$400 millones, alrededor del 40% ya no van a los militares ni a la policía, sino que se destinan al apoyo de la reforma judicial, a los desplazados, indígenas y afrocolombianos, también a programas de restitución de tierras y algo para desmovilizados. “Esas son necesidades enormes y se puede aumentar la ayuda. Además, Colombia hará varios compromisos en los acuerdos de paz, que van desde lo rural hasta la seguridad para desmovilizados y un nuevo programa para víctimas”.
El otro 60% es ayuda que se divide entre lo militar-policial, la estrategia antidrogas, la fumigación e interdicción, el plan estratégico Espada de Honor y la inteligencia para combatir a las Farc.
Del acuerdo que se logre con la guerrilla en materia de drogas dependerá en buena medida cómo se reorienten esos presupuestos. Uno de los principales debates que despertó la propuesta del senador Cristo en Washington giró alrededor de ese punto. Para Isacson es claro que si en las negociaciones las Farc se comprometen a continuar con la erradicación de la coca, no se va a tener que fumigar y, por lo tanto, la ayuda antidrogas, que es algo muy costoso, se va a recortar. “Se va a poder implementar un programa más modesto de erradicación —voluntaria y manual— y los ahorros se pueden invertir en el cumplimiento de los acuerdos”.
Hay dos temas específicos en que los colombianos piden que EE.UU. sea flexible: “Lo primero es la fumigación con herbicidas. Muchos sectores del gobierno de Estados Unidos quieren que eso siga como se hace todos los años, pero es probable que en La Habana acuerden suspender o parar la fumigación, eso tiene que empezar a contemplarlo Washington. Lo segundo, que no es tan grave, es la extradición. Aquí lo judicial está separado del gobierno, el presidente no le dice a la justicia a quién extraditar. Si Colombia no cumple, el Departamento de Estado decidirá si eso afecta o no las relaciones bilaterales, aunque no es previsible que las afecte demasiado”.
Aun si se firma la paz se seguirá necesitando ayuda para los militares, ya no tanto para la lucha armada, sino para su ajuste al posconflicto. “¿Va a necesitar Colombia 480 mil uniformados? Probablemente habrá necesidad de más policía, la criminalidad será una preocupación principal en el país, generará riesgos institucionales y EE.UU. puede apoyar”, dice Isacson.
Washington ha cooperado antes a países en posconflicto, por ejemplo El Salvador. Cynthia Arnson, directora del programa para América Latina del Woodrow Wilson Center, explica que fueron US$6.000 millones en ayuda económica y militar para el país centroamericano durante los 12 años de la guerra. La contribución después de los acuerdos de paz firmados en 1992 fue una pequeña fracción de ese monto. “La cantidad de dinero y el compromiso era mayor en la guerra que en el posconflicto”. En todo caso, la colaboración se invirtió en programas económicos, para la reforma agraria, la reforma judicial, la Corte Suprema y la nueva policía nacional civil. Esa cooperación se mantuvo durante varios años y empezó a bajar a finales de los 90.
Las variables entre las situaciones de El Salvador y Colombia son muy distintas. “El Salvador es un país más pequeño que Colombia. Además, a principios de los 90 la economía de EE.UU. estaba creciendo y al interior del país eran menores todas las batallas de la deuda y lo fiscal, que se han agudizado en los últimos años”, dice Arnson.
La economía estadounidense apenas empieza a recuperarse después de una crisis económica que obligó al gobierno a recortar sus gastos. Mientras algunos piensan que si se firma la paz en Colombia Washington buscará las maneras para agilizar la trasferencia de recursos, Cynthia Arnson no es tan optimista: “Desde el punto vista político y moral EE.UU. y otros donantes internacionales deberían hacerlo, pero francamente, en la situación económica y fiscal de EEUU., tengo dudas de que esta ayuda se realice. Seguro van a querer cooperar para implementar los acuerdos, pero tendrán que sacar el dinero de algún lugar y si el Congreso no está dispuesto a dar, entonces los planes no prosperarán”.
dsalgar@elespectador.com
@DanielSalgar1