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El Gobierno colombiano ha gastado más de $2 mil millones en la defensa de sus intereses ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Luego del fallo emitido por ese tribunal, el 19 de noviembre de 2012, que estableció los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, la administración de Juan Manuel Santos decidió contratar una serie de asesores nacionales e internacionales para estudiar las posibilidades jurídicas del país frente a la sentencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores le reveló a El Espectador, en respuesta a un derecho de petición, cuánto ha pagado el Gobierno por los servicios de abogados, internacionalistas y otros expertos en la materia.
El primer equipo legal asesor, anunciado por la canciller María Ángela Holguín días después de la sentencia, incluía al internacionalista Juan Daniel Jaramillo, el exviceministro de Justicia Joaquín Polo Montalvo, el exprocurador General de la Nación Carlos Gustavo Arrieta, el exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, Andelfo García y Luis Ricardo Paredes. Después se vinculó Rafael Nieto Navia, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Cancillería no reveló los honorarios de todo el equipo. Sin embargo, en el documento entregado a este diario, sí se supo que Juan Daniel Jaramillo (contratado en dos ocasiones) recibió por su primera asesoría —entre el 19 y el 31 de diciembre de 2012— un pago de $10 millones. El segundo contrato —con fecha del 25 de julio al 30 de septiembre de 2013– tuvo un costo de $58 millones.
Según datos del Ministerio, Joaquín Polo Montalvo, contratado entre el 7 de marzo y el 7 de junio de 2013, recibió por su asesoría $34’800.000.
Con Carlos Gustavo Arrieta la Cancillería suscribió un contrato que iba del 23 de abril hasta el 31 de diciembre de 2013, por un valor de $208.800.000. Sin embargo, dicho acuerdo se dio por terminado de manera anticipada, por lo cual el valor total ejecutado fue de $139’200.000. En su respuesta a este diario, el Ministerio de Relaciones Exteriores no incluyó los honorarios de los otros miembros del equipo.
A finales de diciembre de 2012, la canciller anunció que, además de los abogados colombianos, el Gobierno contrató a la firma británica Volterra Fietta. Entonces Holguín aseguró que “en menos de cuatro meses estarían listos los recursos que se presentarían ante la CIJ” y contó que tendría la primera reunión con esa firma en París en enero de 2013. En ésta se acordó el pago que recibiría Volterra-Fietta y que según el recurso respondido a este periódico por el Ministerio, ascendió a US$800.000 (equivalente a $1.636’400.000 en el cambio actual).
La única acción jurídica que tomó el Gobierno fue denunciar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como el Pacto de Bogotá. No obstante, esta salida del pacto no constituye como tal una estrategia frente al fallo de la CIJ, porque no modifica la sentencia ni exime al Estado de su obligatorio cumplimiento.
Y mientras el Gobierno se asesoraba pasaron diez meses. El 16 de septiembre de 2013, Managua presentó un requerimiento ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental para que este organismo de la ONU formulara recomendaciones para fijar el límite de la plataforma continental extendida del país centroamericano.
Frente a esta acción de Nicaragua, Colombia contrató a un nuevo grupo de abogados conformado, según Cancillería, por Michael Reisman, Mathias Herdegen, Rodman Bundy, Michael Wood, Eduardo Valencia Ospina y Tullio Treves. Casi todos firmaron contratos entre el 25 de noviembre y el 31 de diciembre de 2013, excepto Mathias Herdegen, quien lo hizo desde el 29 de noviembre.
El estadounidense Reisman, especialista en derecho internacional público y arbitraje internacional, suscribió contrato por un valor de US$26.239,66 (equivalentes a $53’673.200 en el cambio actual).
A Mathias Herdegen, un alemán especialista en derecho internacional público, quien fue director del Instituto de Derecho Internacional y del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Bonn, le pagaron US$11.586,60 (equivalentes a $23.700.400).
Rodman Bundy es estadounidense, especialista en derecho internacional público, litigios y arbitraje internacional. Ya había prestado sus servicios como abogado para la defensa de Colombia en el diferendo que empezó desde que Nicaragua interpuso su demanda en 2001, sobre la cual la CIJ falló el 19 de noviembre de 2012. El contrato de Bundy tiene un valor de US$17.356,94 (equivalentes a $35’503.400).
El inglés Michael Wood, especialista en litigios internacionales, derecho internacional público, derecho del mar, derechos humanos y derecho internacional humanitario, firmó contrato por US$11.200, lo que en pesos sería $22’909.600.
Eduardo Valencia Ospina fue secretario de la CIJ hasta el año 2000 y luego hizo parte, junto con Bundy, del grupo que defendió a Colombia contra la primera demanda interpuesta por Nicaragua. El Ministerio le pagó US$10.988,74, equivalentes a $22’477.500.
Tullio Treves es un italiano especialista en litigios internacionales y derecho del mar. Al igual que Rodman Bundy, fue abogado para Perú en el caso de la disputa marítima contra Chile, sobre la cual la CIJ emitió sentencia el pasado 27 de enero. Su contrato tiene un valor de US$13.696,34, lo que en pesos sería $28’015.900.
El total de los contratos suscritos con el primer grupo de asesores, con la firma Volterra-Fietta y con los abogados para estudiar la defensa en el caso de la plataforma continental, asciende a $2.064’680.000.
La Cancillería sigue estudiando la estrategia jurídica más idónea frente al fallo de La Haya. Además del retiro del Pacto de Bogotá, la otra decisión tomada por el Gobierno fue no presentar a la CIJ un recurso de revisión de la sentencia, en el cual se alegara como ‘hecho nuevo’ los contratos suscritos entre Nicaragua y la empresa china HK Nicaragua Canal Development Investment (HKND). La misma canciller Holguín ha aclarado que presentar ese recurso de revisión no tendría muchas probabilidades de cambiar la decisión de la CIJ y podría, en cambio, afectar la defensa de Colombia ante la segunda demanda interpuesta por Managua el 16 de septiembre del año pasado.
Nicaragua no era el único caso que tenía a Colombia en los estrados internacionales. Para evitar un fallo adverso, como el del 19 de noviembre con Nicaragua, el Gobierno decidió llegar a un acuerdo en la demanda que Ecuador había interpuesto ante la CIJ en 2008. El país vecino llevó a Colombia ante la Corte por los efectos que las aspersiones colombianas con glifosato habrían causado en cultivos y poblaciones ecuatorianas.
Luego de una negociación con el gobierno de Rafael Correa, se llegó a un trato para que Ecuador retirara la demanda. El acuerdo, firmado en agosto del año pasado entre la canciller Holguín y su homólogo ecuatoriano, Ricardo Patiño, fue cuantioso: Colombia pagó una contribución económica de US$15 millones, orientados al desarrollo social y económico en las áreas de frontera, particularmente en Esmeraldas y Sucumbíos.
Daniel Salgar Antolínez
dsalgar@elespectador.com
@DanielSalgar1