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Desde 2012 el gobierno de Colombia lideró junto a México y Guatemala un debate regional y global sobre la búsqueda de alternativas al paradigma prohibicionista en política de drogas. Tres pequeños países que han sido escenarios del fracaso y los enormes costos de la “guerra contra las drogas” pidieron una reflexión más realista sobre el régimen vigente, que no ha alcanzado ni alcanzará su propósito: liberar al mundo de las drogas. Los tres latinoamericanos lograron un amplio apoyo para que se hiciera, de manera extraordinaria y con carácter urgente, la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre Drogas que comienza este martes, tres años antes de la que está planeada para 2019 en la agenda oficial. (Guía práctica para entender la Asamblea General de la ONU sobre drogas)
Ann Fordham, directora ejecutiva del International Drug Policy Consortium (IDPC), destaca que en los últimos años Colombia ha sido clave en dar un debate fuerte sobre el ideal de un “mundo libre de drogas”. El discurso progresista colombiano en esta materia es reconocido internacionalmente, a pesar de que no corresponda del todo con la realidad interna del país. Fordham dice que, además, el compromiso con la inclusión de la sociedad civil en el proceso hacia Ungass 2016 puede ser contado como un éxito para Colombia y México, y que “las negociaciones que enfrentaron estos países en la etapa previa a la Asamblea fueron más difíciles que nunca y lograron generar una presión sobre los países que defienden el status quo. Así que aunque el resultado general de la Asamblea sea decepcionante, se ha logrado avanzar para el próximo gran momento de las drogas en la ONU, que es en sólo tres años”.
Para quienes esperaban grandes reformas en las convenciones que componen el régimen internacional de estupefacientes, el resultado de Ungass 2016 será decepcionante. No reflejará el debate abierto que querían los tres países latinoamericanos. En este sentido, explica Fordham, pese a los avances individuales de Colombia u otros países, la Asamblea General no puede ser considerada un éxito total. Hay evidentes cambios en el terreno, como la regulación estatal del cannabis en Uruguay y varios estados estadounidenses, “pero en la ONU es como si esto no ocurriera. Más decepcionante aún es que no haya reconocimiento formal del daño devastador causado por la guerra contra las drogas y que, en cambio, algunos estados sostengan que se han hecho progresos”.
Los resultados de Colombia
Algunos llaman la batalla de Viena a las negociaciones previas a Ungass 2016, que se hicieron entre 53 países en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en la capital austriaca. En esas negociaciones, Colombia fue uno de los líderes que recibieron apoyo de los latinoamericanos y caribeños, además de Suiza, Noruega, la Unión Europea en general y particularmente Países Bajos, República Checa, además de Nueva Zelanda y varios africanos, en especial Ghana y Senegal.
Sonia Eljach, asesora de la Cancillería para la Revisión de las Políticas internacionales de Drogas, explica que en Viena fue evidente la existencia de dos tendencias a nivel internacional. Por un lado, los estados pro statu quo, y por el otro, los afines a Colombia, los que “que abogamos por un cambio hacia políticas más integrales que tengan como eje al ser humano”.
Colombia llegó a Viena con una agenda muy ambiciosa y era poco probable que lograra concretar todas sus propuestas. Los resultados no se pueden evaluar en blanco y negro. Según Eljach, entre las propuestas principales que se presentaron se puede incluir que el país “apostó por recuperar el fin último de las Convenciones de Drogas, que se ha extraviado y consiste en “preservar la salud y el bienestar de la humanidad”; que Colombia abogó por políticas centradas en los derechos y libertades y por un enfoque de salud para abordar el consumo, incluyendo medidas de reducción de daños y descriminalización del usuario de drogas, así como por medidas para garantizar el acceso equitativo a medicamentos controlados para fines médicos.
En materia de DD.HH. y justicia penal, que son temas gruesos del régimen de drogas, dice Eljach que Colombia llamó a la eliminación de la pena de muerte o a una moratoria en su aplicación. Un llamado que parece demasiado ambicioso, pero en realidad es un mínimo de DD.HH que debería ser universalmente aceptado. Colombia también defendió las alternativas a la privación de la libertad para los delitos menores; descriminalizando el consumo, concentrando toda la capacidad del Estado en perseguir a la criminalidad organizada, a las bandas y mafias de narcotraficantes.
¿Qué logró Colombia? Sonia Pereira fue la que dio la batalla en Viena para negociar el documento que se adoptará en esta Asamblea de la ONU, con el cargo de embajadora especial para la negociación del Documento de Resultados de Ungass 2016. Dice ella que entre los logros más importantes se destaca, primero, que se incluyó el respeto, protección y promoción de los DD.HH. en el diseño e implementación de estrategias y políticas de drogas. Este no es un logro menor, porque “abre la puerta a mayores cambios en los lineamientos internacionales para abordar el problema mundial de las drogas con políticas más humanas, realistas y eficaces. Se sentaron las bases para ese cambio”.
Segundo, se incluyó un mayor énfasis en el enfoque de salud, el compromiso de prevenir y tratar la drogodependencia como un trastorno de la salud.
Tercero, por primera vez se incluyeron algunas medidas de reducción del daño. Aunque no hubo consenso para incluir el término “reducción de daños” en el borrador de Viena, quedó implícito que en el marco de la salud pública se pueden adelantar este tipo de estrategias, que han demostrado no aumentar las tasas de consumo constantes y ser altamente efectivas para proteger la vida, los derechos y la seguridad de los usuarios de drogas en países de Europa, Estados Unidos y Canadá, y se están haciendo programas piloto en varios países de América Latina, entre esos Colombia.
Y cuarto, se logró incluir la proporcionalidad en las sentencias y las alternativas al encarcelamiento. Esto les daría un impulso a Colombia y otros países para reducir su hacinamiento carcelario y la desproporción de sus propias leyes sobre drogas, para que los ciudadanos capturados con droga en esos países o en el extranjero no enfrenten penas peores a las que enfrentan asesinos o violadores.
¿Qué no logró Colombia? Había otras propuestas más contundentes, como la descriminalización del consumo y la abolición de la pena de muerte. Sobre estos temas, claves para generar un cambio del paradigma prohibicionista, no se lograron consensos. En el bloque de países pro statu quo, encabezados por Rusia y China, están los que menos han vivido en carne propia la “guerra contra las drogas”, para estos es políticamente más conveniente conservar una posición dura contra las drogas.
Tampoco se obtuvo consenso sobre el establecimiento de un panel de expertos para que formulen recomendaciones, basabas en la evidencia, sobre la arquitectura del régimen internacional de fiscalización y la mejor manera de abordar el problema mundial de las drogas después de 2019, cuando vence el plazo para lograr los objetivos previstos en la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009. Objetivos que se resumen en llegar a un mundo libre de drogas.
En palabras de Sonia Pereira, esa meta es “objetivamente irrealizable”. En todo caso, los países que creen que eso aún es posible hicieron ciertas concesiones: “Primero, el “mundo libre de drogas” ya no se establece como un objetivo; segundo, ahora se dice “un mundo libre del abuso de drogas”, y tercero, junto a este “ideal” se incluyó la determinación de abordar los temas sociales, de salud pública y de seguridad derivados del uso indebido de droga.