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En 1968 en la sede de la UNAM de México nació un movimiento estudiantil que pedía mayor libertad de expresión, mejoras educativas y otros cambios políticos en el país. A él se sumaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y mucha gente de la capital mexicana. Luego de 71 días de mostrar su fuerza con marchas, enfrentamientos con las autoridades y huelgas, el movimiento decidió dar un paso más. El 2 de octubre de ese año, los líderes de la protesta organizaron una gran marcha estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
A las seis de la tarde justo cuando iniciaba la manifestación una bengala anunció la tragedia que vendría: A los pocos minutos, varios batallones de soldados y agentes vestidos de civil atacaron la manifestación. De acuerdo con Paco Ignacio Taibo, quien encabezó una Comisión de la Verdad, "más de 15.000 balas fueron disparadas y más de 300 personas murieron, además de 700 heridos y miles de estudiantes detenidos". El informe oficial, sin embargo, señala que fueron 40 los muertos.
Según testigos, la multitud entró en pánico cuando comenzaron los disparos. La gente corría y gritaba y muchos caían en la huída. "Es difícil distinguir quienes cayeron por las balas y quiénes por la estampida", señalan.
En ese momento, México estaba bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), fallecido el 15 de julio de 1979, y su secretario de Gobernación era Luis Echeverría Álvares, aún vivo. De hecho el presidente, en su Quinto Informe de Gobierno, presentado el 1 de septiembre del año siguiente leyó: "Por mi parte asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica pos las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado". Enseguida recibió una ovación sin precedentes de miles de personas que se encontraban en la cámara de Diputados. Murió sin enfrentar a la justicia.
Luis Echeverría Álvares, quien era secretario de Gobernación (interior) y que después asumió la presidencia (1970-1976), fue condenado en 2003 a arresto domiciliario por su avanzada edad, pero no por los hechos del 68, sino por la llamada guerra sucia de los años 70. En 2009 fue exonerado y actualmente vive en su casa del sur de la Ciudad de México, sin que hasta ahora haya culpables que hayan pagado ante la justicia por la represión.
Hoy, 45 años después los hechos todavía no están claros. Un documental, que salió a la luz en 1999, elaborado por Carlos Mendoza, investiga hechos y da un testimonio del entonces ministro de Defensa, el general Marcelino García Barragán. Esta investigación plantea que el general Luis Gutiérrez Oropesa fue el responsable de "permitir que asesores estadounidenses adiestraran al personal del Estado Mayor Presidencial durante el conflicto estudiantil y de ordenar que oficiales de este cuerpo desarrollaran actividades terroristas contra los estudiantes".
Ese testimonio va acompañado por un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos que señala que Gutiérrez Oropesa "se había excedido en sus funciones" y "cambiado deliberadamente la órdenes" de su superior, el general Barragán “durante los sucesos”.
En 2002, la Corte Federal de Justicia Mexicana ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir investigaciones sobre la masacre, tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las pesquisas del caso habían sido archivadas porque los delitos habían prescrito.
Este miércoles, como todos los 2 de octubre, una marcha recordó la masacre. Este año fue organizada por el movimiento de maestros, quienes llevan protestando un mes y medio por mejoras salariales.
En un intento por tener un registro fiel e imparcial de la marcha de este miércoles, Artículo 19, una organización defensora de la libertad de expresión, hará un monitoreo de la manifestación."Parece que hay un patrón en la Ciudad de México (...) de criminalizar la protesta" y "con detenciones arbitrarias que nos lleva a pensar que desde la sociedad civil tenemos que generar redes de solidaridad para monitorearnos", dijo a la prensa Antonio Martínez, de Artículo 19. El alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió a los maestros disconformes que no marchen con el rostro cubierto y que no lleven objetos para agredir. Los maestros buscan la derogación de leyes secundarias de la reforma de educación porque consideran que violan sus derechos laborales.