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El intento de violación de una estudiante de la Universidad de los Andes fue la chispa que prendió la protesta en la ciudad de Táchira. Agobiados por la inseguridad creciente, estudiantes de las universidades Católica y los Andes convocaron marchas el pasado 4 de febrero. Y fue allí donde todo comenzó. Ese día, Reinaldo y Leonardo Manrique y Jesús Gómez, quienes lideraban la manifestación en el sector Paramillo de San Cristóbal, capital del fronterizo estado de Táchira, fueron apresados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y enviados a una cárcel de alta seguridad en el occidental estado de Falcón.
La acción provocó una ola de protestas que luego se extendieron a varias ciudades del país y que el gobierno califica hoy como “golpe de Estado en desarrollo”. La demanda era la liberación de los detenidos. Hasta ahora, sólo los hermanos Manrique están en la calle, mientras Gómez sigue preso, enfrentando cargos de incitación a la violencia, terrorismo y conspiración.
La situación empeoró el 12 de febrero, cuando un sector de la Mesa de la Unidad Democrática, liderado por el dirigente político Leopoldo López, convocó a una marcha en Caracas, en la que, además de pedir la liberación de los estudiantes, se incorporaron reclamos por la situación económica y la sustitución del presidente, Nicolás Maduro. El saldo, hasta la noche de ayer, según las últimas informaciones, era de seis muertos (incluida una reina que recibió un tiro en la cabeza en la ciudad de Valencia), más 450 heridos y 200 detenidos.
Grupos de derechos humanos y víctimas de la represión han denunciado excesos y abusos, lo cual ha exacerbado aún más las protestas. El miércoles en la noche, la ciudad de San Cristóbal seguía tomada por policías y militares y los disturbios no cesaban.
“Desde la medianoche no hay internet en la gran mayoría del estado y sólo funciona la telefonía fija, pero intermitentemente. Las órdenes del gobierno son aislarnos y seguir reprimiéndonos para que el mundo no vea estos ataques tan brutales contra la población civil desarmada”, dijo a El Espectador María L., ama de casa que exigió el anonimato “por temor a que a mi hijo de 20 años lo encarcelen y torturen de nuevo. El lunes lo llevaron a golpes y a patadas al comando regional, en donde estuvo 36 horas preso e incomunicado”.
Vía telefónica, María L. dijo que “San Cristóbal está en paro, nadie va a la escuela o a trabajar porque estamos sitiados por los militares. Todas las noches hay disturbios y ayer las principales calles de la ciudad estaban con barricadas”. Y explicó que los pocos puntos de conexión con la internet provienen de memorias portátiles. Sobre la situación en la frontera con la ciudad de Cúcuta, en Colombia, dijo que “se bloquea intermitentemente. Los manifestantes colocan autos y barricadas por varias horas, pero luego quitan todo”.
Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, miembro del partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, y quien ha sido acusado por el gobierno de preparar un plan desestabilizador, denunció que la ciudad estaba bajo la custodia la Fuerza Nacional Bolivariana.
Paramilitares colombianos
El gobierno reconoció que en Táchira hay graves problemas de orden público. Maduro ordenó la suspensión del porte de armas y trascendió que hubo destituciones en la jefatura del Ejército en la zona andina de Venezuela, una de las más conflictivas del país.
El presidente venezolano denunció que paramilitares colombianos intervienen en las protestas, siguiendo la misma línea del gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma, quien aseguró que 120 ilegales entraron allí para infiltrarse en las protestas de la oposición. Maduro expresó que los protestantes son venezolanos, pero la situación en Táchira es diferente, debido a que “son colombianos mandados por Álvaro Uribe y el jefe fascista que está preso”.
Maduro aseguró que “si se necesita, estoy listo para meter los tanques, las tropas, la aviación y toda la fuerza militar, porque a Táchira lo preservaremos como estado venezolano”. Horas más tarde, el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, aseguró: “Se ha ordenado la movilización de un batallón de paracaidistas al estado de Táchira para reforzar los accesos a San Cristóbal, porque se ha detectado personal colombiano que viene a cumplir misiones paramilitares”. Rodríguez negó que la medida implique una militarización de San Cristóbal, pues el operativo se limitará a controlar las carreteras de la zona. En conferencia de prensa televisada, el ministro agregó que rige “un toque de queda de facto en la frontera con Colombia”.
Entre tanto las federaciones estudiantiles que impulsan las protestas en todo el país llamaron “a la sociedad civil venezolana a responder a la violencia con flores blancas”. El líder opositor, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, ratificó que el sábado habrá una marcha en Caracas, “para exigir el desarme de los grupos paramilitares que financia el gobierno”. La marcha también exigirá la libertad de López, quien según sus abogados podría permanecer 45 días más en prisión preventiva mientras se prepara el proceso del que ya se eliminaron los cargos de terrorismo y homicidio.
Pero todo puede pasar, pues Maduro volvió a advertir: “Leopoldo López ordenó quemar las calles para derrocar al gobierno. ¿Y dónde está? En la cárcel, como yo dije”. Después amenazó con expulsar del país a la cadena de noticias CNN. “Le pedí a la ministra de comunicación que le informe a CNN que se inició un proceso administrativo para sacarlo de Venezuela si no rectifican. Ya basta de propaganda de guerra. Si no rectifican fuera de Venezuela”, fustigó el mandatario.