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Cynthia Arnson es un referente para hablar acerca de procesos de paz en América Latina. Ha publicado cinco libros sobre los conflictos, la democracia y la política de la región. En su oficina del Woodrow Wilson Center, en Washington, donde trabaja como directora del programa para América Latina, Arnson aplaude la agenda del proceso de paz en Colombia, pero advierte que debe haber un equilibrio entre los avances inmediatos que exige la política y la posterior implementación de los acuerdos para consolidar la paz. Dice que el presidente Juan Manuel Santos, que acaba de recibir el premio al Servicio Público del Woodrow Wilson Center —galardón que sólo han ganado antes los presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff— es una figura “transformadora”.
Lo primero que logró Santos con las Farc fue un acuerdo agrario. ¿Por qué cree usted que era el primer tema en la agenda?
La gran mayoría de los colombianos, más del 70%, vive en los centros urbanos. Pero, pensando en las demandas históricas de las Farc y en que la razón de este grupo guerrillero tenía que ver con el campo y la vida de los campesinos y la justicia rural, haber incluido ese tema como el primer punto en la agenda representa un viraje importantísimo en el reconocimiento de la centralidad del problema para resolver el conflicto interno armado. Ponerlo como el primer punto fue una decisión correcta; costó más tiempo de negociación del que uno esperaba, pero eso no me sorprende debido a la complejidad del tema. Los demás puntos en la agenda son también muy espinosos y van a requerir un poco más de tiempo.
Santos ha dicho que noviembre de 2013 es la fecha límite para mostrar resultados en el proceso de paz. ¿Ese plazo es realista?
En el contexto político, tiene sentido poner un plazo a las conversaciones. La historia reciente de Colombia demuestra que una agenda sin fechas límite es fatal para el proceso, como se vio en tiempos de Pastrana. Una fecha obliga a avanzar con disciplina y rapidez, sin perderse en conversaciones que nunca terminan. Sin embargo, el conflicto no se va a resolver de la noche a la mañana, hay que encontrar un balance entre la necesidad política de avanzar rápidamente y respetar el proceso constitucional de Colombia, y a la vez reconocer que estos temas son muy complejos.
¿Qué viene después de firmar los acuerdos?
En otros procesos de paz en América Latina se ha dicho que llegar al acuerdo fue la parte fácil, dada la complejidad y la dificultad de los temas en la agenda. Pero justamente el período de la implementación es la parte clave. Hay una serie de compromisos que son el corazón del acuerdo, el éxito en su implementación define si el país logra la paz, o si hay motivos para entrar en otro tipo de actividad armada ilegal, o si hay voluntad de transformar el país y ampliar el espectro político, incorporar a más gente en la vida económica y social. Esas transformaciones toman años y, en muchos casos, décadas.
¿Cuál es el mejor ejemplo en América Latina de consolidación de un proceso de paz?
Hay sólo victorias parciales. Uno de los ejemplos más exitosos es el de El Salvador, donde un grupo armado poderoso militarmente logró transformarse en un partido político y, en alianza con sectores civiles, ganar la Presidencia y tener una pluralidad en la Asamblea Legislativa. Lo que no va bien en El Salvador, porque no fue un tema en la negociación, es la parte económica y social. También es enorme la violencia de posguerra y de las maras. Eso muestra la necesidad de tener programas reales de reinserción de excombatientes.
¿Qué debería aprender Colombia de esa experiencia?
Colombia tiene mucha experiencia en reinserción de grupos guerrilleros. Hubo experiencias muy exitosas durante los años 90. Tiene muchas lecciones nacionales y de los procesos anteriores en el país. La desmovilización no es solamente de los combatientes guerrilleros, implica también una reducción en la fuerza militar y una transformación de un ejército organizado para combatir a la guerrilla a uno dedicado a otra cosa. Hay que dar también posibilidades de empleo a los soldados y a los exmiembros de la Policía, para que no se conviertan en un grupo de presión contra el Gobierno porque no se estén implementando los programas. Hay que ver la desmovilización en un contexto amplio e integral.
A muchos colombianos los aterra ver en el futuro a exmiembros de las Farc en la política. ¿Cómo asimilar eso?
La clave en cualquier proceso es convertir la lucha militar en lucha política, dentro de las normas legales y constitucionales de un país. Obviamente, el tema de la justicia transicional está estrechamente vinculado al de la participación política, porque la sociedad o la comunidad internacional no van a permitir que gente culpable de crímenes de guerra o de lesa humanidad participe con impunidad en la vida política. Por eso la necesidad de tener un proceso creíble de sanción e investigación de estos actos.
Santos se reunió con el presidente de Uruguay, José Mujica, durante la Asamblea General de la ONU. ¿Qué opina de ese encuentro?
Mujica es una figura de la izquierda muy respetada en la región y es la muestra perfecta de lo que se puede esperar de un proceso de paz o de una salida a la guerra de guerrillas, porque fue guerrillero y ahora es presidente, a través de la legalidad y respetando todos los procesos de la democracia uruguaya desde la transición de la dictadura.
Al principio el proceso de paz en Colombia fue criticado porque no estaba el Eln. Ahora el presidente anunció que está listo para negociar con este grupo...
Comparto la convicción de que es necesario negociar con todos, pero se tiene que tener cuidado de no poner una agenda muy amplia sobre las demandas específicas de este grupo. La demanda central del Eln ha sido siempre el control de los recursos naturales del país. Pensar que las empresas multinacionales se van a ir y todo va a ser nacionalizado, o colombianizado, es un fantasma. Eso no se puede negociar.
Usted ha hablado en otras ocasiones de la importancia de una comisión de la verdad en Colombia.
Una comisión de la verdad ya existe en Colombia, a través de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Lo que pasa en casi todas las guerras es que la escala de la violencia, de las masacres, la tortura y el secuestro, es tan enorme que es imposible pensar que el sistema judicial va a poder procesar a todos los culpables. La idea de la justicia transicional es seleccionar los casos más graves y dar investigación, sanción y procesamiento a estos grupos o individuos que hayan cometido los grandes abusos. Una comisión de la verdad que se abra a todas las víctimas ayuda a la sociedad a entender lo que pasó y su gravedad, así como quiénes fueron los responsables, y no solamente establecer una versión oficial de la historia, sino también hacer recomendaciones sobre cómo reparar a la gente. Lo novedoso de Colombia es que durante la guerra, antes del fin del conflicto, ya ha logrado esclarecer muchos casos.
¿Qué proceso en Latinoamérica se puede comparar con el de Colombia?
El de Colombia es único, por la combinación de movilizaciones parciales y la duración del conflicto. Sin embargo, tiene mucho en común con países de África, donde se mezclan las economías ilegales con la guerra, y creo que esa va a ser la parte más difícil de desmontar.
dsalgar@elespectador.com
@DanielSalgar1