El 13 de septiembre de 2006 renunció a su cargo como jefe de Seguridad de la Fiscalía Yesid González Roa. Días antes había sido sorprendido cuando intentaba sustraer valiosos documentos de una oficina del búnker. Después se supo que en realidad había borrado los antecedentes y archivos de dos funcionarios del CTI que 13 años atrás habían sido declarados insubsistentes. Este episodio es hoy la clave del escándalo de la presunta infiltración del narcotráfico en las finanzas de Santa Fe.
Aunque las vueltas de González pasaron en su momento inadvertidas, porque coincidieron con las denuncias sobre la presencia del mentalista Armando Martí como asesor del ente investigador, lo que hoy tiene documentado la justicia es que González no solamente tuvo acceso al Centro de Información sobre Actividades Delictivas (Cisad), sino que ocultó los antecedentes de Luis Agustín Caicedo Velandia y Claudio Javier Silva Otálora, dos de los recién capturados en la ‘Operación Cuenca del Pacífico’.
¿Cuál era el interés de los ex investigadores del CTI Caicedo y Silva para borrar su pasado? Simplemente que cambiaron de bando y se pasaron a trabajar con la mafia. Primero con Daniel El Loco Barrera y después con Wílber Varela, alias Jabón, el capo de capos del cartel del norte del Valle. De hecho, como vino a probarlo la Fiscalía hasta abril de 2009, Claudio Javier Silva Otálora se convirtió en uno de sus principales testaferros. 118 de sus bienes están hoy intervenidos por las autoridades.
Simultáneamente, Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Lucho, tan poderoso como su ex colega del CTI, fue adoptando un perfil más discreto. Ubicó a su familia en España y se fue a vivir a un barrio de clase media en Buenos Aires, desde donde coordinaba sus actividades con permanentes desplazamientos a Centroamérica. En la capital de Argentina fue capturado en abril pasado, y hasta la Policía de este país se mostró sorprendida porque era un individuo que vivía de una manera austera.
Hoy empieza a descubrirse que Caicedo y Silva llegaron más allá y, al parecer, a través de los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle, Los Comba, destronaron al sanguinario Wílber Varela, asesinado en Venezuela en enero de 2008. Por eso esta semana, al relacionar sus capturas en Buenos Aires y Puerto Gaitán (Meta), la Policía no dudó en decir que El Loco Barrera y Los Comba eran apenas el segundo eslabón de los nuevos capos del narcotráfico y dueños de las rutas hacia México y Europa.
Exacto o no, lo real es que empezaron a quedar en evidencia por un secreto a voces: le estaban inyectando dinero al club Independiente Santa Fe de Bogotá. Este viernes lo ratificó el director de la Policía, general Óscar Naranjo, al pedir que no se estigmatice a los equipos, pero lamentó “la vieja práctica de los narcotraficantes” de utilizar los clubes como fachada de narcotraficantes para lavar dinero producto de negocios ilícitos. Y agregó que el proceso avanza “sustentado en pruebas irrefutables”.
Lo había advertido este diario en informaciones publicadas en marzo y noviembre de 2007, y mayo de 2009. La mano de Claudio Javier Silva Otálora había quedado reseñada directamente a través de la presencia de su cuñada Damaris Plata Ocampo como coordinadora de las escuelas de formación deportiva de Santa Fe. Sería un empleo más si no fuera porque a nombre de su hermana Bertha Janeth Plata Ocampo, esposa de Silva Otálora, figuraban la mayoría de bienes que hoy tiene incautado el Estado.
Una fuente confiable se lo había revelado a El Espectador: “Los que se dicen dueños de Santa Fe se llaman Claudio Javier Silva, Luis Caicedo y Julio Lozano”. Los dos primeros están capturados. El tercero está relacionado en varios reportes financieros en poder de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos. Es un empresario reportado por el presunto delito de receptación y al parecer vive en México. Sus vínculos comerciales están relacionados con el mundo de las esmeraldas.
Es socio capitalista de la empresa Mineros de Muzo y subgerente de la empresa Minera de San Francisco S. A. A su vez, la empresa C. I. Perfect Esmerald Ltda. tiene el mismo domicilio de la primera de las firmas referidas y aparece a nombre de quienes son sus beneficiarios o familiares. Entre febrero del año 2006 y junio de 2008, según reporte de FinCen de Estados Unidos, esta compañía registró por reintegro de exportaciones de esmeraldas un exorbitante valor de $42.257 millones.
La empresa C. I. Perfect Esmerald Ltda. tiene varios socios comerciales en Estados Unidos, entre ellos un individuo identificado como David K. Shuffman, quien según FinCen, “registra una anotación en el Servicio Secreto” del país norteamericano. Los últimos reportes financieros de una entidad bancaria sobre Julio Alberto Lozano Pirateque expresan que entre agosto de 2007 y agosto de 2008, la misma firma de su propiedad giró 79 cheques a 45 personas por un valor total de $10.252 millones.
Otra de las empresas de propiedad de Julio Lozano es el establecimiento comercial Distribuciones AM y JL. El conductor operativo de la compañía es realmente Juan de Jesús Carranza Bohórquez, quien tiene múltiples vínculos financieros, laborales y personales con el senador del Partido de la U Tulio César Bernal Bacca, quien ejerció la presidencia de Santa Fe entre octubre de 2007 y diciembre del mismo año. El congresista Bernal es asociado de Jesús Hernando Sánchez Sierra, también socio en tres empresas de Julio Lozano.
Otros detectives
Aunque los líos judiciales de Santa Fe datan de 1985, cuando asumió la presidencia del club César Villegas, una década después condenado por receptación de dineros del narcotráfico en el Proceso 8.000, también ha sido fuente de sospechas y polémica el ex juez Luis Eduardo Méndez Bustos, presidente del club entre 2003 y 2007. Se conocieron en la cárcel. El primero por el 8.000 y el segundo porque presuntamente había ayudado a la fuga del narcotraficante puertorriqueño Fernando Montañez.
Este sujeto se fugó de la sala de capturados del DAS el 23 de octubre de 1994 y fue recapturado cinco días después. Sin embargo, prendió su ventilador y señaló al menos a veinte funcionarios del organismo de seguridad, entre ellos a Luis Eduardo Méndez, a quien acusó de recibir dinero del narcotraficante Leonidas Vargas para ayudar a su evasión. Méndez fue absuelto en dos instancias, porque la justicia aceptó que él había hablado con Vargas y con narcos de la Costa, pero como no quiso colaborarles, terminó involucrado en la fuga.
César Villegas fue asesinado en marzo de 2002 en Bogotá, y Eduardo Méndez, a pesar de que Santa Fe estaba al borde de la liquidación y en la Ley 550 de quiebras, convenció a sus familiares de que le entregaran al equipo para revivirlo y buscar nuevos socios. En septiembre de 2005 ya tenía al primero: el ex juez y ex alcalde de Tunja Tulio César Bernal Bacca. No sólo se convirtió en principal accionista, sino vicepresidente. Después fueron llegando a la junta directiva otros postulados y conocidos.
El abogado Édgar Páez, ex detective del DAS y ex funcionario de la Fiscalía; Henry Cruz, ex juez, ex fiscal y ex director de la Academia de Inteligencia del DAS; y en la Comisión de Juzgamiento, para arreglar los problemas disciplinarios del club, al ex jefe de seguridad del CTI y ex escolta del ex fiscal Alfonso Valdivieso, William Fernando Duarte Quiroga. Para bien o para mal, llegaron los éxitos deportivos y la contratación de destacados y costosos futbolistas. Fueron tiempos de bonanza, pero también de dudas.
Sorpresivamente, el lunes 5 de febrero de 2007 Méndez renunció a la presidencia del club. Semanas después se supo que lo hizo porque un tribunal de Miami lo había sindicado de obstrucción a la justicia. La razón: a cambio de US$150.000 le había advertido al narcotraficante colombiano Rafael Caicedo Estrada, alias El Morrongo que lo iban a capturar con fines de extradición. De todos modos lo aprehendieron y condenaron, pero confesó que la persona que le había advertido había sido Luis Eduardo Méndez.
En la sinsalida, Méndez pidió ayuda y lo hizo a su amigo, el abogado Ricardo Villarraga Franco, ex director de Policía Judicial del DAS y también procesado en 1994 por la fuga del narcotraficante Fernando Montañez. Villarraga lo contactó con un abogado en Miami, quien logró que Méndez sólo recibiera 70 meses de condena. De hecho, volvió a Colombia el pasado 25 de enero, sin advertir que su abogado ya era un sospechoso que el pasado abril cayó en Miami en la ‘Operación Cuenca del Pacífico’.
Y mientras Villarraga caía en Miami, Luis Caicedo en Buenos Aires y Claudio Javier Silva en Puerto Gaitán (Meta), la Policía le montó la perseguidora a otro ex agente de DAS: Franklin Gaitán Morantes, alias Sergio, el hombre que se encargaba del esquema de seguridad de la organización y de pagarle desde $100 hasta $300 millones para sobornar a funcionarios de la Fiscalía y la Policía. Con serios problemas de movilidad, era discreto pero eficiente. Cayó la semana anterior y hoy está preso.
Ya fue capturado el capitán de la Policía Carlos Flórez, a quien le habían ordenado infiltrar a la organización de El Loco Barrera. De Villarraga se dice que tiene dineros en Santa Fe y a un hijo jugando en el equipo. El presidente del club, César Pastrana, sostiene que puede probar que no hay dineros ilícitos. La jefa de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, Ana Margarita Durán, dice que entraron dineros ilícitos al club a través de testaferros. El escándalo apenas comienza. La Policía afirma que vienen más capturas, pues la infiltración es grande.
La sombra de ‘Valenciano’
Según la Policía, la organización que empieza a ser desmantelada empezó a manejar el 60 o 70% del narcotráfico en Colombia, pero cuando se iniciaron las capturas se percataron de una realidad igualmente preocupante: estaban iniciando una guerra con alias ‘Valenciano’, conocido como el nuevo jefe de la llamada ‘Oficina de Envigado’. Al parecer, ‘Valenciano’ les mandó a decir que no se metieran en la Costa Norte y que si insistían en hacerlo, la respuesta era guerra. No se descarta, dice la Policía, que los miembros de este cartel hayan estado detrás de los atentados contra Víctor Carranza.