Hace un año, cuando el expresidente Álvaro Uribe reveló a través de su cuenta de Twitter un mensaje de inteligencia militar sobre la ubicación de sitios exactos en que se debían suspender operaciones militares para facilitar el desplazamiento de jefes guerrilleros a Cuba, revivió el síndrome de las ‘chuzadas’ ilegales. Las especulaciones en torno a quién había filtrado la información cedieron su protagonismo al rumor de que los diálogos de paz en La Habana eran blanco de interceptaciones por parte de opositores a esa negociación. Hoy el asunto sigue sin esclarecerse, pero ya es un escándalo en desarrollo con efectos judiciales a punto de conocerse.
Nada volvió a decirse de la Sala Gris, un enclave para desarrollar labores de inteligencia técnica que sin mucho ruido fue desmontada en agosto de 2013 por orden del fiscal Eduardo Montealegre, porque se detectaron interceptaciones ilegales a 137 líneas telefónicas de personajes públicos. En dicha sala trabajaba personal de inteligencia militar, la Armada y el CTI. El suceso pasó inadvertido, aunque después fue asociado con el súbito relevo de la cúpula militar, ordenado diez días después del desmonte de la Sala Gris. Los rumores de ‘chuzadas’ ilegales siguieron en ascenso, hasta que sobrevino el allanamiento de la fachada militar llamada Andrómeda.
El episodio tuvo lugar el 24 de enero de 2014, cuando el CTI ocupó un local ubicado en el barrio Galerías llamado Ethical Hacking “Comunidad Buggly”. En medio del escándalo se dijo que el sitio estaba siendo utilizado para interceptar los correos de los negociadores del Gobierno en La Habana. Sin conclusiones válidas, el Gobierno se curó en salud y trasladó a dos generales de inteligencia militar. No obstante, a las pocas horas, el propio presidente Santos argumentó que la fachada Andrómeda era legal. Desde entonces nada se sabe sobre los hallazgos de la Fiscalía, aunque en el interior del Ejército crece la preocupación sobre posibles capturas.
“Dicen que en los próximos días van a llamar a interrogatorio a varios oficiales de inteligencia y algunos particulares, y que incluso habrá capturas”, comentó una fuente militar consultada. En las Fuerzas Militares hay quienes afirman que se podrían cometer injusticias porque todo lo que sucedía en Andrómeda y otras fachadas similares era de pleno conocimiento del alto gobierno y del mando militar. Según otra fuente militar, una situación muy distinta a los últimos escándalos por los que ya fue capturado el hacker Andrés Sepúlveda, que al menos dejan en evidencia un mercado de información reservada obtenida irregularmente.
El Espectador conoció varios documentos a través de los cuales las Fuerzas Militares sostienen por qué se crearon las fachadas, en qué disposiciones se sustentaron y cómo hacían parte de misiones normales de inteligencia. En primer término, porque con base en la Ley 1621 de 2013, se creó un Plan Nacional de Inteligencia para identificar amenazas contra el Estado, en uno de cuyos apartes se lee textualmente que se deben desarrollar “productos de inteligencia que permitan al Gobierno identificar las situaciones, los problemas y los peligros que puedan afectar el proceso de negociación de la paz o sus implicaciones frente a la seguridad nacional”.
Según consta en el documento, el Plan Nacional de Inteligencia fue aprobado en octubre de 2013 por todos los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, por el presidente de la República, los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, y la cúpula militar. En tal sentido, la Operación Andrómeda tenía una justificación concreta. Desde finales de 2011, se detectó que las Farc habían reestructurado su sistema de comunicaciones, lo cual se tradujo en la disminución de los accesos a dicha organización. En consecuencia, se ordenó una misión para elaborar estrategias que permitieran neutralizar ciberataques y lograr avances informáticos.
La conclusión fue admitir que estas capacidades las tienen personas especializadas y que en los batallones, aunque se cuenta con personal idóneo, aún existen limitaciones en altos niveles de informática. Por eso se puso en marcha una operación de inteligencia técnica de engaño a través de los llamados hackers, para al mismo tiempo aprender de ellos. Se hicieron las órdenes de trabajo, que fueron sometidas a la inspección del Ejército, así nació la fachada de un café internet, al cual se vincularon agentes de inteligencia, sin opción de monitoría del espectro electromagnético, sino únicamente para desarrollar habilidades en recolección de información.
La fachada entró a funcionar como un local de la comunidad hacker con servicio al público, con registros legales de la Cámara de Comercio. Las capacidades adquiridas, refiere uno de los documentos conocidos por El Espectador, “permitieron el desarrollo de operaciones estratégicas y tácticas con excelentes resultados. Sin embargo, el 23 de enero de 2014, personal del CTI allanó el local, en respuesta a una denuncia anónima de alguien que reportó que desde ese sitio en Galerías se estaban efectuando interceptación ilegal de llamadas contra el proceso electoral. Al día siguiente se reanudaron actividades y se empezó la gestión para recobrar los equipos.
Fue entonces cuando Semana.com informó sobre la Operación Andrómeda. Sus promotores tenían la convicción de que era una operación de inteligencia legal y que nunca se encontró anomalía, indicio o hallazgo alguno sobre la legitimidad de la misión. Sin embargo, recalca el documento cuando se empezó a averiguar qué pudo develar la fachada, se concluyó que todo empezó en 2012 cuando la revista Semana reveló irregularidades en los centros de reclusión del Ejército, que colocaron a la institución en la picota pública. Luego se presentó un atentado al periodista Ricardo Calderón y se señalaron como posibles autores a los militares.
En este contexto, surgió una averiguación sobre posibles interceptaciones de líneas telefónicas desde la Sala Gris, ubicada en la Central de Inteligencia Militar, acompañadas de declaraciones de la entonces directora del CTI, Maritza Escobar, respecto a la necesidad de que fuera trasladada al búnker de la Fiscalía porque se estaban presentando irregularidades. Entonces, expresa el documento, cuando se le pidieron explicaciones al general Mauricio Forero, éste dijo que tales interceptaciones se hacían en una fachada de inteligencia de Galerías. Por eso se redireccionó la investigación. Es decir, que todo obedeció a un “capricho” del oficial mencionado.
Esta situación revela que hoy existen incomodidad y desconfianza entre altos mandos de inteligencia militar, y preocupación de que se esté debilitando esta opción clave para la seguridad nacional. En contraste, según otro de los documentos conocidos por este diario, por actividades de inteligencia se estableció la existencia de una empresa que estaba vendiendo soluciones informáticas a distintas agencias del Estado y a particulares. Se trata de Maverick Latam, dirigida por el ingeniero Carlos Escobar. Con él trabajaban Alfonso de Luque, quien dictó un diplomado en Andrómeda y el mayor (r) del Ejército Diego Vélez, quien comercializaba.
Asimismo, el documento refiere que otra fuente de inteligencia militar, que igualmente estuvo vinculado a Andrómeda, fue quien reveló la existencia de una oficina de ingenieros de sistemas en el norte de Bogotá, donde al parecer se venían haciendo actividades de inteligencia ilegal contra el proceso de paz de La Habana y contra los correos del presidente Santos. Esta información permitió allanar la oficina de la calle 93B con carrera 17, manejada por el hacker Andrés Sepúlveda, hoy detenido. El documento cierra manifestando que la fuente tiene toda la información que manejaba Sepúlveda y que si ve en peligro su vida está dispuesto a entregarla.
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