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Un juez penal de Santa Marta (Magdalena) dictó medida de aseguramiento domiciliaria en contra del alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, es decir, el mandatario local afrontará su juicio mientras está detenido en su casa. La Fiscalía señaló que Martínez y su predecesor, Carlos Caicedo -a quien no le dictaron medida de aseguramiento-, contrataron de manera irregular la construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta: Mamatoco, La Paz, Candelaria, Taganga y Bastidas.
El abogado Iván Cancino, defensor del mandatario y de Caicedo, a través de un video divulgado en su cuenta de Twitter señaló que “Después de 14 meses, un Juez dice que el alcalde Martínez es un peligro para la sociedad, un argumento insostenible, que tiene un tinte alejado de lo jurídico, pero utilizaremos todos los recursos de ley para revocar esta medida”. También señaló que “Carlos Caicedo, uno de los alcaldes, el primero que empezó a empujar a Santa Marta, ha sido perseguido injustamente y que la justicia insiste en querer castigar".
Según el Heraldo.com, el mandatario se encuentra en Israel realizando diligencias sobre la solución al problema de agua potable de la ciudad. En ese país Martínez, según el diario barranquillero, observa cómo en esta zona del mundo han implementado la construcción de plantas desalinizadoras. Su detención se produciría una vez arribe al país.
La investigación
Uno de los contratos a los que la Fiscalía le puso la lupa fue al 004, el cual contemplaba el mantenimiento y adecuación de los centros de salud por un valor de $6.532 millones. No obstante, según el ente investigador, en este contrato se detectaron incumplimientos como la falta de planeación y la inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución del proyecto. En este acuerdo, agregó el fiscal del caso, se habrían presentado falencias en la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a los $5.000 millones.
El segundo contrato, 007, se suscribió entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud por un valor de $5.863 millones. En este convenio, que tenía como objetivo la adecuación y terminación de los centros de salud La Candelaria, La paz y Taganga, la Fiscalía encontró inconsistencias con la obtención “extemporánea” del concepto de viabilidad por el Ministerio de Salud. Es decir, el concepto de viabilidad fue otorgado cuando el contrato ya se encontraba en plena ejecución.
A su vez, La Fiscalía señaló que la licencia de construcción también se solicitó tardíamente y, para esa fecha (febrero de 2018), no había sido concedida. En este contrato, según la investigación, se otorgó un anticipo del 40% correspondiente a $2.345 millones, pero, según un dictamen pericial de la Fiscalía, solo se había ejecutado $568 millones y fueron destinados para la adquisición de elementos diferentes como equipos y otros materiales de construcción.