Alejandro Ordóñez, un poderoso sin poder

Foto: MAURICIO ALVARADO

El Congreso cometió una ilegalidad al elegir a Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador por segunda vez, el 27 de noviembre de 2012. Esa fue la conclusión a la que llegó el Consejo de Estado este martes, después de tres años y siete meses desde que cinco organizaciones, entre ellas Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas, demandaron su elección. Ese día, 80 de los 93 senadores presentes en el Congreso le dieron su voto a Ordóñez, quien ya había ocupado el mismo cargo entre 2008 y 2012. Casi ocho años en una posición que él supo potenciar para volverse un hombre tremendamente poderoso. (Lea: Consejo de Estado tumbó la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador General)

Fueron 14 de 19 magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado los que apoyaron los argumentos planteados en la ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate. La discusión sobre si anulaban o no la segunda elección del jefe del Ministerio Público se alargó por varios meses, en los que se especuló en varias oportunidades que Alejandro Ordóñez ya tenía un pie afuera de la Procuraduría. Martha Isabel Castañeda, la viceprocuradora, asumiría el control del organismo hasta que se termine el periodo constitucional, en enero del próximo año, tiempo en el que se elegirá al nuevo procurador general. (Lea: "Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana, la expulsión del Procurador": Alejandro Ordóñez)

“Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana: la expulsión del procurador (…) Comprendo el odio de Timochenko y el resentimiento de Juan Manuel Santos”, fueron las primeras palabras de Alejandro Ordóñez. En rueda de prensa, aseguró que, pese a no compartir la decisión, aceptaba y respetaba el fallo del Consejo de Estado. “No presentaré tutelas ni acudiré a organismos internacionales, simplemente la acepto con resignación cristiana”, sentenció Ordóñez. Finalmente dijo que su salida obedecía a las críticas que hizo al proceso de paz: “Presionaron mi salida por decir no a la impunidad, por repudiar que otorguen derecho a gobernar a perpetradores de atrocidades”. (Vea: Las frases más estruendosas de Alejandro Ordóñez)

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Mientras el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, aseguró que se trató de una decisión en derecho, el senador Armando Benedetti indicó que este no era un fallo político porque “el procurador nunca ha dicho que lo estén persiguiendo ni políticamente ni jurídicamente”. A su vez, el expresidente Álvaro Uribe señaló: “La decisión del Consejo de Estado ha vulnerado el derecho fundamental de Alejandro Ordóñez a la participación en la función pública. El país juzgará lo político frente a lo que ha dicho el Gobierno en el caso del procurador. Preocupa que, mientras algunos no se ganaron el derecho fundamental a la elección y se los van a dar a pesar del camino de la violencia, a quien se lo ganó en pleno derecho hoy se lo quitan”.

Desde el Partido Conservador, la tolda política a las que pertenece Alejandro Ordóñez, el senador Hernán Andrade Serrano precisó que respetaban el fallo, pero no lo compartían: “El Senado obró a cabalidad porque no estaba prohibida la reelección de Alejandro Ordóñez. Nos solidarizamos como persona y gran procurador que fue. Esta decisión no tiene tintes políticos, no puede ser que en cada fallo así no se esté de acuerdo, se invente que hay persecución política... Por eso insisto, aunque no compartimos la decisión, la acatamos”.

El Consejo de Estado determinó que Ordóñez no debió ser elegido hace cuatro años, por varias razones. La primera, clave, tiene que ver con que la terna se disolvió antes de que votaran los senadores: la candidata de la Presidencia, María Mercedes López, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, renunció. Aunque parezca obvio que las ternas son de tres, en ese momento, el Senado eligió con dos candidatos disponibles. La terna, anotó el alto tribunal, debió haberse reconstituido.

Otro de los temas discutidos en el Consejo de Estado fue el hecho de que el Congreso reeligiera al procurador a pesar de que la Carta Política de 1991 no indicaba explícitamente que esa reelección estaba permitida. Tampoco la prohibía, pero lo que concluyó el alto tribunal fue que ese vacío en las reglas no habilitaba al Senado para seguir adelante con la reelección. Esta debía estar autorizada de manera expresa. Además, con la Ley del Equilibrio de Poderes, que el Congreso aprobó el año pasado, todas las reelecciones quedaron vetadas, incluida la presidencial.

Algo más que se puso sobre la mesa –fundamental– fue la cercanía que Ordóñez creó con senadores y magistrados de la Corte Suprema de Justicia –la cual lo postuló para la terna– tras designar parientes de ellos en la Procuraduría. Los demandantes señalaron que esos lazos, que en cristiano significan pagar por el puesto, iban en contra de la Constitución y el Consejo de Estado terminó dándoles la razón. El máximo tribunal administrativo señaló que la arquitectura constitucional del país y el sistema de pesos y contrapesos habían quedado resquebrajados con la segunda elección de Ordóñez.

Esta demanda se radicó dos meses después de que Ordóñez fue reelegido y la decisión del Consejo de Estado llegó a menos de cuatro meses de que se termine su mandato, en un contexto en el que las reelecciones en este tipo de cargos ya fueron vetadas. En últimas, el fallo del Consejo termina siendo trascendental y envía un fuerte mensaje en materia de institucionalidad, pero fue poco práctico: a pesar de que Ordóñez fue reelegido de forma ilegal, él permaneció en la entidad 44 de 48 meses. Esta es una demora que se explica, además, en los múltiples recursos que usó Ordóñez y sus constantes cambios de abogado.

Ordóñez, por otro lado, ha negado tener interés en la política. Sus actuaciones, sin embargo, dicen otra cosa. No sólo se ha convertido en un opositor férreo del proceso de paz, al estilo del senador Álvaro Uribe y del expresidente Andrés Pastrana –ambos políticos, precisamente–, también ha llegado incluso a regalar mercados en regiones, hecho que fue denunciado por el sindicato de la Procuraduría, pues Ordóñez lo hizo durante un evento de la entidad y con recursos públicos.

Por el momento, Ordóñez se quedó sin el poder que le brindaba la Procuraduría, desde donde, por ejemplo, inhabilitó durante 18 años a la exsenadora Piedad Córdoba con pruebas inválidas, según dijo recientemente el Consejo de Estado. Esa orfandad de poder, sin embargo, podría cambiar rápidamente. Por afinidad ideológica, a nadie extrañaría que Ordóñez resultara con algún respaldo del Partido Conservador o, mucho más, del Centro Democrático, el partido antagónico del proceso de paz. Por eso, su última frase como procurador general no pasó desapercibida: “No les quepa la menor duda, vamos a seguir en la tarea”.