Los homicidios causados por fuerzas de seguridad en Colombia disminuyeron en 2009 y aumentaron aunque a menor ritmo los desplazamientos forzados de población civil por el conflicto armado, que ha tenido consecuencias "devastadoras" para la población civil, según Amnistía Internacional (AI).
Todas las partes en el conflicto colombiano -fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros- fueron responsables de graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, añade la organización no gubernamental en su Informe 2010 divulgado en Londres.
AI, que ha visitado en cuatro ocasiones Colombia el pasado año, denuncia en su estudio desplazamientos y desapariciones forzados, homicidios de civiles, violencia sexual contra mujeres, toma de rehenes, reclutamiento obligado de menores y ataques indiscriminados contra la población.
Al menos 114 indígenas murieron de forma violenta, así como ocho activistas de derechos humanos y 39 sindicalistas, 286.000 personas pasaron a engrosar la lista de desplazados internos y se registraron 213 secuestros, la mayoría de bandas de delincuentes aunque también de las guerrillas, añade el informe.
En 2009 también aumentaron los homicidios de miembros de grupos sociales marginados y pueblos indígenas, así como las amenazas contra activistas de los derechos humanos, según AI.
Se registró un "fuerte incremento" de la violencia en algunas de las mayores ciudades colombianas, que se atribuyó al conflicto armado, a delitos relacionados con el narcotráfico y a actos de "limpieza social" , afirma Amnistía.
La entidad humanitaria cita datos de la ONG Centro de Investigación y Educación Popular para reseñar que el año pasado se cometieron 184 homicidios -frente a 84 en 2008- de personas pertenecientes a grupos sociales marginados en zonas urbanas, en su mayoría a manos de paramilitares.
Además, añade que los grupos paramilitares mantuvieron sus actividades delictivas sobre todo contra defensores de los derechos humanos y dirigentes comunitarios, frente a las afirmaciones del gobierno de que han depuesto las armas tras el acuerdo de 2006.
AI acusa a la guerrilla de las Farc de homicidio de civiles, reclutamiento de niños y niñas y toma de rehenes, así como de utilizar minas antipersonal, artefactos que causaron la muerte de 111 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, destaca avances en la investigación de la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo de la "parapolítica" , por el que unos 80 miembros del Congreso -la mayoría de partidos de la coalición gobernante- estaban sometidos a indagación por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
La organización internacional reseña que aumentaron las tensiones entre el gobierno de Colombia y los de varios países, especialmente Venezuela, por el acuerdo militar firmado con EEUU que permite a las fuerzas armadas de este país el uso de siete bases colombianas.