En más de 15.000 millones de pesos se encuentran tasados los derechos por reparación a la familia de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt que ésta pretende sean cancelados por la Nación tras el perjuicio moral, material y daño a la vida relación que, dicen, sufrió la secuestrada tras sus seis años de cautiverio en un campamento de las Farc.
En la solicitud, tendiente a evitar la demanda de reparación en contra de la Nación, contempla la exigencia de más de 5.800 millones de pesos por parte de la propia Íngrid Betancourt y de su madre, Yolanda Pulecio, alegando daño causado en sí misma y de sus dos nietos.
El caso ya está siendo estudiado por la Procuraduría Delegada para la Conciliación Extrajudicial, que deberá citar al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares y de Policía a que se reúnan en menos de 30 días calendario con las solicitantes.
Así lo afirmó el representante del Ministerio Público, Isnardo Jaimes, quien indicó que para el caso ya fue comisionado Gabriel Herrera, a quien se le encomienda la conciliación que, de llegar a materializarse será presentada ante un Juez Civil.
En caso de no llegar a un convenio entre las partes, las peticionarias deberán acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa si su propósito es hacerse a estos recursos por vía de reparación.