En un comunicado divulgado este jueves, señala que Plazas Vega fue detenido en julio del 2007 en relación con las desapariciones ocurridas durante un asalto militar contra el Palacio de Justicia en Bogotá después de que la guerrilla M-19 tomara como rehenes a las personas que estaban en el edifico en noviembre de 1985.
Más de cien personas perdieron la vida en el asalto, incluidos doce jueces de la Corte Suprema, agrega la nota.
Un juez civil decidirá este 23 de enero si acepta o no una petición de la justicia castrense para asumir la investigación del caso de Luis Alfonso Plazas Vega.
Si la petición es rechazada, el Consejo Superior de la Judicatura tendrá entonces la decisión final sobre quién tendrá jurisdicción sobre el caso, agrega la organización no gubernamental.
"El sistema judicial militar ha sido clave en asegurar que la impunidad continúe siendo un rasgo definitorio del largo conflicto interno en Colombia", señaló Marcelo Pollack, investigador sobre el país latinoamericano de AI.
"Bajo ninguna circunstancias las cortes civiles deben acordar la entrega de la responsabilidad de este caso a las cortes militares", añade.
En 1997, el Tribunal Constitucional de Colombia estableció que todos los casos que implican a las fuerzas de seguridad en serios casos de abusos de los derechos humanos deben ser investigados por la justicia civil, recuerda la nota de AI.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hicieron solicitudes similares.