Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las medidas de aseguramiento fueron dictadas en contra del ex subdirector del DAS José Miguel Narváez; los ex directores de inteligencia y contrainteligencia Fernando Tabares y Jorge Lagos (ya se entregó); la ex subdirectora de análisis Marta Inés Leal y diez detectives adscritos al grupo G-3, por el escándalo de las ‘chuzadas.
Según supo El Espectador, de no ocurrir nada extraordinario, la Fiscalía avalará las pesquisas de sus investigadores, pues considera que existen pruebas para responsabilizarlos del delito de concierto para delinquir agravado. Abundante documentación allegada al expediente evidencia los seguimientos e interceptaciones ilegales, violaciones a la intimidad y rastreos que se hicieron a periodistas, defensores de Derechos Humanos y altos dignatarios de la Rama Judicial.
Aunque las investigaciones en contra de los cuatro ex directores del DAS procesados —Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate y Joaquín Polo— iban muy adelantadas y se esperaban decisiones antes de que Iguarán dejara la institución este viernes, tres de ellos lo recusaron porque supuestamente prejuzgó en una declaración. De esta manera será el nuevo fiscal quien resuelva las situaciones jurídicas de estas cuatro personas. Entre tanto, la investigación adelantada por una comisión especial de la Fiscalía, en el caso de los no aforados, en los próximos días definirá la suerte de otros protagonistas de este escándalo, como el ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) Mario Aranguren.
Memorandos y documentos en poder del ente acusador relacionan encuentros en los que altos funcionarios de la cúpula del DAS diseñaban un cerco milimétrico para escudriñar todos los pasos de miembros de la oposición como Carlos Gaviria Díaz, Luis Eduardo Garzón, Piedad Córdoba, Wilson Borja, Gustavo Petro, Antonio Navarro, entre otros; así como los periodistas Hollman Morris, Carlos Lozano y Daniel Coronell; magistrados de la Corte Suprema de Justicia y organizaciones de Derechos Humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvéar Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y monseñor Nel Beltrán.
El coordinador del denominado grupo de inteligencia G-3 era Jaime Fernando Ovalle Olaz, quien requirió innumerable información financiera sobre los denominados “blancos políticos”, ordenó infiltrar marchas de trabajadores haciendo pasar detectives como periodistas y, como si fuera poco, los escoltas del DAS que estaban encargados del esquema de seguridad de tales blancos oficiaban, además, como espías de todo cuanto hacían o dejaban de hacer. Así mismo, las hojas de vida de entonces magistrados de la Corte Constitucional como Jaime Araújo Rentería, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil o Clara Inés Vargas.
También llegaron a escarbarles las vidas al propio Andrés Peñate, director del DAS entre 2005 y 2007; Ramiro Bejarano, abogado y también ex director del organismo de seguridad; y en sendas investigaciones, como las denominadas Transmilenio y Puerto Asís, esculcaron la vida familiar, hábitos y debilidades de defensores de Derechos Humanos o el periodista Morris. Para ello montaron empresas fachadas y con gastos reservados financiaron estas pesquisas de las que conocieron, según la Fiscalía, los ex directores de inteligencia Carlos Arzayús y Enrique Ariza.
En este caso ya se han proferido dos órdenes de captura: la de Ariza y la del investigador Juan Carlos Sastoque Rodríguez, quienes se han rehusado a comparecer en indagatoria y están fuera del país. En general, las órdenes impartidas por el DAS buscaban el “seguimiento a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar”. Así quedó consignado en varios memorandos del G-3 y en reuniones celebradas en la sala de juntas del piso 9 del DAS, a las que asistía la cúpula de la entidad para conocer los pormenores de los avances en estas indagaciones ilegales.
La decisión de la Fiscalía de proferir medida de aseguramiento en contra de estas 14 personas, justo el día en que el Fiscal deja su cargo, es un mensaje de la urgencia de su despacho por brindar resultados a una de las investigaciones más delicadas y comprometedoras de los últimos años.
El Espectador estableció, además, que de no ser por la recusación que María del Pilar Hurtado interpuso contra Iguarán, su situación jurídica ya estaría resuelta. De hecho, un proyecto de medida de aseguramiento estaba para la firma de Iguarán cuando ocurrió la recusación. Será el próximo fiscal el que siga avanzando en este complejo expediente para desentrañar los tentáculos de las mafias enquistadas en el DAS.