El jefe del ministerio público, Alejandro Ordóñez, dijo que no se respetaron las normas procesales al trasladarse la indagatoria que rindió la ex congresista, Yidis Medina, ante la Corte Suprema, al proceso disciplinario que cursaba al interior del organismo a su cargo.

Manifestó que habría prevaricado si no hubiera observado esta y otras irregularidades dentro de su decisión, en la que absolvió de toda responsabilidad al ministro de la Protección Social, Diego Palacios, y el ex ministro del Interior y de Justicia, hoy embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega.

"Fue traída la indagatoria de Yidis ante la Corte Suprema, no solamente mal traída, porque fue sin observar las normas procesales, sino que cuando fue sometida a ratificación, ella se negó a hacerlo, por temor a la auto incriminación", sostuvo Ordóñez en diálogo con ElEspectador.com.

De la misma manera, el representante del ente de control recordó que fue la propia ex parlamentaria conservadora la que negó haber sido constreñida a cambio de favorecer la aprobación de la primera reelección presidencial, durante la sesión definitiva para el proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Tras esa declaración, manifestó el funcionario, era otra persona la que se encontraba al frente de la Procuraduría General de la Nación y fue cuando se ordenó el archivo que, de inmediato, generó la impugnación que dio lugar a la reapertura del caso.

"En el expediente disciplinario apareció fue la afirmación de Yidis, dada bajo la gravedad del juramento, de que no había recibido constreñimiento. Fundada en eso la Procuraduría de la época, no la mía, ordenó el archivo", aseguró.

Ordóñez aseguró que tiene la plena seguridad de salir avante, tras el proceso preeliminar que abrió en su contra la Corte Suprema de Justicia, respondiendo a una denuncia por prevaricato que instauró el representante a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático, Germán Navas Talero.

Precisó que esa alta corporación sólo está respondiendo al requerimiento de un ciudadano, como debe hacerlo, y desestimó que se trate de una retaliación ante los desacuerdos que él mismo ha hecho públicos, frente a algunas de las decisiones del tribunal, por cuanto considera que ese tipo de quejas son más frecuentes de lo que la opinión se puede imaginar.