Allegados a las víctimas de crímenes estatales cometidos bajo la modalidad denominada como ‘falso positivo', exigieron a la justicia ejercer las acciones pertinentes para evitar que se venzan los términos.
Así lo indicó la madre de uno de los civiles asesinados en Soacha, que fue reportado como guerrillero muerto en combate, y cuyo cadáver apareció dos meses después en el departamento de Santander.
La mujer aseguró que la defensa de los militares involucrados en esa componenda criminal lo que está buscando es que se venza el límite fijado como plazo máximo para el desarrollo del juicio y conseguir así que los uniformados retornen a la libertad.
El pronunciamiento se dio luego de que un juez especializado de Bogotá ordenara el aplazamiento de la audiencia que se tenía programada para este jueves en ese mismo despacho, tras percatarse de la ausencia del abogado de uno de los acusados.
En el curso de esta investigación, que ha seguido su trámite, ya han sido vinculados 19 oficiales y suboficiales del Ejército, acusados de los cargos de homicidio en persona protegida y homicidio agravado.
Este es sólo uno de los múltiples proceso jurídicos y disciplinarios que se han abierto en contra de agentes de la fuerza pública implicados en los más de 1.200 asesinatos extrajudiciales de la misma naturaleza que han sido denunciados en distintas zonas del país y que han sido objeto de pronunciamientos de parte de distintos entes multilaterales administradores de justicia y defensores de derechos humanos.