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La Alta Corporación conminó al Ministerio de la Protección Social, de Educación, a la superintendencia de Salud, así como a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que consoliden un mecanismo pedagógico a través del cual todas las mujeres, desde temprana edad, puedan hacerse el reconocimiento de los derechos sexuales.
La decisión obedece a un fallo de tutela en el que la Corte Constitucional niega la acción presentada por una ciudadana samaria que observaba vulnerados sus derechos a la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y a la salud.
La acción antes, inicialmente, había solicitado que se le practicara un aborto luego de que su EPS encontrara malformaciones en el feto y precisara que lo mejor era optar por esa práctica quirúrgica.
No obstante, el médico que la atendió, alegó una objeción de conciencia por convicciones bíblicas, por condiciones que le negaban a practicar el aborto.
El galeno le solicitó a la accionante que se presentara con un fallo judicial teniendo en cuenta sus objeciones. De esa manera, el juzgado segundo penal del circuito de Santa Marta salvaguardó los derechos de la peticionaria y desestimó las alegaciones del médico que se negaba a practicar el aborto.
En tres meses, según la Corte Constitucional, las entidades a las que se le presenta esta directriz deberán cumplir con el llamado de construir una estrategia para poner en conocimientos de la mayor parte de mujeres todo lo que tiene que ver con sus derechos sexuales.