Los hechos de violencia del pasado viernes (2 de abril) obligaron a 883 personas que conforman 246 familias a desplazarse desde las veredas de La Vega del Ingles, Portachuelo, La Armenia y La Redonda del municipio de Peque, y Santa Ana, El Cañón de Cedral y El Cedro del municipio de Ituango, hacia la cabecera municipal de esta última localidad, como consecuencia de las presiones de las Farc y de los temores por el riesgo que puede generar posibles enfrentamientos.
Versiones de la comunidad y las autoridades dan cuenta de que la población se ha visto obligada a desplazarse una vez más, como se sucedió en el año 2009, por los riesgos contra su vida, integridad y libertad.
Considera la Defensoría del Pueblo que, si bien la política pública de atención a la población desplazada establece el deber de las autoridades locales de brindar atención, la magnitud del grupo poblacional desplazado desborda la capacidad de los entes territoriales, por lo que se requiere el apoyo y la intervención inmediata de Acción Social para garantizar la asistencia humanitaria.
En la región donde se presentaron los hechos hay presencia de grupos armados al margen de la ley y, por ello, el Defensor del Pueblo requiere una efectiva intervención de las autoridades para brindarle un acompañamiento a las comunidades que permita superar el confinamiento y propiciar el retorno en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad.
La Defensoría del Pueblo ha sido informada también del riesgo de la presencia de minas antipersonal instaladas por la guerrilla, frente a lo cual el Defensor del Pueblo reitera la imperiosa necesidad de acatar de manera estricta las normas del Derecho Internacional Humanitario. En este momento hay riesgo y confinamiento de la vereda San Jorge y zonas aledañas por causa de la existencia de minas antipersonal.