1. Con motivo de las graves denuncias de presuntas desapariciones en la localidad de Soacha y de presuntos homicidios en la jurisdicción de la II y la VII División del Ejército Nacional, el Ministro de Defensa Nacional creó, mediante la Resolución 4342 de 3 de octubre de 2008, una comisión de carácter transitorio, que para el efecto designó el Comandante General de las Fuerzas Militares, para analizar las circunstancias operacionales y recomendar las medidas administrativas correspondientes.
2. La creación de la Comisión obedece a la política del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa en particular de cero tolerancia con las violaciones a los derechos humanos. En seis años de éxitos y logros sin antecedentes en la recuperación de la seguridad, la Política de Seguridad Democrática ha estado fundada en la eficacia con transparencia y juridicidad.
3. El interés primordial del Ministro de Defensa y del Comandante General de las Fuerzas Militares es asegurar la integridad, moralidad y legitimidad de la institución militar, como se ha visto reflejado en las diferentes políticas, órdenes y directivas. Entre otras, las Directivas 10 y 19 de 2007 del Ministerio de Defensa y la Directiva Permanente 300-18 de 2007, del Comando General de las Fuerzas Militares.
4. La investigación administrativa y operacional de la Comisión encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción.
1. La Comisión concluyó que esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad, a cambio de contribuir al logro de resultados irregulares que van en total contravía de la Política de Seguridad Democrática y de la doctrina y el honor militar.
2. Estos hechos están siendo investigados penal y disciplinariamente por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, respectivamente, a quienes el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares han facilitado y facilitarán todo su apoyo para su esclarecimiento.