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Mientras esperaba a su hijo en la puerta del colegio en Tarazá (Antioquia), Cervantes recibió tres disparos. Así se cumplieron las amenazas que desde mucho tiempo atrás venía recibiendo. Al periodista le habían retirado tres semanas antes las medidas de seguridad que tenía asignadas por parte de la Unidad Nacional de Protección, gracias a que una evaluación de riesgo determinó que ya no corría peligro. A un año de su muerte, un juez de control de garantías de Medellín emitió 16 órdenes de captura contra miembros del clan Úsuga que, según las investigación, serían los responsables intelectuales y materiales del crimen.
El 21 de julio de 2014 un hombre fue hasta su casa y le pidió que transmitiera un mensaje a través de la emisora en la que trabajaba, Morena Estéreo. Cervantes se negó y el hombre le respondió que ya estaban cansados de verlo en Tarazá. Esa fue una de las tantas ocasiones en que el periodista decidió irse por unos días, pero regresó como siempre, y las amenazas pasaron a los hechos.
En la conmemoración del primer aniversario de su muerte varias asociaciones de periodistas, como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), lanzaron la campaña “Periodismo en riesgo”, cuyo objetivo es revisar la historia de protección a periodistas en el país y evaluar el programa, que cumple 15 años. Entre las motivaciones que llevaron al diseño de esta campaña se encuentran las dificultades para acceder a protección, las fallas en el sistema y los pocos avances que hay en las investigaciones de las denuncias por amenazas.
El objetivo de la campaña es establecer lineamientos para conseguir que el programa realmente garantice protección integral a los periodistas colombianos y que historias como la de Cervantes o la de Antonio Peralta, asesinado el 14 de febrero de este año en El Doncello, Caquetá, no se repitan.