Así avanza la pesquisa por el crimen de Guillermo Cano

El 2 de julio de 2010, la Fiscalía declaró que el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, fue un crimen de lesa humanidad; por lo tanto, imprescriptible. Desde esta perspectiva, durante los últimos nueve años, el organismo investigador tuvo un segundo aire para impedir la impunidad del proceso. Una fiscal especializada de derechos humanos adoptó la primera decisión de fondo en el caso, al imponer medida de aseguramiento contra John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell, como presuntos coautores del homicidio agravado. Sin embargo, la providencia de 168 páginas deja, entre quienes conocen la investigación, la conclusión de que casi 33 años después de los hechos no hay mayores avances en el caso y pocas perspectivas respecto a verdades absolutas.

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Si desde el 17 de diciembre de 1986, fecha en la que se produjo el asesinato de Guillermo Cano Isaza, fue evidente la autoría del cartel de Medellín y particularmente del capo Pablo Escobar Gaviria, lo que queda claro tras el nuevo pronunciamiento de la Fiscalía es que se ratifica esta conclusión. Con algunas particularidades, más basadas en fuentes secundarias; es decir, en periódicos, libros o documentos académicos, que en decisiones judiciales. De hecho, la propia Fiscalía admite que constituye un error valorar el crimen de Cano como un hecho aislado, cuando tres décadas después existe una perspectiva histórica que permite entender el contexto de lo ocurrido. Y esta mirada refuerza la conclusión de que Escobar y su grupo delincuencial asesinaron al director de El Espectador porque lo consideraron un obstáculo en su lucha contra la extradición.

Para reforzar la idea, la Fiscalía incluye apartes del libro Pablo Escobar, mi padre, escrito por el hijo del capo, Juan Pablo Escobar, en el que narra cómo el narcotraficante reaccionó con cólera cuando El Espectador develó sus antecedentes en el mundo de las drogas desde 1976. Según el joven Escobar, normalmente su padre actuaba con mucha calma para idear sus crímenes, pero ese día culpó a Guillermo Cano de su derrota política. En otro aparte del mismo texto, Juan Pablo Escobar recordó cómo su padre ordenó dinamitar una escultura que la Alcaldía de Medellín instaló en el parque Bolívar para rendir homenaje a la memoria del periodista. “La persecución contra El Espectador fue tal que mi padre ordenó incendiar los carros repartidores del diario en Medellín y amenazar a los voceadores en las calles. El Espectador desapareció de la ciudad”.

En seguida, la decisión de la Fiscalía dedica 15 páginas a insistir en el contexto, recordando otros hechos de violencia perpetrados por el cartel de Medellín en la misma época y la forma como esta organización criminal se dedicó a impedir que el proceso por el homicidio de Guillermo Cano llegara a alguna conclusión. Por eso, de manera adicional, la providencia detalla el recuento de las actuaciones judiciales, desde que el caso fue conocido por jueces de instrucción criminal hasta que llegó a su última instancia, en abril de 1998. Una secuencia donde se advierte la incapacidad de la justicia para aclarar el hecho. Obviamente, este recuento incluye los nombres de todas las personas que fueron vinculadas al caso, la mayoría de ellas ya muertas. La evaluación llega hasta el momento en que la Fiscalía aceptó que se trató de un delito de lesa humanidad.

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En seguida, refiere cómo la primera decisión después de julio de 2010 fue escuchar a Félix Antonio Chitiva Carrasquilla, alias La Mica, aunque más adelante se aclara que a pesar de tramitar la solicitud al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en noviembre de ese mismo año, se supo que ya había cumplido sentencia y no estaba en prisión. En consecuencia, la Fiscalía lo citó en tres ocasiones para que rindiera declaración en el Consulado de Miami, pero nunca lo hizo. Así las cosas, la pesquisa de la Fiscalía se concentró en recobrar informes de la época, repetir declaraciones y sumarlas a las que ya existían en el expediente, para determinar que, por ahora, la investigación se concentra en establecer la conducta de dos procesados: John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell.

Respecto al segundo, lo primero que se aporta es una declaración que él dio en Medellín en noviembre de 2015, en la cual admitió haber pertenecido al cartel de Medellín, pero insistió en que su única labor fue “establecer contactos con funcionarios del alto Gobierno y de la justicia”. Alias Maxwell explicó que no tenía subordinación alguna porque su relación con Pablo Escobar era directa. Él le pedía que le ayudara con temas determinados. En otras palabras, que su rol era de mensajero de la organización. En cuanto al brazo armado, Maxwell insistió a que eso les correspondía al Chopo, Carlos Alzate, Pinina, Giovanni Lopera y Memo Zuluaga, entre otros. Respecto a posibles nexos del DAS, el testigo admitió que eso lo manejaban los Castaño. Sin embargo, la decisión de la Fiscalía aporta otras declaraciones que posicionan a Maxwell como hombre clave del cartel.

Tales declaraciones recalcan que alias Maxwell o Trapeadora era un personaje que hacía inteligencia para el cartel de Medellín en Bogotá, aunque otros fueron los responsables de los hechos de violencia. La conclusión de la Fiscalía es que Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla ya no hace parte del cartel y no se puede demostrar que vaya a evadir los llamados de la justicia. Por eso, determinó que su medida de aseguramiento no incluye la privación de la libertad, pues no se hace necesaria la medida restrictiva. En vez de ello, se determinó que debe suscribir un acta de compromiso en la que consten de manera expresa sus datos de localización, la dirección de su residencia, sus números de teléfono y demás datos para que pueda comparecer ante el poder judicial. Una situación diferente a la de John Jairo Velásquez Vásquez.

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Según la Fiscalía, después de escuchar la declaración del procesado Popeye, este tenía pleno conocimiento del homicidio del periodista y conoció a la persona que designó Pablo Escobar para perpetrar el crimen. Por eso, se hace necesario dictar medida de aseguramiento en su contra. Con una ventaja para la Fiscalía: actualmente Popeye está preso en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, por lo que el ente investigador determinó que una vez cesen los motivos de esa detención, debe quedar privado de la libertad para pesquisas del caso Cano. Consultado sobre el caso, el fiscal general encargado, Fabio Espitia, determinó que no se tienen previstas por ahora nuevas capturas y que se logró acreditar la participación de Popeye en una reunión para planear el atentado y pudo haber sido el emisario para conseguir al sicario.