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Colombia ha perdido este año al menos un billón de pesos, unos 531 millones de dólares, por los 97 atentados que las guerrillas de las FARC y el ELN han cometido contra la infraestructura petrolera del país, informaron hoy fuentes oficiales.
El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, dijo que los atentados afectan los recursos que por regalías reciben las poblaciones para desarrollar planes en diferentes áreas como educación, salud, y alcantarillados. "Es equivalente a alrededor de un billón de pesos. Esto sin cuantificar lo que significan los costos de reparación de la infraestructura de transporte" de crudo, agregó Lloreda.
El funcionario le pidió al Estado garantías de seguridad, independientemente de si se firma al paz entre el Gobierno colombiano y las Farc en los diálogos que se desarrollan desde 2012 en La Habana y que buscan salidas negociadas al conflicto armado interno. "Con o sin acuerdo con las FARC y ELN, la nación debe unir esfuerzos para apoyar esta industria", señaló.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país, está desde enero pasado en diálogos "exploratorios" con el Gobierno para iniciar un proceso de paz similar al que se lleva a cabo con las Farc.
En los últimos meses la infraestructura petrolera ha sufrido varios ataques por parte de las Farc y el ELN, especialmente contra oleoductos y camiones cisterna en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, que limitan con Venezuela, y en Putumayo, en la frontera con Ecuador.
Caravanas de camiones cisterna, que transportan crudo, han sido obligadas por los guerrilleros a verterlo en las carreteras, derrames que afectan cuencas hídricas de donde las poblaciones cercanas se surten de agua.
De otro lado, Lloreda, citado en un comunicado de la ACP, dijo que "el auge del petróleo y el gas no se ha acabado, pero es necesario ir a buscarlo y producirlo".
Agregó que los desafíos de la industria petrolera están en incrementar las reservas, detener la caída en la producción de petróleo y promover su incremento, así como en mejorar la infraestructura y seguridad en el transporte de hidrocarburos. Por último, destacó la necesidad de combatir las manifestaciones de ilegalidad como el contrabando de combustible y la falsificación de aceites lubricantes.