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¿Cuántas denuncias ha habido por violencia contra la población LGBTI?
De violencia en general contra la población LGBTI son 433 casos desde 2006 a la fecha. Esto incluye situaciones como homicidios, violencia sexual, violencia intrafamiliar, amenazas, desplazamiento forzado e, incluso, desapariciones forzadas. Se está trabajando para visibilizar de mejor manera los casos relacionados con población LGBTI. Puede ser que haya otros casos que no se están reportando, digamos, como LGBTI, y en ese sentido hay un subregistro. En Colombia —o sea que no es un tema exclusivo de la Fiscalía— ha habido una invisibilización de las denuncias por parte de las personas LGBTI. Por ello el esfuerzo por visibilizar esa información, por darles realce a esas investigaciones y, más que a las investigaciones, es encontrar las razones de la violencia.
¿Y qué medidas se van a tomar?
Se está trabajando en la elaboración de un documento de atención para la población LGBTI. El 15 de mayo vamos a tener un trabajo, acá en Bogotá, en todas las URI. Un trabajo conjunto con el Distrito en el que se va a proporcionar información a los fiscales y a los usuarios de estos modelos de atención sobre los derechos de la población LGBTI. Y se va a crear, además, un comité de género y enfoque diferencial y ese comité, a su vez, va a tener un subcomité específico de trabajo con personas LGBTI, que integre a los delegados de las diferentes direcciones para trabajar conjuntamente en la entidad.
Ya en temas enteramente legislativos, ¿cómo ve la discusión sobre el derecho de los gais a construir una familia?
Hay un concepto que es muy importante para la Fiscalía y es el de la familia. Cuando un grupo de personas integran un mismo hogar, ese grupo de personas es una familia y están protegidos por ese derecho de no discriminación. En otro tiempo seguramente el hecho de que dos hombres vivieran con un niño, eran o dos amigos o dos extraños que comparten una misma casa. Pero hoy en día para la Fiscalía es claro que esa es una familia. Esa es una de las interpretaciones garantistas que está promoviendo la Fiscalía para evitar esas vulneraciones a los derechos en el proceso penal.
La Fiscalía lo que garantiza es el acceso a las personas LGBTI en el proceso penal. Estamos hablando de LGBTI como víctimas, pero también cómo lograr que cuando ellos sean los victimarios no se transgredan sus derechos. Lo importante es tener en cuenta que los LGBTI como cualquier grupo poblacional tienen una carta de derechos y una de responsabilidades como cualquier ciudadano y las implicaciones al violar esas responsabilidades son las que tiene cualquier ciudadano. La idea es que al investigar o en la respuesta de las autoridades a una persona no le caiga el peso de la ley más fuerte por ser miembro de la población LGBTI.
¿Cómo evitar eso?
Todo esto hace parte de la formación y de la deconstrucción de los prejuicios. Por ejemplo, hay algunos prejuicios socialmente arraigados, como que los hombres gais son pederastas o más vulneradores de derechos de los niños. Entonces son imaginarios que hay que deconstruir. La Corte Constitucional hace unos años estudió la posibilidad de que los profesores, sin importar su condición sexual, dieran clase a niños y niñas. Parte de la argumentación para oponerse a eso era decir que los profesores homosexuales podían violar niños. Pero lo que se demostró con un estudio de Medicina Legal es que la proporción de violencia sexual de hombres a niñas es mucho más superior que de hombres a niños.
En ese sentido la conclusión debería ser que los hombres heterosexuales no les pueden dar clases a las niñas. A lo que voy es a que la Corte Constitucional lo que ha señalado es que no existe un riesgo concreto de que los hombres homosexuales violenten sexualmente a menores de edad. Ese tipo de jurisprudencia es la que hay que trabajar con los fiscales.
¿Qué otros imaginarios se han encontrado?
Por ejemplo, temas asociados con donación de sangre. Hubo una sentencia hace poco de la Corte Constitucional sobre donación de sangre, que decía que todas las personas, sin importar su orientación sexual, pueden donar sangre. Lo importante es que se dé cuenta de que esa persona si ha tenido una actividad sexual exacerbada pues obviamente no puede donar, pero es por esa razón, no por su orientación sexual.
Ese criterio también es un imaginario de los fiscales, o de los funcionarios en general, que creen que las personas LGBTI son más propensas a enfermedades venéreas y eso también cambia la visión sobre un proceso penal. La Fiscalía lo que está buscando es tratar de adaptar la política de esta administración hacia el futuro por medio de esa política nacional LGBTI.
35 fiscales investigan los delitos contra los LGBTI
Respecto a los cambios institucionales que ha habido para investigar los delitos cometidos contra los LGBTI, Mauricio Noguera precisa que “a partir de la reestructuración del proceso de modernización de la Fiscalía se crea una nueva oficina, que es la Dirección de Políticas Públicas y Planeación. En ésta se crea el equipo de género y enfoque diferencial. La idea es poder transversalizar los temas de género y enfoque diferencial en toda la entidad. En ese sentido, lo que hace el equipo es coordinar con las diferentes direcciones todas las acciones que se están trabajando con población LGBTI”.
Y agregó que “en todas las seccionales del país, por ejemplo, se han designado unos fiscales destacados para temas LGBTI. Son 35 fiscales a nivel nacional. Y estos fiscales destacados la idea es que concentren las investigaciones relacionadas, específicamente, con homicidios contra la población LGBTI”.