Congreso no tiene la legitimidad para avalar el nuevo acuerdo de paz: Alejandro Ordóñez

El exprocurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró que el Congreso de la República no cuenta con la legitimidad para avalar el nuevo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc el pasado sábado. Para uno de los principales promotores de la campaña por el NO en el plebiscito es que los “aspectos esenciales” que motivaron a la mayoría de los colombianos a rechazar los acuerdos “siguen vigentes”.

“Esto no es un nuevo acuerdo, esto es el mismo acuerdo maquillado”, precisó Ordóñez Maldonado al manifestar que los puntos de justicia, modificación de la Constitución, entrega de niños reclutados liberación de secuestros y de la gobernabilidad siguen iguales al firmado el pasado 26 de septiembre y que fue rechazado en el plebiscito celebrado el 2 de octubre.

En su opinión personal las declaraciones hechas por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle desconocen la “voluntad de los colombianos” puesto que se le está dando la facultad al Congreso de la República para que implemente el que ha sido bautizado como el nuevo acuerdo.

“El 90 por ciento de los congresistas fueron derrotados el 2 de octubre. El Gobierno que se ha comprometido a que fuera el pueblo el que tuviera la última palabra le está negando ese compromiso, no honra su palabra y le entrega la responsabilidad el Congreso”, precisó el exprocurador General.

Igualmente consideró que el Gobierno incumplió su promesa para reunirse con los promotores del NO antes de la firma del documento final. “Fue una nueva encerrona y una nueva usurpación que hace el Gobierno a los compromisos adquiridos. Las críticas se mantienen en los aspectos sustanciales”.

Considera que se debe rechazar el punto que obliga a los próximos tres gobiernos a cumplir a cabalidad el acuerdo firmado. “Eso es conferirle competencias constituyentes a la mesa de La Habana, puesto que se pretende modificar un artículo transitorio para obligar a  todas las autoridades del Estado. Queda la voluntad del primer acuerdo intacta puesto que termina ingresando al ordenamiento constitucional”.

Finalmente considera que se debe convocar a un plebiscito o a un referendo para que los acuerdos tengan validez. “Los cabildos no tienen la potestad constitucional para hacer un procedimiento refrendatorio”, hecho por el cual rechazó la opción que se ha presentado en los últimos días.