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La Sección Tercera del Consejo de Estado aceptó para su estudio una demanda radicada contra la Nación por el secuestro y posterior asesinato de 11 diputados del Valle del Cauca ejecutado por la guerrilla de las Farc.
El alto tribunal iniciará en los próximos días la recolección de los elementos materiales probatorios con el fin de determinar si accede o no las pretensiones de la demanda contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Gobernación del Valle.
En la acción judicial se indica que pese a que la muerte de los 11 representantes políticos no fue ejecutada por los órganos del Estado se habría presentado una falla en la omisión de las funciones de protección y vigilancia.
Los diputados fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 en la sede de la Asamblea en el centro de Cali por un grupo de guerrilleros que entraron vestidos con uniformes del Ejército. En ese momento anunciaron la presencia de una bomba en la edificación hecho por el cual trasladaron a los diputados a un bus y los sacaron de la ciudad. En el recorrido les informaron que era un secuestro.
El 28 de junio de 2007 las Farc anunciaron que los 11 legisladores del Valle del Cauca, habían muerto diez días antes por el fuego cruzado con un grupo militar, que no identificó, durante un ataque a un campamento guerrillero. Sin embargo luego se determinó que habían sido acribillados a quemarropa y enterrados en una fosa común.
La acción judicial busca modificar el fallo emitido el 25 de septiembre del año pasado del Tribunal Contencioso Administrativo que revocó la sentencia que ordenaba pagar una indemnización a la Policía, el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle por la muerte de sus seres queridos.