El pasado miércoles 18 de junio seis defensores de derechos humanos de la Costa Atlántica fueron amenazados de muerte. Al correo electrónico de la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor (Afusodo), una organización que busca justicia en casos de falsos positivos en Atlántico, llegó un mensaje titulado “comunicado público N° 19”, firmado por el Frente de Inteligencia Urbana de Los Rastrojos, en el que esa organización armada ilegal asegura que “nuestro equipo ha determinado que las personas que son nombradas en este comunicado atentan contra nuestra organización y las hemos declarado objetivo militar por ser sapos y colaboradores de la guerrilla”.
Las amenazas se dirigieron contra Marta Díaz, presidenta de Afusodo; Yesenia Pérez Otero, secretaria técnica de la Mesa Departamental de Víctimas del Atlántico; y Leslie Orozco, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, todas integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). En el mensaje intimidatorio, enviado desde la direcciónrastrojosurbanos@hotmail.com, los criminales aseguraron que “si dentro de las 48 horas después de recibido este comunicado siguen en las mismas nos veremos en la penosa necesidad de silenciarlos por completo atentando contra su dignidad y familiares”.
Según Marta Díaz, las amenazas en su contra tendrían que ver con la petición que desde hace años le ha hecho a la justicia para que investigue y condene a los responsables por la comisión de falsos positivos en el departamento del Atlántico. Ese trabajo habría rendido sus primeros frutos el 14 de enero de 2010, cuando un juez condenó a los subtenientes del Ejército Yamit Díaz y Wilmer Acosta; el suboficial Orley Gutiérrez; y los soldados profesionales Wílmer Rafael Ramos, Jonathan Martínez, Pedro Manuel Contreras y Gilberto Carlos Rosado por la desaparición forzada y el homicidio del hijo de Marta, Douglas Alberto Tavera Díaz.
La tragedia de Marta comenzó el 28 de marzo de 2006 cuando su hijo Douglas, de 27 años, se encontraba jugando fútbol en una cancha de Barranquilla. Estando allí un presunto desmovilizado de las autodefensas “lo invitó a trabajar cogiendo algodón en Valledupar”. Al día siguiente, “mientras estábamos hablando alguien le colgó el teléfono y nunca más pude hablar con él”. Según ella, “lo busqué en los hospitales de Valledupar, en la calle, por todas partes, hasta que un día hice un cotejo de huellas. Al mes me enteré de que mi hijo había sido reportado como guerrillero del frente 59 de las Farc muerto en combate, lo cual era imposible porque él salió de acá el 28 de marzo y el 2 de abril lo mataron”.
Desde entonces creó Afusodo y se dedicó a visibilizar el homicidio de Douglas y el de otros jóvenes, llegando a conocer 98 casos de presuntos falsos positivos. Pese a que desde 2013 Los Rastrojos le han enviado sucesivas amenazas, entre las que se cuenta “un simulacro de bomba”, ella asegura: “Yo no salgo del país, ni de Barranquilla. Yo tengo un trabajo aquí y no lo voy a dejar botado, seguimos en la búsqueda de la verdad”. Por ahora, Marta cuenta con un esquema de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección compuesto por un carro blindado, un conductor y un escolta.
Así mismo, las amenazas contra Yesenia Pérez Otero y Leslie Orozco harían parte de los presuntos hostigamientos desplegados por las bandas criminales de Barranquilla contra la Mesa Departamental de Víctimas, una figura creada por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se estima que 12 integrantes de la Mesa han recibido amenazas compuestas por panfletos, correos electrónicos y mensajes de “gente que pasa por la calle” en los que se los conmina a irse de la ciudad. Según Camilo Villa, abogado del Movice, “los sectores que están vinculados a los falsos positivos son los más interesados en amenazar y hostigar a las madres de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que tiene un carácter político teniendo en cuenta que ellas se han vinculado al movimiento de víctimas”.
Para el caso de Sucre, tres integrantes del Movice fueron amenazados el 18 de junio. Ese día, al celular de Gerlin Jaraba Vergara, miembro de esa organización, llegaron dos mensajes de texto en los que se leía “muerte a los del Movice ahora, sapo de Juan David (Díaz) guerrillero” y “guerrillero‘hijo puta sapo’ ahora andas con los sapos del Movice Andrés (Narváez) y Juan David (Díaz) vamos a matar a dos pájaros de un tiro”. Cabe recordar que Juan David Díaz es el hijo de Eudaldo Díaz, el alcalde del municipio El Roble (Sucre) asesinado por paramilitares en 2003, crimen por el cual han sido condenados el exgobernador de Sucre Salvador Arana; la exdirectora de la cárcel La Vega, de Sincelejo, Diana Luz Martínez Pérez; y los paramilitares Emiro José Correa y José Tomás Torres.
Desde hace varios meses miembros del Movice en Sucre han sido víctimas de amenazas y atentados, siendo el más reciente de ellos el intento de homicidio perpetrado el pasado 12 de junio contra Andrés Narváez, quien hace parte de los reclamantes de tierras de la finca La Europa, ubicada en el municipio de Ovejas, compuesta aproximadamente por 1.300 hectáreas. Por este hecho se encuentra detenido Héctor San Martín, acusado por la Fiscalía de cometer el atentado. El crimen fue rechazado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado publicado este lunes.
Las autoridades investigan estas amenazas contra los defensores de derechos humanos, mientras que la Unidad Nacional de Protección ha adoptado medidas especiales para salvaguardar la vida de estas personas.
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