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Este lunes, la contralora Sandra Morelli se excusó por no asistir al interrogatorio de la Fiscalía, que adelanta cerca de 10 investigaciones en su contra, entre ella la del polémico arriendo de la nueva sede de la Contraloría que asciende a los $76 mil millones.
Fuentes de la Contraloría señalaron que la funcionaria no asistió a la diligencia judicial debido a que la citación llegó el pasado viernes en la tarde, justo cuando Morelli ya había adquirido otros compromisos.
A pesar de que el vicefiscal Jorge Perdomo no ha recibido notificación firmada por Morelli o por su abogado excusando su ausencia, fuentes de la Contraloría señalaron que la funcionaria no encuentra garantías dentro del proceso que se adelanta en el marco de la investigación por las supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la nueva sede del ente de control.
Fuentes extraoficiales señalaron además que desde el organismo de control radicará un documento para dejar por escrito que la falta de garantías es la principal causa para soportar su inasistencia a la cita judicial.
Por el momento, en el despacho del vicefiscal Perdomo esperan dicho documento para fijar nueva fecha y reiterarle a Morelli la obligación jurídica que tiene con la Fiscalía y la justicia de asistir a las diligencias programadas en las investigaciones que como esta, la tienen como protagonista.
En julio de 2012, el Estado empezó a desembolsar $2.515 millones para pagar mensualmente el arriendo de la nueva sede a la que se trasladó la Contraloría, en la avenida La Esperanza con carrera 60 en Bogotá. La mudanza que, de acuerdo con el último informe de la Auditoría tuvo irregularidades por cerca de $76.000 millones fue un proyecto en el que la contralora Sandra Morelli se empecinó desde 2011. A partir de entonces, Morelli sostuvo que las instalaciones antiguas, ubicadas en el centro de la ciudad, no ofrecían las condiciones necesarias para trabajar. Dos edificios que eran propiedad de la Contraloría se desocuparon para trasladar su planta a uno nuevo, pero en arriendo.
Según el estudio, cuando la Contraloría decidió trasladarse a la nueva sede de Gran Estación se presentaron siete irregularidades fiscales. (Vea: Los $76 mil millones que enredan a la contralora Morelli)