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La Corte Constitucional ordenó la suspensión inmediata de las labores de explotación petrolera en el municipio de Orito (Putumayo) al considerar que no existió consulta previa con las comunidades indígenas de la región, y que las acciones allí adelantadas van en contravía de la protección al medio ambiente.
El alto tribunal, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, el proyecto petrolero está afectando la calidad de vida de la comunidad indígena Awá, que habita la zona. Hecho por el cual le dio la orden inmediata a Ecopetrol y Petrominerales de parar dicha explotación de pozos.
Las falencias encontradas, indica la sentencia, están afectando las fuentes hídricas de la comunidad dañando la calidad de vida de los pobladores: “Arrojo de desechos contaminantes y de insumos utilizados, disposición inadecuada de lodos tóxicos, quema indiscriminada de gas, alteración de fuentes de agua”.
Esto, según la Corte Constitucional ha llevado a una disminución en la fauna silvestre, una reducción de la fauna acuática y la desaparición de especies vegetales originarias. Para el magistrado ponente, se debe velar por la protección de la comunidad y no el interés económico del proyecto en cuestión.
“En las imágenes arrimadas al proceso de tutela se observa como la cuenca de esta fuente fluvial está siendo contaminada de manera indiscriminada, sin que Ecopetrol o Petrominerales Ltda., explicaran qué acciones inmediatas han adoptado al respecto”, precisa uno de los apartes de la sentencia.
El fallo le da un plazo de dos meses a los representantes del Gobierno, para que se reuna con las comunidades indígenas quienes tendrán voz y voto en el debate sobre la explotación de pozos petroleros en la cuenca del río Orito.
Para la Corte Constitucional al ser ignorados en la planeación del proyecto se fue en contravía del ordenamiento constitucional que establece el derecho de participación de la comunidad.
El Ministerio del Interior deberá iniciar el proceso de consulta con la comunidad que se encuentra en la vereda ‘El Naranjito’ en relación con las actividades de reactivación, perforación, extracción y explotación de los pozos O-196 y O-197, Locación O-70, ubicados en Orito".
Además se le ordena a la Defensoría del Pueblo y la Corporación para el Desarrollo del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia) participe y garantice el proceso de consulta previa que se debe hacer para no seguir vulnerando los derechos de esta comunidad y proteger el medio ambiente.