En una ponencia de 251 páginas el magistrado Alberto Rojas Ríos solicita que se declare inconstitucional el artículo 3 del acto legislativo 01 de 2012, más conocido como el Marco Jurídico para la Paz que le pone freno a la participación en política y al acceso de cargos de elección popular a los miembros de grupos armados ilegales que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
La base del documento hace referencia a los artículos de la Constitución Política de Colombia en los cuales se reconoce a los interlocutores políticos validos “a antiguos sectores del conflicto” con el fin de “restablecer y consolidar la democracia de una sociedad”. En este punto se indica que se le deben abrir las puertas de esta participación a los miembros de estos grupos, sin importar su nombre o corriente, así como agentes de Estado que hayan incurrido en las conductas anteriormente mencionadas.
Ante esto se aclara, en la ponencia revelada por Semana.com, que la Carta Magna “no puede excluir de plano y de manera definitiva la participación en democracia de los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte del conflicto armado interno, ni de los agentes del Estado”. Sin embargo en la ponencia que será estudiada en la Sala Plena del próximo miércoles se indica que es menester establecer ciertas condiciones para abrir esta puerta.
Entre estos se encuentran la firma de una serie de compromisos por parte de los miembros de los grupos armados ilegales entre los que se encuentran la dejación de armas, la contribución a la verdad, la liberación de los secuestrados, el reintegro de los menores de edad reclutados a la sociedad y el reconocimiento de responsabilidades.
Igualmente tendrán que someterse a una pena alternativa antes de reintegrarse a la vida política y cobijarse a los beneficios establecidos en el Marco Jurídico para la Paz. Otro de los puntos centrales de este caso es el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas. Aquí se centran los pilares de verdad, justicia y reparación para las mismas.
Además se exhorta al Congreso de la República de regular con una ley estatutaria la posibilidad de la participación en política de los miembros de estos grupos armados ilegales que han protagonizado el conflicto armado en Colombia que ya cumple 50 años.